Carta abierta de Claudio Nash frente a la «legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías»

Claudio Nash en la conmemoración del Día Internacional de lo Derechos Humanos el 10 de diciembre 2022

CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Durante los primeros meses de este 2023 se han registrado una serie de actos de delincuencia, incluyendo asesinatos y secuestros, que han generado un clima de gran preocupación en la ciudadanía. Los últimos días esta violencia ha implicado el asesinato de dos carabineros en el cumplimiento de sus deberes.

Desafortunadamente, en dicho contexto, las autoridades nacionales han comenzado a avanzar en una línea punitivista corno herramienta privilegiada para enfrentar la crisis de seguridad. Es así como, en estos momentos, el Congreso discute una batería de proyectos de le) destinados -la gran mayoría de ellos- a aumentar las penas vinculadas con delitos violentos que afecten a las policías. Uno de estos proyectos (boletín N°15.444.-25 refundido con la moción, Boletín N°15.470-25) ha causado especial preocupación entre los organismos de derechos humanos y es la propuesta de legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías, que además disminuye los controles judiciales y limita las medidas cautelares que puede disponer la autoridad judicial frente a casos que pueden implicar la lesión e incluso la muerte de personas a manos de las policías. Esta legislación establece la presunción de legítima defensa o “legítima defensa privilegiada”, figura que dificulta seriamente las posibilidades de investigación y sanción en casos de un uso de la fuerza ilegítimo por parte de la policía.

Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana y los organismos especializados derechos humanos de Naciones Unidas se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre los peligros asociados a estas legislaciones rotuladas bajo la idea de “gatillo fácil”. La experiencia comparada (Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Perú, entre otros) es clara en dar cuenta de la espiral de violencia asociada a estas legislaciones y los graves abusos de derechos humanos que se pueden producir en el marco de un control disminuido respecto del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Cómo es evidente, esta legislación apunta en dirección opuesta a las recomendaciones formuladas por los organismos nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el marco de la crisis política de 2019-2020. En dichos informes el llamado al Estado fue a generar mayores controles respecto del uso de la fuerza por parte de los policías y evitar la impunidad frente a actos de uso de la fuerza abusiva y este proyecto apunta en el sentido contrario, esto es, limita las posibilidades de control judicial efectivo frente a posibles abusos cometidos por agentes del Estado.

Es por eso que solicitamos a vuestra institución que, en el marco de sus atribuciones, de manera urgente se pronuncie sobre estos proyectos y pueda asesorar a los órganos legislativos y al ejecutivo chileno a fin de que se corrija sustancialmente esta legislación que pone en grave riesgo los derechos humanos en Chile.

Sin otro particular y esperando una rápida acción preventiva, me despido y quedo a su disposición para ampliar la información.

Claudio Nash Doctor en Derecho

La política criminal del espectáculo (o el espectáculo criminal de la política)

Fuente CIPER. 30 de marzo de 2023.

Por Julio Cortes Morales

En períodos de agitación pública, el concepto de «control del delito» puede responder a directrices no necesariamente eficaces, pero sí llamativas, efectistas y cómplices con la impunidad de quien lo ejerce, se recuerda en esta columna de opinión para CIPER que acude a una serie de ejemplos recientes y vigentes en Chile, de las reformas legales ahora en discusión parlamentaria a la demolición de «narcocasas» en horario prime.

Según los principios del viejo y buen Derecho Penal moderno, liberal y democrático —que,  para el penalista español Silva Sánchez, «en realidad, nunca existió como tal», y que rara vez se ha implementado más allá de los manuales y tratados de la «dogmática penal» y en una que otra sentencia ejemplar—,  la «política criminal» sería, por una parte, «la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal», y por otra «la disciplina que estudia cuáles son los mecanismos más idóneos para hacer frente a una determinada criminalidad, desde un punto de vista preventivo y no sólo represivo». De ahí que el jurista alemán Von Liszt afirmaba que «la mejor política criminal es una buena política social».

Ya avanzado un buen trecho del siglo XXI podemos constatar que no existe nada similar a dicho diseño. Muy por el contrario, en vez de una política cuidadosa y científicamente diseñada para lograr efectos medibles en los diferentes ámbitos de la criminalidad y las diferentes formas de violencia social, lo que rige desde fines del siglo XX es la combinación del espectáculo represivo más sensacionalista con campañas destinadas a amplificar el miedo a la delincuencia y una respuesta pública que se basa exclusivamente en la ampliación de la cantidad de policías y empresas de seguridad, la creación permanente de nuevos tipos penales (a veces, como variaciones de los ya existentes), el aumento sostenido de las facultades policiales y el uso masivo de la privación de libertad. Nada de esto resulta nunca suficiente, pues ni las cifras récord de encarcelamiento satisfacen por completo las incesantes demandas de «mano dura» y reclamos contra la «puerta giratoria».

Se gobierna a través del miedo, y la única respuesta que se ofrece es el crecimiento de lo que el sociólogo noruego Nils Christie llamó «la industria del control de delito». El neoliberalismo en Chile ha operado como causa mediata del encarcelamiento masivo, dado que, por una parte, precariza y marginaliza a amplios sectores de la población, generando desigualdad y pobreza; y, por otra, ante el aumento real o supuesto de la delincuencia asociada a estos sectores, ofrece demagógicamente una ampliación cada vez mayor de la respuesta punitiva, utilizada como bandera de lucha que genera un aprovechamiento político y económico de la inseguridad [CUNEO 2018].

Todas estas son características del «modelo de control del delito» adoptado a partir de la contrarrevolución neoliberal de los 80; luego «teorizado» y radicalizado como la «política de tolerancia cero» promovida desde Estados Unidos, un país que en materia de control del crimen ya no parece tener muchas «buenas prácticas» que recomendar. En palabras de Antonio García-Pablos, existe una «confianza sin límites en los órganos estatales» encargados de castigar, y «las garantías se convierten en requisitos formales o burocráticos prescindibles» [2008.p. 604].
 
Si es que hasta hace poco se pensaba que las políticas en materia penal y de seguridad pública eran distintas en los márgenes derecho e izquierdo del espectro político oficial, un año del gobierno progresista de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad nos bastan para comprobar que las diferencias se han disipado al punto de hacerse casi indistinguibl
El Estado chileno ha tenido una larga tradición de militarización de la policía y uso de instrumentos represivos concebidos como excepcionales pero que luego se vuelven permanentes. Si esto es así desde hace mucho tiempo, en los últimos tres años la situación se ha mostrado en todo su dinamismo, incrementando la legislación represiva, la administrativización de las restricciones a derechos fundamentales, y el gobierno a través de estados de excepción constitucional: luego del estado de catástrofe por la pandemia, se han seguido aplicando estados de emergencia en la zona del «conflicto mapuche» y también para hacer frente a la «crisis migratoria» en el norte del país. Se hace así más evidente que nunca que también acá «bajo la presión del paradigma del estado de excepción, es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales la que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo» [AGAMBEN 2005].  

Declaración de la directora del INDH sobre proyectos de ley que establecen la “legítima defensa privilegiada»

Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos Santiago de Chile. 29 Marzo, 2023.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, presenta sus puntos de vista acerca de los proyectos de ley actualmente en discusión en el Congreso que proponen beneficiar a los efectivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad con una “legítima defensa privilegiada”, que establece una presunción legal a su favor en casos donde hagan uso de arma letal en el ejercicio de sus funciones.

1. Como lo ha venido planteando al menos desde 2017, el INDH ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por las cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando éstas se encuentren desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil.

2. Una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos. Este entendimiento armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional.

3. En la actualidad y como quedó dramáticamente claro con la actuación policial en la crisis social de 2019, hay un problema a nivel operativo de nuestras policías, el que se debe en parte a la falta de consenso o de regulación legal de las funciones y de los límites del trabajo de las mismas. Esto ha quedado nuevamente expuesto en recientes hechos donde carabineros —y sus familiares— han atribuido una serie de muertes propias a la carencia de una normativa que los proteja. Pero también la misma explicación se puede encontrar en tragedias que culminaron con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el gravísimo ataque que cegó a Fabiola Campillai.

4. Los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros. Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia.

La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley.

5. Finalmente, los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos. No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación.

6. El INDH no puede sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una “legítima defensa privilegiada” a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos.

Miércoles 29 marzo 2023: de modo exprés Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado «Ley Gatillo Fácil»

Diario Digital Resumen. 29 marzo 2023.

Por Alejandro Baeza

Como pocas veces ocurre en el Congreso, a veces con necesidades urgentes para la población, en apenas unas horas de discusión en el pleno, la cámara baja aprobó la «Ley Gatillo Fácil» o también llamada «Ley Naín-Retamal» para despacharla al Senado. Un proyecto que pretende que automáticamente se presuma inocencia a policías cuando usen sus armas y también busca eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento, una iniciativa criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y que fue impulsada en medio de la convulsión social producto de ciertos acontecimientos, utilizando perfectamente la «doctrina del shock».

«Doctrina del shock» es un concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein que propone que las políticas económicas neoliberales han sido impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento con la «Ley gatillo fácil» o «Ley Naín-Retamal», bautizada así por los apellidos de dos funcionarios policiales víctimas fatales de la delincuencia, producto de la fusión de dos iniciativas legislativas en la Comisión de Seguridad en la cámara baja.

La reforma agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley. Para el homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado y aumenta las penas para cuando un funcionario asegure que fue agredido de alguna forma.

No obstante, lo más grave es que establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.

Ahora, será el Senado quien la despache para la firma presidencial, donde se espera que su trámite sea aún más sencillo.

Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó durante la presentación del informe 2022 a nivel mundial que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en el país.

Este oportunismo político sólo demuestra que se está utilizando la conmoción pública para imponer agendas ideológicas y que la preocupación por el bienestar de la población no son más que discursos mediáticos que no buscan erradicar los graves problemas que sufre el país.

https://resumen.cl/seccion/memoria-y-ddhh

Amnistía Internacional y «Ley Nain-Retamal»: «Lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley»

Diario Digital Resumen. 29 marzo 2023.

Por Alejandro Baeza.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló respecto a la discusión en el Congreso de la denominada «Ley Nain-Retamal» que: «Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley. independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

La mañana de este martes, Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel correspondiente al año 2022. Si bien está centrado en hechos ocurridos en países como Ucrania, Irán, y Estados Unidos, también presenta un apartado especial para nuestro país, en particular a la falta de justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos de funcionarios policiales contra manifestantes y el abandono por parte del Ejecutivo a realizar una reforma a la policía uniformada.

En este sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

En otros aspectos, se refirió al primer año del presidente Boric, comentando que «reconocemos los avances, pero, al mismo tiempo, queremos señalar que existen deudas importantes que no se han cumplido, compromisos en los que el Gobierno está al debe». «Apremia pasar de las intenciones manifestadas en su Programa de Gobierno, a la acción en materia de derechos humanos», añadió.

Desde Amnistía Internacional valoraron iniciativas como el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la agenda de verdad, justicia y reparación para víctimas de la represión durante el Estallido Social y la firma del Acuerdo de Escazú.

Informe Anual de AI 2023 Chile: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/chile/report-chile/

https://resumen.cl/seccion/memoria-y-ddhh

MÚSICA DEL MUNDO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez se pronunciaron ante la instalación de base militar al costado de Escuela en Curacautín donde asiste una mayoría de estudiantes Mapuche

resumen.cl 13 noviembre, 2022

Tras el anuncio de la instalación de una base del Ejército de Chile, en el marco de la militarización de la Araucanía, a un costado de una escuela en Curacautín, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez se pronunciaron sobre el hecho en un punto de prensa frente al establecimiento educacional.

La guarnición militar para 90 efectivos como ha transcendido, se pretende emplazar en las dependencias del Internado Municipal de Estudiantes de Curacautín en la región de la Araucanía, recinto que comparte instalaciones con una escuela básica. La creación de esta unidad militar, que compartiría también el patio con la Escuela República de México, mantiene en tensión a la comunidad educativa, apoderados, organismos de derechos humanos y comunidades mapuche de Curacautín.

En el punto prensa frente a la escuela se hizo presente la abogada Teresa Rey, coordinadora de la sede de Araucanía de la Defensoría de la Niñez la cual expresó que «Nos comunicaron que se quiere instalar una unidad militar en un establecimiento que antes era un internado, que ahora esta en desuso pero que hoy está al lado de la escuela».

«Estamos aquí solamente porque fuimos requeridos por padres y apoderados, y centros de padres y miembros de comunidades mapuche, ya que existía el riesgo de que se instalara un recinto militar al lado de la escuela», agregó la abogada.

«En el uso de nuestras atribuciones hicimos los oficios que corresponden a las entidades solicitando información al respecto». Sin embargo, el alcalde de Curacautín no respondió a lo que lo que preguntaron, expresó también la abogada Rey.

«El jefe de la defensa nacional nos respondió y nos señaló que toda instalación que ellos deban hacer requieren todos los permisos respectivos, entonces es el alcalde el que debe responder al respecto», agregó.

La representante de La Araucanía de la Defensoría de la Niñez comentó que «tenemos que saber muchas cosas si esa unidad militar va ser un destacamento, con cuánta gente, si van a existir municiones o no, o si va a ser una propuesta que no va allegar a ninguna puerta, sin embargo hasta ahora no hemos tenido respuestas claras».

«Esta es una escuela con sello intercultural, cerca de un 40% son niñas y niños de la etnia mapuche», agregó Teresa Rey.

Marcos Rabanal, abogado de la sede Araucanía del Instituto de Derechos Humanos, también se hizo presente y expresó que «vemos con preocupación la instalación de una base militar al costado de esta escuela».

En la misma línea, Rabanal señaló que «de ser efectiva la instalación de esta base de alguna manera se va a afectar a los niños niñas y adolescentes en su integridad en la medida en que se tiende a naturalizar la presencia de efectivos al lado del patio donde juegan los niños y no debemos pensar que eso es algo normal que deba naturalizarse en toda la Araucanía».

También en un comunicado público los profesores y profesoras de la Escuela República de México se mostraron en contra de la instalación de una base militar colindante con el recinto escolar.

El profesorado expresó que «identificamos como un riesgo para el trabajo pedagógico el tener frente o al lado de las dependencias de una escuela personal militar con tanquetas y armamento de guerra».

«Al ser una escuela pequeña que carece de infraestructura suficiente tenemos un patio en común con el internado municipal» señalaron los docentes. «Nos parece un escenario violento convivir con esta situación» se refirieron respecto a la instalación del recinto militar.

Quien impulsa la medida es el diputado de Renovación Nacional, Juan Beltrán Silva. El congresista de derecha que representa al distrito 22 de la región de la Araucanía respaldó la decisión que considera «altamente positiva para la seguridad de la comuna de Curacautín».

Por su parte El lonko Alberto Curamil, premio ambiental Goldman, emplazó al Gobierno a cumplir sus promesas de desmilitarizar el Wallmapu expresando que la medida «simplemente es para darle protección a los empresarios, a los inversionistas extranjeros, que hoy día vienen a destruir nuestros territorios» con negocios forestales, mineros o hidroeléctricos.

Fallece a lo 93 años el sacerdote Oscar Jiménez Lazo SJ miembro fundador de la Comisión Ética Contra la Tortura

Junio del año 2003. El Padre Oscar Jiménez SJ junto a Nadine Loubet (Hermana Odile) y Helmuth Frenz, en reuniones preparatorias del pliego con la exigencia pública al Presidente Lagos para la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para los torturados en la dictadura de Pinochet

Este miércoles 5 de octubre dejó de existir el Padre Jesuita Oscar Jiménez Lazo. El padre Óscar tenía 93 años de edad al momento de su muerte, 71 años en la Compañía y 61 años de sacerdocio. Su larga y rica carrera sacerdotal la compartió siempre con el compromiso por la educación popular y con una activa defensa de los derechos humanos de los humildes. Fue artífice, junto a otros y otras defensores de derechos humanos, de la propuesta que se hizo desde desde la sociedad civil al Estado para la creación de una instancia nacional de Verdad, Justicia y Reparación y que dio a luz la Comisión Valech. La CECT, organización de la cual siempre fue parte activa, al menos hasta el 2018 , le rindió un homenaje y un reconocimiento el 26 de junio de 2011, día internacional de apoyo y solidaridad con las víctimas de tortura, instituido por la ONU. A continuación reproducimos el texto leído en la asamblea conmemorativa llevada a cabo ese año en Londres 38 espacio de memorias, ex centro de detención y exterminio en la dictadura de Pinochet.

Juana Aguilera a nombre de la CECT expresó en la ocasión: «La segunda persona que homenajeamos esta noche con la entrega de la Medalla a la Memoria de Graciela Álvarez Rojas es el Padre Oscar Jiménez, sacerdote perteneciente a la Congregación Religiosa “Compañía de Jesús”.

Oscar es Licenciado en Filosofía por Universidad Javeriana de Bogotá; Licenciado en teología por la Universidad de El Salvador de Buenos Aires; Profesor de Filosofía que ejerció la docencia hasta 1987 en Liceos y en el Pedagógico de la Universidad de Chile.

Padre Oscar Jiménez Lazo SJ

Pero Oscar ha sido esencialmente un Educador Popular y Pastoralista. Desarrolló esta labor siendo simultáneamente Párroco en Parroquia Cristo de Emaus en el Decanato de Pudahuel Sur, en la Comuna de Lo Prado y decano de esa circunscripción eclesial. Esta labor la realiza bajo la conducción pastoral de Don Raúl Silva Henríquez y de Don Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de Don Raúl y su Vicario en la Zona Oeste.
Más específicamente integra, desde 1977 a 1983 el Primer Equipo de Capacitación de la Zona Oeste para el apoyo de Organizaciones Solidarias, cuando éste termina, pasa a integrar y posteriormente coordinar el Equipo de Educación Popular de esa zona. Más tarde es integrante del Centro de Reflexión Popular donde realiza trabajos de elaboración y acompañamiento de Talleres Bíblicos, talleres de Formación Permanente y Específicos en Educación Popular; asesoría del Instituto Indígena de Temuco.
Desde 1990 – 1991, integra el Área de “Iglesia” del Centro de Educación y Comunicación ECO formando equipo con el teólogo de la Liberación Fernando Castillo Lagarrigue (QEPD).
Actualmente trabaja en la Formación Bíblica y Espiritual (Retiros) en la casa de Ejercicios “Loyola”, en la localidad de Padre Hurtado y es el coordinador del Departamento de Justicia, Paz y Ecología de la confederación de religiosos y religiosas de Chile, CONFERRE.
El Padre Oscar es un miembro fundador de la Comisión Ética Contra la Tortura; activo luchador social y militante de los derechos humanos, ha acompañado desde hace 10 años el proceso de Verdad, Justicia y Reparación Integral para los sobrevivientes de tortura.
Oscar nos sentimos orgullosos de compartir junto a ti, la utopía de lograr un mundo sin torturas.
Recibe nuestro humilde reconocimiento».

El Padre Oscar con Libio Pérez, Felipe Portales, Juana Aguilera, Alicia Lira, Padre Alfonso Baeza, Viviana Díaz y Anita González en junio de 2011 en Londres 38.

Detención de Héctor LLaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco: OPERACIÓN HURACÁN 2.0 CORREGIDA Y AUMENTADA

Declaración de la Comisión Ética Contra la Tortura

Ante la detención de Héctor Llaitul Carrillanca, la CECT declara que es el Estado chileno el que ha condenado a la opresión y pobreza extrema a miles de personas del pueblo mapuche, con el fin de depredar y convertir en zona de sacrificio uno de los territorios con más riqueza y biodiversidad natural de Chile. Es justamente esta tremenda injusticia la que llevó a los mapuche a luchar por la preservación de las comunidades, la defensa de la tierra, de las aguas y de su cosmovisión, todos elementos vitales para la continuidad de su vida y de su cultura como pueblo.

Le decimos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que la lucha de las comunidades mapuche no es individual, es una exigencia plural, colectiva, de un pueblo que vive las consecuencias de la aplicación del decreto 701 que por casi 50 años ha convertido una tierra fértil en un territorio depredado por las forestales, con escasez de agua y con el bosque nativo destruido. La detención de Héctor Llaitul no va a resolver el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche y es tan evidente que sólo es una forma de encarnizamiento y castigo ejemplar que busca ofrecer a la derecha un líder que jamás ha escondido su pensamiento y donde las arengas a su pueblo siempre han sido de público conocimiento.

También le recordamos Sr. Presidente que el gobierno de Piñera no pudo perseverar judicialmente en su contra. Hoy Ud. al aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, convierte a Héctor Llaitul en un enemigo declarado del Estado que dirige y ciertamente será aplaudido por una derecha que alienta la militarización y represión en tierras mapuche. Con la aplicación de ésta ley, reconocemos consecuentemente a Llaitul como preso político, quien es perseguido por su condición de dirigente social y líder de su pueblo, cuyo único objetivo es castigarlo por no atender el -pseudo- diálogo al que se le ha convocado, buscando condenarlo a altas penas de cárcel por supuestos delitos que por leyes comunes no permitirían ni un día de cárcel.

28 de julio día del derecho universal al agua

Riccardo Petrella, sabio europeo, es el autor de este artículo donde cuenta como fue que se llegó a resolver por la ONU el día 28 de julio el día mundial del agua, luego de 20 años de implementación sistemática de la orden del Banco Mundial que definía el agua como una mercancía: » El reconocimiento formal del derecho universal al agua con la resolución de la Asamblea General del 28 de julio de 2010 fue una decisión inesperada, una gran sorpresa y sobre todo inaceptable para los dominantes. La aprobación de la resolución, escueta pero clara, fue un importante resultado político del gobierno de Evo Morales, en Bolivia. En particular, gracias a la actuación de su representante permanente ante la ONU, Pablo Solón, Bolivia logró en pocos días reunir en torno a una justa resolución, esperada desde hace décadas, el apoyo de 121 Estados, la gran mayoría de los países de la “ Sur” del mundo, pequeños estados…. La feroz oposición de 41 estados, en su mayoría del «Norte» (Estados Unidos a la cabeza, seguido de 11 de los 27 países de la Unión Europea) no ha logrado revertir el equilibrio de poder. Fue una verdadera alegría, un raro éxito de los derechos y demandas de los pueblos del Sur, en particular de los pueblos indígenas del mundo, con respecto a los intereses económicos de los grupos sociales dominantes del Norte (y no con el respeto a los pueblos del Norte que, en general, se solidarizaron con los del Sur).«

Una historia de agua para cambiar

Los dominantes actuaron rápido y sin problemas

En enero de 1992, en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Agua y el Medio Ambiente celebrada en Dublín, el Banco Mundial aprobó por primera vez en la historia el principio de que el agua ya no debe ser considerada esencialmente como un bien común, social, público, sino como un bien económico, un bien privado, según las leyes de la economía «occidental» dominante ( Cf. Cuarto Principio de Dublín » http://www.un-documents.net/h2o-dub .htm ). Este principio fue confirmado en la primera Cumbre Mundial de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en junio de 1992.

En 1993 el Banco Mundial publicó el documento Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (IWRM), que rápidamente se convirtió en la «biblia» de la política hídrica a nivel de organismos internacionales mundiales como el BM, el FMI, la ONU y sus 26 agencias la OMC , OMPI, OCDE… Este documento establece la mercantilización, desregulación, liberalización y privatización del agua y los servicios de agua hasta el punto de imponerlos como «condicionalidad» a los países que solicitan préstamos al Banco Mundial. Este documento establece el principio del precio del agua basado en el » principio de recuperación total del costo «como herramienta clave para una gestión integrada y eficiente de los recursos hídricos, con independencia del carácter público o privado del capital de la empresa gestora.

El 22 de marzo de 1993 , las Naciones Unidas celebraron el primer Día Mundial del Agua . El suyo era promover y facilitar la difusión y culturización/aceptación por parte de todos los líderes mundiales y de la sociedad civil de los nuevos principios de la política mundial del agua, antes mencionados. Cada día internacional es una oportunidad para informar a la ciudadanía sobre temas relacionados con grandes temas como los derechos fundamentales, el desarrollo sostenible o la salud. Estos días son también una oportunidad para que el sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil organicen actividades de sensibilización y movilicen recursos ”. (ver https://www.un.org/fr/observances/water-day )

En 1995-96, por iniciativa del Banco Mundial, en particular de su Vicepresidente de Medio Ambiente, un grupo de multinacionales privadas activas en el sector del agua (por ejemplo, Suez, Vivendi…) Con el apoyo de la parte «mainstream» del mundo «occidentalizado» de la ciencia y la tecnología (por ejemplo, la Asociación Internacional del Agua…) creó el Consejo Mundial del Agua (WWC-). En 1996, el Consejo lanzó el programa Global Water Partnership (GWP) y organizó por primera vez el Foro Mundial del Agua en 1997 .en Marrakech, que desde entonces se ha convertido en la reunión mundial trienal más grande y poderosa sobre el agua. El WWC se ha convertido así, entre otras cosas importantes, en el paraguas y soporte, directo o indirecto, logístico y financiero (en colaboración con agencias de Naciones Unidas y autoridades nacionales), de los cientos y cientos de eventos organizados por la sociedad civil y organizaciones locales. autoridades durante y fuera de los Días Mundiales del Agua.

En 2000 , la Unión Europea aprobó una importante directiva marco sobre el agua. El objetivo era promover la conservación y la calidad de los recursos hídricos de Europa. De esta manera, toda la política de gestión de los recursos hídricos y los bienes comunes relacionados se toma en consideración y se regula de acuerdo con los principios establecidos por el Banco Mundial y perfeccionados durante la década de 1990.