La Ley Anti-Terrorista (LAT) «a la chilena» sigue bien viva y dando coletazos.

Escrito por José Venturelli   Vocero, Secretariado Europeo Comisión Ética Contra la Tortura.T – 27 de Octubre.

El artículo de Fernando Quilaleo en El Ciudadano nos ayuda a mejor entender:  http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/los-fiscales-y-la-invencion-del-terrorismo/

La supuesta eliminación de las querellas por la Ley Anti-Terrorista contras los presos políticos mapuche (PPM) que hicieron la huelga de hambre está siendo «circunvalada». Como hacen los planificadores de carreteras  -Estilo Presidente Lagos- con las poblaciones callampas: se les pone muros que la escondan pero siguen allí… La represión es el equivalente “legal” de la impudicia.

La decisión del Fiscal Nacional Chahuán de que «la mantiene porque existe” y “porque hay crímenes que la merecen») es eso: taparla pero dejarla funcionar. El Atentado al Fiscal Elgueta es una forma de aplicarla, de seguir haciéndolo porque no hay muchas posibilidades de que vaya a haber otra movilización importante a corto plazo. (Oportunismo represivo) Y se la sigue aplicando, aunque eso viole la «transparencia”, la falsa idea de “juicios justos”, «el pretendido Estado de Derecho» y esta zarzuela de “JUSTICIA” que Chile viola sin arrugarse. Todo porque el objetivo es tener a los PPM bien presos, fuera de acción, por todo el tiempo que se estime necesario. Y, además, reciclados mediante la puerta giratoria de la represión. La LAT es el mejor instrumento que han tenido para reprimir después de que salieran del escenario personajes cavernícolas como Pinochet, Manuel Contreras y otros. No la erradicaron: los gobiernos de la Concertación, en realidad, la reciclaron simplemente, para seguir usándola. La “reforma actual hace lo mismo. (Como con los funcionarios que han dado muerte a los jóvenes que han luchado por sus demandas sociales: las leyes de impunidad los reciclan )

Los Testigos Protegidos, esa farsa adicional de «justicia chilena» siguen también vivitos… A pesar de que el Juez Landeros de Cañete había rechazado a 36 de estos delincuentes sociales. Estos son los mercenarios, delincuentes y cómplices clandestinos del terrorismo de Estado y forman la parte central de los montajes. El caso del Fiscal Elgueta es un ejemplo que da nauseas.

Es necesario terminar con este circo: El Presidente no sirve para tomar decisiones democráticas: simplemente no sabe. Se esconde en la Constitución y la manipulación bueno para sus negocios, eso sí, dicen. Una nueva Constitución es la única salida a largo plazo. El Poder Judicial se hace el desentendido pero no hace nada… El Poder Legislativo, salvo muy honrosas excepciones y que son muy pocas, vive en eternos arreglines que dan dolor de muelas pese a que se sabe que son perfectamente nocivos para todos los chilenos (menos algunos…) como la estafa de las Royalties mineras.

La huelga de hambre de los PPM sacó un velo que nos cubría a todos. Mostraron una decencia que creíamos muerta… Lo que se intuía como probable ahora sabemos que es posible y necesario: ser decente, que es legítimo luchar por las causas justas… En fin, por tener un país decente.

¿Los tres poderes se atreven a ser decentes? ¿Los grades empresarios, los que «compran» a cualquier poder, -habido y por haber- seguirán siendo quienes manden? Todos -cada uno de nosotros incluidos- tienen/tenemos parte de la respuesta satisfactoria…   Derogar la ley anti-terrorista. Eliminarla.

 

La Justicia Militar va a seguir permitiendo a los uniformados continuar impunes en cada crimen contra el pueblo mapuche y contra cualquier chileno que proteste. Baste que esa persona sea acusada -ni siquiera que haga algo- simplemente acusada por un uniformado y «ya estará frita». Con condenas aún mayores que antes. ¿Nunca un uniformado debe ser juzgado por la Justicia Civil? No hay nada, ninguna razón de importancia -fuera del reflejo represivo de este país contra los que se atrevan a pensar- que justifique esa Ley de Marras, salvo el hecho de hacerlos  impunes, por encima de los ciudadanos. Derogarla es lo único democrático que se puede hacer. 

La trampa continúa y el gobierno actual, con los ideólogos de la dictadura ahora en el poder y con los empresarios dueños del país, de capitán a paje, no cambian. Los socios asociados en suciedad -para parodiar a Nicolás Guillén- los que se han coludido con los poderosos pueden seguir… o mostrar una actitud decente. ¿Pueden? Nada se los impide… salvo que no parece que quieran… Si no hay voluntad política (y esta es porque hay demasiada voracidad mercenaria, de poder y control económico) nos queda sólo aumentar la protesta social y llevar a una nueva, democrática y justa Constitución. La que elimine la colusión de estos poderes que, en este momento, bostezan cuando tendrían que ponerse de pie. Si, de pie, dignamente.

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