Protestas por muerte de inmigrante haitiano a manos de Carabineros en La Ligua el 31/08

Tenemos el deber de denunciar el aumento de la violencia racista hacia la población migrante haitiana.

Este martes  31 de agosto efectivos de la Primera Comisaría de La Ligua fueron autores de la muerte de un ciudadano haitiano en el sector de El Peumo, comuna de La Ligua. El hecho reconocido por la institución minutos más tarde. La Brigada de Homicidios de Los Andes informó, preliminarmente, que se abrió un procedimiento policial.

Denunciamos que hechos de este tipo no son mas que consecuencia de los discursos y posiciones antimigrantes y de la práctica del abandono institucional, expresado en obstáculos hasta en los más mínimos tramites regulares que los dejan en la indefensión sistémica.

“No tienen derechos por que son ilegales”, dice erróneamente el gobierno y los criminaliza.  El resultado es claro: la violencia racista se da como objetivo una comunidad, la haitiana, constantemente agredida. Con el tiempo y la persistencia de los discursos de odio se ha llegado a matar y matar, sea que lo hacen  los carabineros o un ladrón para llevarse un celular.

La vida  de un migrante no vale nada bajo esa circunstancia.  Estamos asistiendo a una descomposición social producto de los discursos de odio racistas institucionales prolongados desde 2018. Intensificados este ultimo año con expulsiones masivas colectivas o con tener miles de niños migrantes irregulares.

Hemos llegado al dilema trágico de que sino se expulsa y se mete preso a los Carabineros que matan a los negros porque lo son, vamos enfrentar una situación bastante incontrolable a futuro. Para evitar esto, deben cesar ahora los discursos de odio y racistas sean de autoridades de gobierno nacional y local, de instancias legislativas y judiciales o de personas de la sociedad civil.

Juicio y castigo a los asesinatos racistas

Comisión Ética Contra la Tortura

30/09 Actividad en homenaje a Detenidas y Detenidos Desaparecidos y el inicio de la Campaña “De 30 a 30” un mes contra el racismo

Invitación acto

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las personas Detenidas Desaparecidas, fecha que además coincide con la detención en 2017 de Joane Florvil, joven madre haitiana, injustamente acusada y torturada, muriendo un mes después, en manos del Estado de Chile. Joane Florvil es el rostro de la campaña contra el racismo, “De 30 a 30”, que surge producto de la articulación de diversas organizaciones migrantes y defensoras de los derechos humanos, convocando durante un mes a múltiples manifestaciones.

El lunes 30 de agosto, en el frontis de Londres 38, espacio de memorias, se realizará a las 17:30 horas, el acto político cultural “Migramos para florecer, luchamos para no desaparecer”, en conmemoración de lasy los detenidos desaparecidos en Chile, y para dar inicio a la campaña contra el racismo “De 30 a 30”. Música, lectura de reseñas y otras expresiones culturales, serán parte de esta jornada.

De esta manera se busca visibilizar la deuda histórica de verdad y justicia que tenemos como sociedad, con las más de mil personas sobre las que se desconoce su destino final producto de los pactos de silencio aún vigentes y la complicidad de la institucionalidad a cargo de la investigación de estos crímenes.

Esta fecha además coincide con otro crimen que permanece impune: el 30 de agosto de 2017, fue detenida Joane Florvil, joven madre de origen haitiano, a quien le fue arrebatada su hija lactante, permaneciendo en dependencias de Carabineros, donde en circunstancias no aclaradas resultó con graves contusiones, falleciendo un mes después.

.Campaña De 30 al 30. Un mes contra el Racismo

30 de Septiembre: Día Contra el Racismo

El racismo es un sistema de dominación totalitario y un hecho social que contiene a una ideología que postula la desigualdad entre los seres humanos para provocar explotación; justificar castigos; ejercer persecuciones a comunidades específicas y racializar a mujeres, hombres y niños. Está anclado en la historia de las naciones, se estructura en la economía y la política y se manifiesta en leyes, reglamentos y decretos hasta hacerse visible en los encuentros cotidianos.

Joan Florvil

¿Qué es de 30 al 30?

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Organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el grave cuestionamiento que vive el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

DECLARACIÓN PÚBLICA.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil queremos expresar nuestra preocupación por el grave cuestionamiento que vive el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que la ocupación de su sede en Santiago no viene más que ratificar

Hacemos nuestro el petitorio de las organizaciones que participan de la ocupación y de aquellas que las respaldan y que en lo esencial demandan el reconocimiento por parte del INDH, de su consejo y del director, Sergio Micco, de la existencia de la prisión política en Chile y de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas desde el 18 de octubre de 2019 hasta hoy.

Crímenes de lesa humanidad e injusticias en el contexto de la revuelta social, que han dejado a cientos de jóvenes encarcelados en prisión preventiva, más de 400 víctimas de daño ocular, miles de heridos y heridas en protestas y en el que más de 40 personas han perdido la vida, muchas de ellas, asesinadas por agentes del Estado.

Consideramos que actualmente el INDH no responde a las expectativas y exigencias que la defensa de los Derechos Humanos impone a un organismo autónomo e independiente capaz de acoger y representar a quienes han sufrido la violación de derechos elementales.

Las ambigüedades, los silencios, las omisiones, la modificación de criterios de cuantificación de víctimas, son, entre otros factores, lo que hacen manifiesta la crisis de la institución. El posicionamiento débil ante el Estado, lamentablemente, opera como cómplice de los crímenes de ese Estado y sus agentes.

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Exposición de la CECT ante la Comisión de derechos humanos, verdad histórica, bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición de la Convención Constitucional

A CONTINUACIÓN SE PUBLICA UNA SÍNTESIS DE LA EXPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, VERDAD HISTÓRICA, BASES PARA LA JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DEL JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021 EN EL EXCONGRESO NACIONAL

CONVENCIONALES:

La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) es una organización de derechos humanos de la sociedad civil chilena[1]. Desde el año de su fundación el 2001 luchó por la creación de una comisión de verdad y reparación de la tortura y la prisión política en dictadura, lo que culminó en la Comisión Valech. Paralelamente y con posterioridad al año 2005 ha desarrollado un trabajo de promoción de la prevención de la tortura en democracia, como también de denuncia activa de la represión y criminalización de la protesta social, especialmente la del pueblo mapuche, de los estudiantes de las poblaciones de las zonas de sacrificio de los ciudadanos protagonistas del estallido social de octubre de 2019 el cual abrió el nuevo período constituyente del cual hoy somos tributarios y actores.

Un resumen de nuestra palabra en esta Convención Constitucional, que reconocemos y saludamos como un grado muy alto de soberanía alcanzado por nuestro pueblo, es el siguiente:

1.- Para la CECT existen consensos generales en materia de universalidad y de un catálogo de derechos humanos hoy en Chile. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos liga una arquitectura de derechos universales inherentes a la dignidad intrínseca y determinada de la condición humana.

2.-Aspiramos entonces a que los derechos humanos contenidos en esta Declaración Universal sean garantizados y asegurados en la nueva Constitución para todas las personas, sin distinción de etnia, clase social, sexo, credo religioso, militancia política o lugar de nacimiento, haciendo así del principio de universalidad una expresión práctica para consagrarlos. Los principios rectores del derecho humanitario internacional, así como toda la normativa de protección de los derechos humanos, también deben verse reflejados en la Carta Fundamental futura y, por tanto, en una nueva definición del Estado y de su carácter.

3.-Por lo tanto se deben incorporar a la nueva Constitución los tratados internacionales ratificados en la materia, posicionándose con rango y jerarquía constitucional, subordinando de forma categórica al derecho constitucional y sus posibles interpretaciones al desarrollo y vigencia internacional de los derechos humanos. Es decir, ninguna norma legal interna deberá estar por sobre los consensos que como especie humana hemos alcanzado en la materia. Porque, a qué otra actividad debiera dedicarse el Estado, si no es a satisfacer y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

4.- Es necesario que en el preámbulo de esta nueva Constitución se explicite el consenso de término y repudio absoluto al marco jurídico heredado por la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet, que ha posibilitado que nuevamente se violen los derechos humanos en nuestro país, de forma sistemática y generalizada; y que en su parte dogmática ponga el centro del quehacer y de todas sus instituciones a los derechos humanos. Esto significará la mejor garantía de que los derechos humanos sean el objetivo principal de toda la actividad política e institucional en nuestro país.

5.- La CECT reconoce el complejo cuadro actual para un nuevo Pacto Constitucional, que permita establecer normas que limiten la violencia histórica y actual del Estado contra su propia población. Esto pone a la orden del día la subordinación del poder militar al poder civil, así como una refundación de los organismo legales y legítimos de coacción. Hoy se constata que aún no existen medidas a la altura de las circunstancias que frenen y pongan término al arco de violencia institucional generalizada. Es más, el Estado y sus fuerzas de coerción sigue mortificando la legítima protesta y movilización social, generando más lesionados, más detenciones arbitrarias y víctimas de trauma ocular.

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Carta de la comunidad de derechos humanos de Chile a la Comisión de DDHH de la Convención Constitucional por presencia en su seno de ex edecán de Pinochet y activo negacionista

Sorpresas de la Convención: un cómplice activo, el ex almirante Jorge  Arancibia, a la Comisión de DD.HH. – Correo de los Trabajadores

Santiago, lunes 2 de agosto de 2021


Estimada Coordinadora Manuela Royo
Estimado Coordinador Roberto Celedón
Comisión de Derechos Humanos Convención Constitucional


Remite: Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares, y organizaciones firmantes


Distribución adicional: Casilla de ingreso de documentos Convención Constitucional


Las organizaciones de derechos humanos firmantes de esta carta felicitamos la conformación de la Comisión y su elección como coordinadores de esta importante instancia dentro de la Convención. Su trabajo es fundamental para sentar las bases de una constitución basada íntegramente en los principios e instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la verdad, la justicia, la reparación, la memoria, y las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.

Es por ello que expresamos nuestra honda preocupación y molestia ante la impresentable participación en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente de Jorge Arancibia, quien ha tenido una trayectoria contraria a la defensa de principios fundamentales como el derecho a la verdad y a las garantías de no repetición. Por lo que, no responde a estándares éticos mínimos que deberían cumplir quienes asuman el desafío de trabajar la temática de derechos humanos en la Convención. Juzgamos esta situación como especialmente insultante para sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y la repudiamos con todas nuestras fuerzas, mismas que sumamos a las voces de las organizaciones que ya manifestaran su repudio ante esta situación.

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MISIÓN S.O.S COLOMBIA: DELEGACIÓN CHILENA INTERPELA A UN PRONUNCIAMIENTO DEL ESTADO DE CHILE

ANTE CONVOCATORIA A SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE PARO EN COLOMBIA, LA DELEGACIÓN CHILENA DE LA MISIÓN S.O.S. COLOMBIA HACE UN LLAMADO AL ESTADO CHILENO A PRONUNCIARSE EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y POR UN ALTO A LA REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL.

La delegación chilena que participó de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia declara:

Que, nuestra visita se realizó entre el 3 y 12 de julio, junto a otros 40 comisionados de diferentes países.

En intensas jornadas de trabajo, escuchamos presentaciones sobre contextos nacionales y subregionales y denuncias de violaciones a los derechos humanos casos en 9 Departamentos de Colombia.

Recibimos información de primera mano de organizaciones locales y regionales, como comités de paro, grupos estudiantiles, colectivos de mujeres, y organizaciones de derechos humanos y sindicales. Las y los comisionados también entrevistamos a funcionarios públicos.

Constatamos que el paro, las protestas y las manifestaciones se han caracterizado por ser mayoritariamente pacíficas, masivas y multicolores, destacando en ellas la diversidad cultural identitaria de la ciudadanía colombiana, expresada a través de marchas, expresiones artísticas como murales, encuentros musicales callejeros, velatones y tomas de espacios públicos.

Como respuesta estatal, pudimos verificar que, en forma generalizada y sistemática, obedeciendo a patrones de conducta comunes en todo el territorio nacional, se recurrió al uso de la violencia desproporcionada contra toda expresión de protesta social y abuso de las medidas sanitarias y decretos de toque de queda para restringir la libertad de reunión y de circulación.

La violencia denunciada incluía desde asesinatos, desapariciones, mutilaciones, agresiones con elementos antidisturbios, seguimientos y hostigamientos a dirigentes sociales y manifestantes, persecuciones, retenciones ilegales, violencia física de las y los detenidos en las comisarías, agresiones sexuales en las calles, amenazas verbales, la infiltración en los espacios universitarios, la violencia basada en género dirigida a castigar e inhibir la participación de las mujeres, entre otros.

Que los responsables directos de los actos denunciados son las policías militarizadas, las fuerzas paramilitares y otros agentes del estado junto a civiles no identificados.

Documentamos aproximadamente 180 denuncias que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos asociadas a la protesta social.

Pudimos recoger las experiencias y percepciones de una amplia gama de la población, especialmente de los sectores más vulnerados por las múltiples violencias, tanto las específicas en el contexto de la respuesta estatal al paro nacional, como las violencias estructurales e históricas que han caracterizado a cada región y el país. Entre éstas, las desigualdades económicas, el hambre, la falta de oportunidades para los jóvenes, en su mayoría afrocolombianos.

El control político en cada región lo detentan unas pocas familias poderosas dueñas de la mayor parte del capital a través de bancos, empresas y negocios, quienes tienen la hegemonía en términos de influencia política y contribuyen con el trabajo precarizado a que se las desigualdades económicas se mantengan y profundicen.

Al tenor de lo observado, declaramos que Colombia atraviesa por una grave crisis humanitaria y requiere en forma urgente un pronunciamiento del Estado chileno, como parte de la comunidad internacional, condenando los hechos de violencia hacia el pueblo colombiano y llamando a garantizar el derecho a la protesta social.

Manifestamos nuestra preocupación por los nuevos hostigamientos, amenazas de inmovilización y empadronamiento de vehículos que van en Caravana desde diversos territorios de Colombia hacia la ciudad de Cali para participar en la Segunda Asamblea Nacional Popular que se encuentra convocada para los próximos días.

Exigimos al gobierno colombiano garantías efectivas que aseguren el derecho a protesta y de reunión.

Asimismo, requerimos en forma urgente del pronunciamiento del Estado chileno, en tanto garante del proceso de Paz firmado hace 5 años y como parte también de la comunidad internacional, para que exija al gobierno de Duque el alto a la represión y garantice al pueblo colombiano el derecho a la protesta social. Las autoridades chilenas, las instancias parlamentarias y constituyentes, los organismos internacionales defensores de los derechos humanos deben expresar su condena a las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia

MISIÓN CHILENA SOS COLOMBIA
Mariella Santana Machuca. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
Andrés Vera Quiroz. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
Karinna Fernández Neira, Forest Peoples Programme (UK)
Juanita Aguilera Jaramillo, Comisión Ética Contra la Tortura;
Matías Vallejos Gessell, Los Ojos Chile.

Parlamentarios británicos piden suspensión de apoyo a policía colombiana durante duro debate sobre Colombia

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Artistas premiados en el Festival de Cannes 2021 solidarizan con el derecho a la protesta social en Colombia

Londres, 16 de julio de 2021.

Ayer en el Parlamento británico se realizó un debate sobre Colombia donde diputados de varios partidos políticos llamaron a la Ministra con responsabilidad de las Américas a rendir cuentas por su relación con el gobierno colombiano.

Los diputados expresaron su rechazo por la actuación de la policía durante las recientes protestas, criticaron las declaraciones del gobierno colombiano, incluyendo la de la vicepresidenta esta semana ante la ONU, y pidieron una suspensión del Tratado de Libre Comercio y los programas de apoyo policial que tiene el gobierno británico con Colombia.

El debate fue convocado por la diputada del Partido Laborista Kate Osborne y contó con la participación de 13 diputados más además de la Ministra de gobierno del Partido Conservador, Wendy Morton, del Departamento de Asuntos Exteriores.

Osborne abrió el debate declarando que la situación de derechos humanos en Colombia estaba “fuera de control”. El Ministro en la Sombra con responsabilidad sobre Colombia para el Partido Laborista, Fabian Hamilton, la respaldó destacando que las protestas “fueron en gran parte pacíficas” pero que hubo “una violenta represión por parte de la policía colombiana”. El vocero para el Partido Nacional Escocés, Alyn Smith, opinó que “la respuesta del gobierno colombiano a las protestas debe ser rechazado.”

Osborne destacó particularmente los incidentes en Cali donde según dijo “civiles armados salieron a las calles para disparar contra los manifestantes.” Criticó la reacción del Presidente Duque, quien según la diputada británica dijo a los manifestantes “que se fuera a casa”, mientras “guardaba silencio sobre los aparentes paramilitares y la policía que operaban uno al lado del otro.”

Respondiendo a la intervención esta semana de la Vicepresidenta colombiana ante el Consejo de Seguridad, el diputado laborista Ian Lavery llamó a los demás parlamentarios de no quedar “callados en nuestra exigencia de justicia mientras el gobierno colombiano trata de desviar nuestra atención.”

Había amplia demanda de una revisión del programa de formación que recibe la Policía colombiana del Reino Unido, con el diputado Lavery concluyendo que se debería suspender “si va a unidades involucrados en la represión de la protesta pacífica”. Había llamados también de suspender el tratado comercial entre los países a través de la activación de la cláusula sobre derechos humanos – el diputado laborista Tony Lloyd, ex-Ministro en el gobierno de Tony Blair, dijo que “ya es hora” de “examinar la cláusula de derechos humanos” y que es el momento “de activarlo”.

Los diputados además reiteraron su compromiso con seguir apoyando el proceso de paz, respaldaron las recientes decisiones de la JEP, y felicitaron a los ex comandantes de las FARC por su compromiso con la justicia transicional.

Por su parte la Ministra del gobierno Wendy Morton enfatizó el continuo apoyo del gobierno británico para el proceso de paz y su expectativa de ver investigaciones en respuesta a las acusaciones de violaciones de la policía colombiana durante las protestas.

Según Hasan Dodwell, Director de la ONG británica-irlandesa Justice for Colombia: “Cada día hay más parlamentarios británicos alarmados por la constante violación de derechos humanos en Colombia”.

Para ver trino en Twitter (con subtítulos): https://twitter.com/JFColombia/status/1416077473507336196?s=20
Para ver el video del debate resumido (con subtítulos): https://youtu.be/LdbbzhzejUA
Para ver el video del debate completo (en inglés): https://youtu.be/ujW8d7N1Udo

Para más información o para entrevistas contactar a Hasan Dodwell por WhatsApp en +44 7859 934234

http://www.justiceforcolombia.org @JFColombia

Colombia Misión de Observación informe preliminar: Estado usa técnicas de combate contra la protesta social

Fuente: Resumen Latinoamericano 12 de julio de 2021

La Misión de Observación de Garantías para la protesta social en Colombia, encontró por lo menos 11 patrones de violaciones de Derechos Humanos y exterminio contra los manifestantes por parte de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles que actúan en connivencia con la policía y con el ejército en el marco del paro nacional, además hicieron 50 recomendaciones para el Estado Colombiano.

Según lo informado en una rueda de prensa este 12 de julio, estas conclusiones se dan luego de recibir por lo menos 70 informes de organizaciones sociales de derechos humanos locales y nacionales y también 180 denuncias de víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Según lo que expresaron hay un comportamiento de represión qué es grave sistemático y generalizado, ejercido por el gobierno nacional en cabeza del ministerio de defensa y por integrantes de la fuerza pública en casi todos los puntos en los que se han realizado protestas en el paro nacional.

Estrategia de represión de la fuerza pública es similar a la estrategia militar

Una de las denuncias más fuertes, a manera de conclusión que presenta esta Misión de Observación, es que la estrategia de represión utilizada en contra de las movilizaciones sociales es similar a la estrategia militar para combatir actores armados y se utilizan técnicas de combate para neutralizar y eliminar al mayor número de manifestantes posible.

Dentro de los actores causantes de estas violaciones a los Derechos Humanos encontraron en primer lugar, a la fuerza pública, al ESMAD, a las fuerzas militares e incluso al ministerio de defensa.

Fuerza pública, paramilitares y civiles armados actúan contra la protesta social

En segundo lugar, señalan que se encuentran grupos paramilitares que actúan de la mano con la fuerza pública frente a las movilizaciones y que hay varios casos de este tipo de situaciones que ha podido documentar suficientemente esta misión de observación.

También aseguraron qué otra de las grandes preocupaciones es la actuación de civiles armados con armas cortas y armas largas entre los que se pudieron identificar funcionarios públicos y funcionarios de entidades públicas que actúan y actuaron de esta manera.

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Testimonios en terreno de la misión de Observación de DDHH en Colombia: La resistencia de Popayán

Comisionados de la misión Internacional de verificación de la situación de los derechos humanos que visita Colombia del 4 al 12 de julio, dialoga con jóvenes de la olla comunitaria del barrio La Paz, sector Sena. Horas después de la visita, los jóvenes fueron atacados por la policía antidisturbios

Fuente: Periódico electrónico “Pie de Página”. 8 de julio 2021. Texto y fotos: Daniela Pastrana comisionada de México.

El Ministro de Defensa llegó a la capital del Cauca con una amenaza: no permitirán más bloqueos carreteros, una de las formas tradicionales de la protesta de campesinos en Colombia. Mientras dos jóvenes fueron lesionados en los ojos en un ataque de la policía antidisturbios, el gobierno de Iván Duque rechazó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

POPAYAN, COLOMBIA.- La escena era la de una película de Hollywood: un aeropuerto cerrado por los militares, la gente que bajaba de la pequeña aeronave recién llegada de Bogotá debía cruzar el andén, la sala de espera y el estacionamiento, antes de cruzar la reja para encontrar algún transporte. Ni paradas al baño eran permitidas por los soldados, que esperaban de un momento a otro la llegada de su mando supremo.

Era una imagen tan impresionante (aunque aquí nos cuentan que no es tan extraño) que estuve tentada a sacar el teléfono y grabar. Entonces vi los rostros sonrientes de nuestras anfitrionas, que forman parte de organizaciones sociales con mucho reconocimiento en las regiones, y cancelé el intento. Porque cuando termine el trabajo de la misión internacional de observación, yo regresaré a mi casa y ellas se quedarán aquí, lidiando con estas estructuras militares que no tienen ningún interés en dialogar.

La comisión que viaja al Cauca está formada por dos investigadores catalanes del Centro de Estudios Para la Paz, dos activistas que vienen de Ecuador, y una periodista mexicana (yo). Nuestro primer día de trabajo coincide con la llegada a Popayán del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien trae bajo el brazo una amenaza para los campesinos organizados, y con la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su reciente visita a Colombia. También coincide con una protesta que es duramente reprimida por la policía antidisturbios, como si necesitáramos evidencia directa de los testimonios que escuchamos en estos días, o si tuviéramos dudas de que el paro nacional sigue (y la violencia del Estado también).

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Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021

1. De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista. Tal como ha hecho en ocasiones anteriores, la CIDH reconoce que esa carta política introdujo una arquitectura institucional equilibrada entre los poderes públicos y organismos autónomos con funciones específicas de control. La Comisión llama a preservar dicha arquitectura, reforzada por el Acuerdo de Paz de 20161, así como a consolidar un sistema operante de pesos y contrapesos.

2. Al mismo tiempo, la CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.

3. La Comisión reconoce que estos desafíos se han visto exacerbados debido a las necesarias medidas de contención y atención de la pandemia de la COVID-19, las cuales, al igual que en otros países, han causado un gran impacto económico y social y han alterado la política general trazada por los gobiernos de turno. Adicionalmente, reconoce que los efectos de la pandemia han repercutido en la falta de acceso a la salud, así como a oportunidades laborales y educativas, especialmente entre mujeres y jóvenes.

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