La ética llevada universalmente a lo más alto por Julián Assange: Carta a Carlos III Monarca Inglés desde la Prisión de Belmarsh

7 de mayo de 2023

De Julian Assange

A Su Majestad el Rey Carlos III,

En la coronación de mi señor, pensé que sería oportuno extenderle una sincera invitación para conmemorar esta trascendental ocasión visitando un reino dentro de su reino: la Prisión de Su Majestad en Belmarsh.

Sin duda, recordará usted las sabias palabras de un renombrado dramaturgo: “La gracia de la misericordia no se fuerza; cae como la suave lluvia sobre el bajo”.

Ah, pero ¿qué sabrá ese bardo de la piedad ante el ajuste de cuentas en los albores de vuestro histórico reinado? Después de todo, uno puede realmente conocer la medida de una sociedad por la forma en que trata a sus prisioneros, y su reino seguramente se ha destacado en ese sentido.

La prisión de Su Majestad en Belmarsh está ubicada en la prestigiosa dirección de One Western Way de Londres, a poca distancia del Old Royal Naval College en Greenwich. Qué delicia debe ser que una institución tan estimada lleve su nombre.

Es aquí donde se encuentran recluidos 687 de sus leales súbditos, lo que respalda un récord del Reino Unido como la nación con la población carcelaria más grande de Europa Occidental. Como su noble gobierno ha declarado recientemente, su reino está experimentando actualmente “la mayor expansión carcelaria en más de un siglo”, con sus ambiciosas proyecciones que muestran un aumento de presos de 82.000 a 106.000 en los próximos cuatro años. Sin duda, todo un legado.

Como preso político, retenido por placer de Su Majestad en nombre de un soberano extranjero avergonzado, me siento honrado de residir dentro de los muros de esta institución de clase mundial. De verdad que su reino no tiene límites.

Durante su visita, tendrá la oportunidad de disfrutar las delicias culinarias preparadas para sus fieles súbditos con un generoso presupuesto de dos libras al día. Podrá saborear las pócimas hechas con cabezas de atún y los omnipresentes pollos procesados. Eso en caso de que sean pollos. Pero no se preocupe, porque a diferencia de instituciones menores como Alcatraz o San Quentin, no hay cenas comunitarias en un comedor. En Belmarsh, los presos cenan solos en sus celdas, asegurando la máxima intimidad con su comida.

Más allá de los placeres gastronómicos, le puedo asegurar que Belmarsh brinda amplias oportunidades educativas para sus sujetos. Como dice Proverbios 22:6: “Instruye al niño en su camino, que cuando se haga viejo no se apartará de él”. Observará también las colas para recibir medicamentos, donde los reclusos se alinean para recoger sus medicamentos, no para el uso diario, sino para poder tener la experiencia de una expansión de sus horizontes durante ese “gran día”.

También tendrá la oportunidad de presentar sus respetos a mi difunto amigo Manoel Santos, un hombre gay que se enfrentaba a la deportación al Brasil de Bolsonaro, y quien se quitó la vida a solo ocho metros de mi celda con una cuerda tosca hecha con sus sábanas. Su exquisita voz de tenor ahora ha sido silenciada para siempre.

Luego podrá visitar las regiones más profundas de Belmarsh para encontrar el lugar más aislado dentro de sus muros: el lugar donde se cuida la salud o, dicho de otra forma, el infierno (healthcare o «Hellcare»), como lo llaman cariñosamente sus habitantes. Aquí, se maravillará con las sensatas reglas de la seguridad para bien de todos, como la prohibición de jugar al ajedrez y el permiso necesario para un juego mucho menos peligroso como las damas.

A su vez, en lo más profundo de Hellcare (“centro de cuidados del infierno”) se encuentra el lugar más gloriosamente edificante de todo Belmarsh. ¿Pero qué digo? De todo el Reino Unido: el sublimemente llamado “la suite para el final de la vida en Belmarsh”. Si presta atención, es posible que escuche los gritos de los prisioneros. “Hermano, voy a morir aquí” como un testimonio de la calidad de la vida y de la muerte dentro de su prisión.

Pero no se preocupe, porque no todo es malo. También se puede encontrar con la belleza dentro de estas paredes. Se podrá entretener mirando los pintorescos cuervos que anidan en el alambre de púas y los cientos de ratas hambrientas que también consideran a Belmarsh su hogar. Si usted decide venir en primavera, es posible que pueda ver a los patitos descarriados dentro de los terrenos de la prisión. No se demore, porque las ratas hambrientas se aseguran de que sus vidas sean fugaces.

Le imploro, rey Carlos, que visite la prisión de Su Majestad en Belmarsh, porque sería un honor digno de un rey. Al embarcarse a su reinado, recuerde siempre las palabras de la Biblia King James: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mateo 5:7). Y que la misericordia sea la luz que guíe su reino, tanto dentro como fuera de los muros de Belmarsh.

Lo saluda atentamente, su vasallo,

Julian Assange

(Traducción Jorge Majfud)

Organizaciones de derechos humanos presentaron requerimiento ante Corte Suprema por uso retroactivo de la Ley Naín Retamal

Radio Universidad de Chile. Osciel Moya Plaza. Viernes 28 de abril 2023.

Organizaciones sociales, abogados y parlamentarios presentaron este viernes un requerimiento al Pleno de la Corte Suprema en el que solicitaron un control de convencionalidad y determine si la Ley Naín Retamal se ajusta a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La acción se da en el marco de la polémica normativa que entró en vigencia el pasado 10 de abril, cuya aplicación se efectuó por primera vez el jueves en el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, absolviendo a cinco carabineros acusados de apremios ilegítimos durante el estallido social.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, afirmó que esperan que el máximo tribunal “establezca que dicha ley no se ajusta los tratados internacionales, que le entrega facultades que están por sobre lo permitido por los estándares sobre la materia y declare que la norma hace al Estado de Chile incurrir en responsabilidad internacional, toda vez que está contrariando normas contenidas en los tratados que el Estado se obligó a respetar íntegramente”.

El jurista agregó que con este requerimiento “hemos querido reiterar nuestra inquietud por el hecho de que se están entregando amplias facultades a la institución (de Carabineros) en circunstancias en que todavía no se acoge la recomendación hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cuanto a la necesidad de realizar una profunda reforma a dicha institución que tenga como ejes centrales el respeto de los derechos humanos, el respeto de los valores democráticos y la necesaria rendición de cuentas”.

Margotta también lamentó que “todavía permanezca en el cargo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, quien es imputado en distintas causas en crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social”.

Por otro lado, el abogado expresó su preocupación porque a partir de la vigencia de la Ley Naín Retamal, “tres personas han sido muertas por la invocación de esta norma por parte de los funcionarios de Carabineros, en circunstancias bastante cuestionables, según lo han señalado los propios familiares y de acuerdo a las investigaciones judiciales que están en curso”.

“Hemos visto con preocupación que recientemente un tribunal de la República estableció que la Ley Naín Retamal se tenía que aplicar retroactivamente respecto de hechos ocurridos durante el estallido social y ha absuelto a cinco carabineros que habían sido formalizados por apremios ilegítimos y homicidio frustrado, falsificación de instrumento público, delito cometido en contra de una persona que se manifestaba durante el estallido y que padece de sordera”, señaló Margotta.

Ley retroactiva

En efecto, la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Talagante dado a conocer por el juez Alfonso Jove señala que “los funcionarios pueden defenderse de hechos al ver en riesgo su vida y de terceros”.

“Los acusados a la fecha de comisión de los hechos realizaban labores de función pública, repeliendo una acción que podía afectar su integridad física o derechamente la vida de los ocupantes de la patrulla GOPE”, señaló el magistrado.

Los cinco funcionarios de la subcomisaría de Padre Hurtado arriesgaban 18 años de cárcel por disparar contra un hombre de 49 años que padece de sordera en el contexto del estallido social.

Al respecto, el abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular, indicó que en este caso “era previsible y por eso en su momento se cuestionó esta ley Naín Retamal, porque tiene efecto retroactivo de acuerdo al Art. 18 del Código Penal. Sin embargo, las víctimas de esos fallos pueden recurrir al Tribunal Constitucional”.

Morales afirmó que ante el escenario de retroceso que vive el país en materia de derechos fundamentales, el jueves presentaron ante el Juzgado de Garantía de San Antonio una querella criminal en contra del funcionario de Carabineros, Patricio Vargas, por la muerte del joven David Toro en un procedimiento policial donde le dispararon en el rostro cuando se fugaba de un control por no contar con documentos al día para conducir.

Además, aseveró que la próxima semana “vamos a ir al Tribunal Constitucional y eso se debería dilucidar en esta instancia. Lamento el efecto que ha producido esto en la actividad de los abogados de derechos humanos, como también de la gente que se cree defensora de los derechos humanos y que está en el Parlamento”.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, expresó su “desprecio por una ley de este tipo”.

La legisladora indicó que la absolución de los cinco funcionarios policiales es “la nueva forma del decreto de Ley de Amnistía del dictador. Que vergüenza que en un país que se dice democrático hayamos sido capaces de instalar una ley de este tipo, es inaceptable”.

Por otro lado, Pizarro condenó el accionar de la policía uniformada contra las manifestaciones estudiantiles. “Es manga ancha para asesinar con absoluta impunidad, es lo que pudimos observar ayer nuevamente contra jóvenes protestando, menores de edad, sea cual sea el actuar que estén desarrollando no puede venir una fuerza especializada a agredirlos y a atacarlos como lo hizo. Esto es costumbre, sólo que ahora lo hacen con una ley que los favorece”, puntualizó.

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA AGENDA POLICIAL CONJUNTA DEL GOBIERNO Y OPOSICIÓN

J A Coloma, actual presidente del senado, 32 años parlamentario, dirigente de la derechista UDI

Ante el acuerdo entre el gobierno y la oposición de tramitar, de manera extra rápida, una extensa agenda legislativa de “seguridad” hacemos público nuestro rechazo y nos convocamos, junto a otras organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos a resistir, una vez más, los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad, y a exigir a las autoridades un cambio de rumbo.

1. Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Hasta ahora, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en el pasado reciente y durante la revuelta social. Delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales, y acreditados a través de más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.

2. Este peligroso escenario parece destinado a salvaguardar la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza y se halla lejos de cualquier estándar y control de convencionalidad en materia de derechos humanos, en tanto resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos.

 3. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos no es incompatible con la seguridad de las personas, por el contrario, esa garantía es justamente su condición. Por ello, alertamos sobre los peligros de los cada vez más frecuentes discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. Se omite así lo que debe ser una obligación del Estado y sus representantes: emitir siempre una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmente atentatorios de la integridad personal.

4. La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas.

5. Esta agenda legislativa tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años y que el programa del actual gobierno proponía abordar primero, mediante su refundación, y luego, a través de una reforma. Esta crisis se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos, y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado. La crisis de Carabineros la generó la propia institución contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una policía que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye un instrumento de represión de la legítima protesta y movilización social. No corresponde por ello que la ciudadanía asuma los costos de esa crisis y vea afectados sus derechos fundamentales.

 6. Hacemos un llamado de máxima alerta a todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, para que no permitamos que, nuevamente, en la historia de nuestro país se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver, mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas, problemas y conflictos de orden político, social y económico. Convocamos, asimismo, a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos de un gobierno proclamado como progresista, y de buena parte de la clase política empeñada en una cruzada restauradora que busca profundizar el orden heredado de la dictadura impuesta hace 50 años.

FIRMANTES
Organizaciones y personas

Carta abierta de Claudio Nash frente a la «legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías»

Claudio Nash en la conmemoración del Día Internacional de lo Derechos Humanos el 10 de diciembre 2022

CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Durante los primeros meses de este 2023 se han registrado una serie de actos de delincuencia, incluyendo asesinatos y secuestros, que han generado un clima de gran preocupación en la ciudadanía. Los últimos días esta violencia ha implicado el asesinato de dos carabineros en el cumplimiento de sus deberes.

Desafortunadamente, en dicho contexto, las autoridades nacionales han comenzado a avanzar en una línea punitivista corno herramienta privilegiada para enfrentar la crisis de seguridad. Es así como, en estos momentos, el Congreso discute una batería de proyectos de le) destinados -la gran mayoría de ellos- a aumentar las penas vinculadas con delitos violentos que afecten a las policías. Uno de estos proyectos (boletín N°15.444.-25 refundido con la moción, Boletín N°15.470-25) ha causado especial preocupación entre los organismos de derechos humanos y es la propuesta de legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías, que además disminuye los controles judiciales y limita las medidas cautelares que puede disponer la autoridad judicial frente a casos que pueden implicar la lesión e incluso la muerte de personas a manos de las policías. Esta legislación establece la presunción de legítima defensa o “legítima defensa privilegiada”, figura que dificulta seriamente las posibilidades de investigación y sanción en casos de un uso de la fuerza ilegítimo por parte de la policía.

Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana y los organismos especializados derechos humanos de Naciones Unidas se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre los peligros asociados a estas legislaciones rotuladas bajo la idea de “gatillo fácil”. La experiencia comparada (Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Perú, entre otros) es clara en dar cuenta de la espiral de violencia asociada a estas legislaciones y los graves abusos de derechos humanos que se pueden producir en el marco de un control disminuido respecto del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Cómo es evidente, esta legislación apunta en dirección opuesta a las recomendaciones formuladas por los organismos nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el marco de la crisis política de 2019-2020. En dichos informes el llamado al Estado fue a generar mayores controles respecto del uso de la fuerza por parte de los policías y evitar la impunidad frente a actos de uso de la fuerza abusiva y este proyecto apunta en el sentido contrario, esto es, limita las posibilidades de control judicial efectivo frente a posibles abusos cometidos por agentes del Estado.

Es por eso que solicitamos a vuestra institución que, en el marco de sus atribuciones, de manera urgente se pronuncie sobre estos proyectos y pueda asesorar a los órganos legislativos y al ejecutivo chileno a fin de que se corrija sustancialmente esta legislación que pone en grave riesgo los derechos humanos en Chile.

Sin otro particular y esperando una rápida acción preventiva, me despido y quedo a su disposición para ampliar la información.

Claudio Nash Doctor en Derecho

La política criminal del espectáculo (o el espectáculo criminal de la política)

Fuente CIPER. 30 de marzo de 2023.

Por Julio Cortes Morales

En períodos de agitación pública, el concepto de «control del delito» puede responder a directrices no necesariamente eficaces, pero sí llamativas, efectistas y cómplices con la impunidad de quien lo ejerce, se recuerda en esta columna de opinión para CIPER que acude a una serie de ejemplos recientes y vigentes en Chile, de las reformas legales ahora en discusión parlamentaria a la demolición de «narcocasas» en horario prime.

Según los principios del viejo y buen Derecho Penal moderno, liberal y democrático —que,  para el penalista español Silva Sánchez, «en realidad, nunca existió como tal», y que rara vez se ha implementado más allá de los manuales y tratados de la «dogmática penal» y en una que otra sentencia ejemplar—,  la «política criminal» sería, por una parte, «la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal», y por otra «la disciplina que estudia cuáles son los mecanismos más idóneos para hacer frente a una determinada criminalidad, desde un punto de vista preventivo y no sólo represivo». De ahí que el jurista alemán Von Liszt afirmaba que «la mejor política criminal es una buena política social».

Ya avanzado un buen trecho del siglo XXI podemos constatar que no existe nada similar a dicho diseño. Muy por el contrario, en vez de una política cuidadosa y científicamente diseñada para lograr efectos medibles en los diferentes ámbitos de la criminalidad y las diferentes formas de violencia social, lo que rige desde fines del siglo XX es la combinación del espectáculo represivo más sensacionalista con campañas destinadas a amplificar el miedo a la delincuencia y una respuesta pública que se basa exclusivamente en la ampliación de la cantidad de policías y empresas de seguridad, la creación permanente de nuevos tipos penales (a veces, como variaciones de los ya existentes), el aumento sostenido de las facultades policiales y el uso masivo de la privación de libertad. Nada de esto resulta nunca suficiente, pues ni las cifras récord de encarcelamiento satisfacen por completo las incesantes demandas de «mano dura» y reclamos contra la «puerta giratoria».

Se gobierna a través del miedo, y la única respuesta que se ofrece es el crecimiento de lo que el sociólogo noruego Nils Christie llamó «la industria del control de delito». El neoliberalismo en Chile ha operado como causa mediata del encarcelamiento masivo, dado que, por una parte, precariza y marginaliza a amplios sectores de la población, generando desigualdad y pobreza; y, por otra, ante el aumento real o supuesto de la delincuencia asociada a estos sectores, ofrece demagógicamente una ampliación cada vez mayor de la respuesta punitiva, utilizada como bandera de lucha que genera un aprovechamiento político y económico de la inseguridad [CUNEO 2018].

Todas estas son características del «modelo de control del delito» adoptado a partir de la contrarrevolución neoliberal de los 80; luego «teorizado» y radicalizado como la «política de tolerancia cero» promovida desde Estados Unidos, un país que en materia de control del crimen ya no parece tener muchas «buenas prácticas» que recomendar. En palabras de Antonio García-Pablos, existe una «confianza sin límites en los órganos estatales» encargados de castigar, y «las garantías se convierten en requisitos formales o burocráticos prescindibles» [2008.p. 604].
 
Si es que hasta hace poco se pensaba que las políticas en materia penal y de seguridad pública eran distintas en los márgenes derecho e izquierdo del espectro político oficial, un año del gobierno progresista de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad nos bastan para comprobar que las diferencias se han disipado al punto de hacerse casi indistinguibl
El Estado chileno ha tenido una larga tradición de militarización de la policía y uso de instrumentos represivos concebidos como excepcionales pero que luego se vuelven permanentes. Si esto es así desde hace mucho tiempo, en los últimos tres años la situación se ha mostrado en todo su dinamismo, incrementando la legislación represiva, la administrativización de las restricciones a derechos fundamentales, y el gobierno a través de estados de excepción constitucional: luego del estado de catástrofe por la pandemia, se han seguido aplicando estados de emergencia en la zona del «conflicto mapuche» y también para hacer frente a la «crisis migratoria» en el norte del país. Se hace así más evidente que nunca que también acá «bajo la presión del paradigma del estado de excepción, es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales la que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo» [AGAMBEN 2005].  

Declaración de la directora del INDH sobre proyectos de ley que establecen la “legítima defensa privilegiada»

Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos Santiago de Chile. 29 Marzo, 2023.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, presenta sus puntos de vista acerca de los proyectos de ley actualmente en discusión en el Congreso que proponen beneficiar a los efectivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad con una “legítima defensa privilegiada”, que establece una presunción legal a su favor en casos donde hagan uso de arma letal en el ejercicio de sus funciones.

1. Como lo ha venido planteando al menos desde 2017, el INDH ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por las cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando éstas se encuentren desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil.

2. Una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos. Este entendimiento armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional.

3. En la actualidad y como quedó dramáticamente claro con la actuación policial en la crisis social de 2019, hay un problema a nivel operativo de nuestras policías, el que se debe en parte a la falta de consenso o de regulación legal de las funciones y de los límites del trabajo de las mismas. Esto ha quedado nuevamente expuesto en recientes hechos donde carabineros —y sus familiares— han atribuido una serie de muertes propias a la carencia de una normativa que los proteja. Pero también la misma explicación se puede encontrar en tragedias que culminaron con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el gravísimo ataque que cegó a Fabiola Campillai.

4. Los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros. Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia.

La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley.

5. Finalmente, los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos. No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación.

6. El INDH no puede sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una “legítima defensa privilegiada” a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos.

Miércoles 29 marzo 2023: de modo exprés Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado «Ley Gatillo Fácil»

Diario Digital Resumen. 29 marzo 2023.

Por Alejandro Baeza

Como pocas veces ocurre en el Congreso, a veces con necesidades urgentes para la población, en apenas unas horas de discusión en el pleno, la cámara baja aprobó la «Ley Gatillo Fácil» o también llamada «Ley Naín-Retamal» para despacharla al Senado. Un proyecto que pretende que automáticamente se presuma inocencia a policías cuando usen sus armas y también busca eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento, una iniciativa criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y que fue impulsada en medio de la convulsión social producto de ciertos acontecimientos, utilizando perfectamente la «doctrina del shock».

«Doctrina del shock» es un concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein que propone que las políticas económicas neoliberales han sido impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento con la «Ley gatillo fácil» o «Ley Naín-Retamal», bautizada así por los apellidos de dos funcionarios policiales víctimas fatales de la delincuencia, producto de la fusión de dos iniciativas legislativas en la Comisión de Seguridad en la cámara baja.

La reforma agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley. Para el homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado y aumenta las penas para cuando un funcionario asegure que fue agredido de alguna forma.

No obstante, lo más grave es que establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.

Ahora, será el Senado quien la despache para la firma presidencial, donde se espera que su trámite sea aún más sencillo.

Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó durante la presentación del informe 2022 a nivel mundial que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en el país.

Este oportunismo político sólo demuestra que se está utilizando la conmoción pública para imponer agendas ideológicas y que la preocupación por el bienestar de la población no son más que discursos mediáticos que no buscan erradicar los graves problemas que sufre el país.

https://resumen.cl/seccion/memoria-y-ddhh

Amnistía Internacional y «Ley Nain-Retamal»: «Lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley»

Diario Digital Resumen. 29 marzo 2023.

Por Alejandro Baeza.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló respecto a la discusión en el Congreso de la denominada «Ley Nain-Retamal» que: «Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley. independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

La mañana de este martes, Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel correspondiente al año 2022. Si bien está centrado en hechos ocurridos en países como Ucrania, Irán, y Estados Unidos, también presenta un apartado especial para nuestro país, en particular a la falta de justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos de funcionarios policiales contra manifestantes y el abandono por parte del Ejecutivo a realizar una reforma a la policía uniformada.

En este sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

En otros aspectos, se refirió al primer año del presidente Boric, comentando que «reconocemos los avances, pero, al mismo tiempo, queremos señalar que existen deudas importantes que no se han cumplido, compromisos en los que el Gobierno está al debe». «Apremia pasar de las intenciones manifestadas en su Programa de Gobierno, a la acción en materia de derechos humanos», añadió.

Desde Amnistía Internacional valoraron iniciativas como el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la agenda de verdad, justicia y reparación para víctimas de la represión durante el Estallido Social y la firma del Acuerdo de Escazú.

Informe Anual de AI 2023 Chile: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/chile/report-chile/

https://resumen.cl/seccion/memoria-y-ddhh

MÚSICA DEL MUNDO POR LOS DERECHOS HUMANOS