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Una testigo y un imputado denunciaron apremios ilegítimos de un fiscal y carabineros

Defensoría Regional de Los Lagos presentó dos recursos de amparo en este caso

En primer plano, el denunciante Milton Hernández y su mujer. Al fondo a la izquierda, el defensor público Jonathan Ramírez.

Fiscal adjunto Sergio Coronado fue separado de la investigación, tras ser denunciado por presuntas amenazas, detenciones ilegales y malos tratos en contra de un imputado y una testigo en Puerto Montt.

En primer plano, el denunciante Milton Hernández y su mujer. Al fondo a la izquierda, el defensor público Jonathan Ramírez.

Luego de que la Defensoría Regional de Los Lagos presentara dos de los tres recursos de amparo interpuestos a favor de una testigo y un imputado que denunciaron haber sido detenidos ilegalmente, maltratados y amenazados por Carabineros y por el fiscal adjunto de Puerto Montt Sergio Coronado, el Ministerio Público comunicó que este último no seguiría a cargo de una investigación por presunta desgracia, llevada a cabo desde la desaparición de Mariela Barra (43).

Esta determinación fue tomada luego de que el supuesto imputado de la causa, Milton Hernández, y una testigo, Lilian Levipichún, recurrieran a la Defensoría Penal Pública para denunciar abusos sin precedentes que -según su relato- habrían sido cometidos por el persecutor a cargo del caso.

Hernández llegó el pasado 17 de abril a las oficinas de la Defensoría Regional a pedir ayuda, después de que funcionarios de Carabineros lo detuvieran a las 17 horas del domingo 15 y lo soltaran aproximadamente a las 18 horas del lunes siguiente.

Según el denunciante, durante esas 25 horas los policías y el fiscal Sergio Coronado lo habrían golpeado y presionado para que confesara que él había matado a Mariela Barra Díaz, una mujer que desapareció el 23 de julio de 2011 desde el sector La Vara de Puerto Montt.

“Me fueron a buscar en una camioneta. Yo estaba jugando fútbol en la cancha y me dijeron que eran carabineros (estaban de civil) y que debía acompañarlos para dar una declaración cortita por la señora que había desaparecido, no más de una hora. ‘Te llevamos, declaras y te venimos a dejar para que juegues’, me dijeron”.

INTERROGATORIO Y GOLPES
Según su denuncia, desde ese momento Milton -quien se dedica a sacar leña del campo para luego venderla en su carretón- fue trasladado hasta la Fiscalía Local de Puerto Montt, ubicada en el centro de la ciudad, a unos 10 kilómetros de su casa. Allí fue interrogado por los funcionarios policiales y por el fiscal.

“Todos insistían en que les diga dónde había enterrado a la señora. Y yo qué les iba a decir, sólo les decía que no sabía dónde estaba, que yo no la había matado. Cuando les decía esto se enojaban y me pegaban. Me pegaron en el pecho y en las piernas. Me pegó el fiscal y los carabineros. Ellos querían que me echara la culpa. Me leían declaraciones en las que decían que yo había tenido relaciones con la señora y que ella había muerto, pero yo insistía que no había hecho nada”.

Siguiendo con el relato, mientras Milton Hernández permanecía detenido fue llevado a recorrer los lugares en los que presuntamente se encontraba el cuerpo de la mujer, sin que la búsqueda haya logrado resultados positivos.

Mientras tanto, la familia de Milton Hernández -encabezada por su madre, Liliana Vargas- lo buscó por todas las comisarías de la ciudad y en la mañana del lunes llegaron incluso hasta la Fiscalía local de Puerto Montt, donde -según dijo- un funcionario les negó que el joven se encontrara allí.

ADVERTENCIA A LA FAMILIA
Liliana Vargas explicó que, mientras consultaban por Hernández en la Fiscalía lo vieron bajar de la camioneta “esposado, mojado y acompañado por policías”, quienes lo ingresaron a las dependencias del Ministerio Público.

Allí, según el relato de la mujer, el fiscal Coronado le dijo que su hijo estaba en problemas, ya que había confesado ser el autor de la desaparición de Mariela Barra, por lo que era mejor que fuera a buscarle ropa, porque él no saldría en largo tiempo.

Desesperada, la mujer optó por quedarse en la Fiscalía y advirtió que no se movería de ahí hasta que soltaran a su hijo, lo que finalmente ocurrió cerca de las 18 horas. Al día siguiente, la mañana del 17 de abril, Milton y su madre fueron hasta el Hospital Base de Puerto Montt, lugar donde se le constataron lesiones leves en el tórax y en la pierna izquierda.

Con el certificado médico en mano concurrieron entonces al cuartel de la Policía de Investigaciones y estamparon una denuncia (que consta en el parte N° 210 de la Brigada de Homicidios) en contra del fiscal Sergio Coronado y de los funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros. Días más tarde el Ministerio Público anunció que esta denuncia sería investigada por el propio Fiscal Regional, Marcos Emilfork (RUC 1200413328-3).

PRIMER AMPARO
Tras acudir a  la Defensoría Penal Pública, Milton Hernández presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuyo objetivo era que él no sufriera nuevamente detenciones ilegales ni apremios ilegítimos.

En el escrito (número 4-2012), ingresado el jueves 19 de abril a la Corte de Apelaciones, se describen detalladamente los apremios de los que Milton Hernández dijo ser víctima. Según ese relato, después de abordarlo en la cancha de fútbol los policías lo trasladaron hasta las oficinas del Ministerio Público, donde habrían cometido distintos tipos de abusos en su contra.

“El fiscal dispuso que me pusieran esposas en las manos a fin de inmovilizarme (…) insistía en que yo era culpable (…) como yo negaba el hecho comenzó a golpearme en el pecho y en otras partes del cuerpo y a decirme ‘ya huevón, habla y te bajo los años de 20 a 5 o salís firmando y te vai altiro para la casa’. Luego, casi gritándome, me decía ‘no sabís con quien estai hablando’ y agregaba que tenía que firmar una declaración que ya estaba escrita y donde yo aparecía reconociendo que había abusado sexualmente y matado a Mariela Barra, a quien después había tirado a un pozo. Y como yo me negué, nuevamente el fiscal ordenó que me esposaran y me trasladaran hasta el sector de La Vara y nuevamente se repitió el mismo interrogatorio y amenazas a través de las cuales me obligaban a echarme la culpa de lo sucedido”, relata en el amparo.

CON CARABINEROS
Al día siguiente de la presentación del amparo, el 20 de abril, Hernández se presentó nuevamente en las oficinas de la Defensoría Penal Pública en Puerto Montt. Acompañado por su madre y por su esposa dijo requerir un abogado defensor, debido a que andaba con carabineros que lo habían ido a buscar a su casa (y que lo esperaban en una camioneta estacionada fuera de la DPP) para interrogarlo.

“Un carabinero me dijo que pasara a avisarle a mi abogado defensor que me acompañe para que me interroguen”, le dijo Milton al abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría, Germán Echeverría, quien le explicó que si lo prefería, tenía derecho a guardar silencio. Ante una solicitud de Hernández, el defensor público accedió a explicarle la situación a uno de los carabineros que lo acompañaba, quien se identificó como el cabo Pérez.

Éste le dijo al abogado que entendía sus razones y que no se llevaría a cabo la diligencia. Una vez terminada la conversación salió de la Defensoría con Milton, a quien le ofreció ir a dejarlo a su casa  junto a su familia. Pero pasadas las 13 horas, la madre de Milton llamó a la  Defensoría para pedir ayuda, diciendo que su hijo había sido llevado al cuartel del OS-9 de Puerto Montt, donde había sido interrogado desde las 10 de la mañana en adelante por los policías, quienes también hicieron diligencias con la esposa de Milton.

SEGUNDO AMPARO
Ante esta situación, el abogado José Miguel Devilat llegó al cuartel policial y solicitó que su defendido y familiares salieran en libertad. Los hechos generaron que al día siguiente, sábado 21 de abril, German Echeverría  presentara otro recurso de amparo a favor de Milton Hernández y su familia ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el que dejó en claro que los hechos del 15 y 16 de abril no habían sido aislados y que la libertad de Milton Hernández y su familia se estaban viendo amenazadas por agentes del Estado.

Según ese amparo (número 5-2012), Echeverría expuso que “momentos después que el cabo Pérez y el testigo Hernández se retiran de mi oficina, suena mi teléfono celular. Al otro lado del auricular, el fiscal Coronado Rocha me dice  que sabe que el testigo Milton Hernández Vargas se encuentra en la Defensoría. Me dice que ya habló con el defensor Devilat y que no realizará diligencias con el testigo Hernández hasta que el defensor estudie la carpeta de investigación fiscal”.

El texto del recurso agrega que según el mismo fiscal, “como se trata de gente de escasos recursos, los policías irán a dejar al testigo a su casa y que no nos preocupemos. Me quedo tranquilo después de conversar con el fiscal, pero a las 13.15 horas recibo un llamado telefónico de la madre de Milton Hernández, quien me dice que su hijo permanece detenido en dependencias de Carabineros y que a su cónyuge ya la interrogaron.

Según las palabras de Echeverría, el defensor José Miguel Devilat “me indica que de acuerdo a la información que maneja, el testigo Hernández una vez que se retiró en la mañana de ayer de las oficinas de la Defensoría fue trasladado, detenido y encerrado por carabineros en dependencias de una unidad de la policía uniformada, donde dice haber sido sometido a presiones y apremios sicológicos ilegítimos para que confesara el lugar donde había enterrado el cuerpo de la mujer que se encuentra desaparecida”.

DEFENSOR REGIONAL
El segundo amparo a favor de Milton Hernández y su familia (5-2012) fue presentado por el abogado Germán Echeverría y alegado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el Defensor Regional de Los Lagos, Francisco Geisse, quien en su alocución criticó los métodos de investigación utilizados por el Ministerio Público y las policías.

“Nos encontramos ante un método de investigación incompatible con las garantías fundamentales. Se realizan actuaciones en el marco de una investigación desformalizada e incluso se solicita autorización judicial para ingresar y allanar las moradas de personas que son sospechosas para el fiscal y la policía. Se les niegan los derechos que les caben como imputados y la calidad de tales. Todo esto, al parecer para facilitar la labor de investigación, pero olvidando las garantías que establece el procedimiento penal precisamente para evitar abusos, afectaciones ilegales de la libertad y para permitir el ejercicio del derecho a defensa”, explicó Geisse en su alegato.

Este recurso, al igual que el anterior, no fue acogido por la Corte de Apelaciones, por lo que la Defensoría decidió apelar ante la Corte Suprema.

CAUTELA DE GARANTÍAS
Ante todos estos antecedentes, que dejaban en claro que Hernández no era sólo un testigo para la Fiscalía, sino que era el principal sospechoso del crimen, la Defensoría solicitó que se llevara a cabo una audiencia de cautela de garantías para solicitarle al fiscal que si poseía antecedentes para formalizar una investigación contra el joven los presentara a la brevedad.

La intención del defensor público a cargo de la audiencia -el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, Jonathan Ramírez- era poder ejercer el derecho a defensa de Hernández como imputado. Durante esa diligencia, realizada el 25 de abril, el fiscal Sergio Coronado reconoció que Hernández no era un testigo más, sino que era el imputado y que -negando sus dichos anteriores- había dado sus declaraciones en esa calidad.

El problema era que aún no estaba claro qué delito se le imputaba al joven, debido a que Mariela Barra aún no ha sido encontrada y la investigación sigue catalogada como presunta desgracia. Finalmente la jueza de Garantía de Puerto Montt, Mónica Sierpe, accedió a la solicitud de la defensa y fijó a la Fiscalía un plazo de 30 días para formalizar la investigación.

En su resolución, la magistrada explicó que “no cabe duda que se ven afectados sus derechos (del imputado), toda vez que es citado en innumerables oportunidades a prestar declaración y se le ha mantenido durante varias horas en algún tipo de recinto fiscal o policial”.

RECHAZO DE LA CORTE
Días después los ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, pese a rechazar el amparo presentado por Hernández (número 4-2012), constataron en su resolución que efectivamente existieron abusos en su contra. “Se advierte de los informes (entregados por el fiscal Coronado y por Carabineros) de los recurridos, ciertas inconsistencias y ambigüedades cronológicas, que llevan a considerar que la diligencia fue verificada al menos en términos cuestionables”, dice la resolución.

Según el mismo fallo, “no se explica que el amparado haya sido conducido a dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt, cuando es encontrado por Carabineros y el fiscal adjunto bebiendo en la vía pública para luego, sólo una vez en las dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt, percatarse el fiscal adjunto que el señor Hernández no se encontraba en condiciones de declarar por su estado etílico”.

Agrega que “a raíz de ello habría permanecido hasta cerca de la una de la madrugada del día siguiente, durmiendo en la oficina del fiscal para ser interrogado posteriormente sobre las contradicciones de sus anteriores declaraciones prestadas en calidad de testigo, de lo cual no se dejó constancia por escrito sino hasta 10 horas más tarde, luego de verificar la versión que habría entregado, sin resultados positivos”.

Los jueces consideraron que ya agotada la situación denunciada en el escrito y sin que existiera medida alguna que pudieran tomar para restituir los derechos del amparado, “el presente recurso habrá de ser desestimado”.

TESTIGO DENUNCIA AMENAZAS
Sin embargo, el 2 de mayo surgió una nueva denuncia contra la forma de actuar del fiscal Coronado. La testigo Lilian Levipichún llegó hasta la Defensoría en Puerto Montt, donde fue entrevistada por el jefe de Estudios, Jonathan Ramírez. La testigo explicó que el fiscal y carabineros de la SIP la interrogaron por más de siete horas, amenazándola con causarle daño ella y sus hijas (de 9 y 11 años), para que modificara una declaración anterior, dada ante Investigaciones, con el fin de acusar a Hernández.

En su relato ante la policía civil, la testigo dijo que vio a Milton Hernández andando en su carretón junto a un niño (lo cual coincide con el relato del propio imputado, quien dice que el día de la desaparición de Mariela Barra andaba con su hija). Según Lilian Levipichún, los carabineros pretendían que dijera que no era un niño, sino que un adulto y que ese adulto coincidía en características físicas con otro sospechoso de la causa.

En su testimonio, que fue la base para el recurso de amparo número 8-2012, presentado por el Jonathan Ramírez ante la Corte de Apelaciones Levipichún explicó: “El fiscal me dijo ‘te lo voy a decir una sola vez, me dices la verdad inmediatamente (…) o si no ¿sabes qué te voy a hacer? yo levanto el teléfono y llamo para que te vengan a meter presa. Arriba me voy a encargar que te pasen a los hombres. Así, ¿y sabes que voy a hacer con tus cabras chicas? Las voy a mandar a un hogar de Sename y yo mismo me voy a encargar que tus cabras chicas pasen a un hogar de Sename de hombres ¿Sabes para qué? Para que te las violen, te las torturen, una y otra vez”.

Según la testigo, mientras esto sucedía escuchó que sus hijas ingresaron a las mismas dependencias de la Fiscalía donde ella se encontraba. Las menores se habían quedado en su casa, pero -según ella- dos carabineros las fueron a buscar y mediante engaños las llevaron hasta el lugar del interrogatorio.

Esto la intimidó e hizo que aceptara firmar su declaración sin leer qué decía. Como era de suponer, en la carpeta de investigación fiscal consta una declaración de ella retractándose de lo que dijo previamente en la PDI y firmando otra en la que contradice a Milton Hernández, con lo cual apareció fortaleciendo la hipótesis fiscal de que el joven era el principal sospechoso de haber causado la desaparición de Mariela Hernández.
Finalmente este amparo (8-2012) no fue acogido por la Corte de Apelaciones.

FALLO CORTE SUPREMA
El pasado 10 de mayo, la Corte Suprema dio a conocer su resolución frente a la apelación de la Defensoría Regional de Los Lagos ante el rechazo de los amparos presentados tanto por Milton Hernández (4-2012) como por Germán Echeverría (5-2012).

En su fallo, los ministros de la Segunda Sala Penal -Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Carlos Cerda- reafirmaron lo resuelto por la Corte   puertomontina, pero no porque no hayan existido estos apremios, sino porque existía una causa penal por estos hechos, investigada por el Ministerio Público, la cual debiera ser suficiente para garantizar los derechos del amparado.

“Que la existencia de una investigación penal sobre los mismos hechos que han sido materia del presente recurso de amparo, a cargo del Ministerio Público, constituye también una garantía para el imputado y actual recurrente de amparo sobre el correcto ejercicio de sus derechos judiciales y garantías constitucionales en el proceso en que ha sido requerido. Se confirma la sentencia apelada”.

Con todos estos antecedentes presentados y tras la decisión de separar de la investigación al fiscal Sergio Coronado, sólo queda ver qué resolverá el Ministerio Público en la investigación penal contra uno de sus fiscales y funcionarios de carabineros, los cuales podrían enfrentar cargos por delitos como apremios ilegítimos, lesiones, amenazas u otros.

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