Cárcel con derechos humanos

 

Se dice que para ver el nivel de evolución de un país un buen test es ver cómo trata a los más marginados o excluidos. Si ello es cierto, lo ocurrido con 81 reclusos recientemente nos deja muy mal parados.

Como sociedad hemos decidido, democráticamente, hacinar a uno de esos grupos de excluidos -los presos- en lugares que no son dignos de ningún ser humano. Solo en los últimos tres años la sobrepoblación carcelaria creció del 45,2% al 60,6%. La cárcel de San Miguel estaba prevista para albergar a 711 personas; hasta ayer encerraba a 1900.

La tragedia no era inevitable. La situación de crisis ha sido puesta en conocimiento de autoridades en innumerables ocasiones por centros de estudio, organismos locales e internacionales. Sabíamos de antes que no solo existe hacinamiento, sino que los baños son insalubres, no hay camas para todos, los presos conviven con plagas como chinches, piojos y sarna; está en riesgo su integridad física, hay muertes, riñas, suicidios; que existe maltrato de parte de funcionarios de Gendarmería, que la dotación de gendarmes es insuficiente, que las jornadas de estos funcionarios son extenuantes, etc. Sin embargo, las autoridades optaron por ignorar estos llamados de advertencia.

Nuestras autoridades, elegidas democráticamente, han insistido en que es necesario seguir encarcelando a más personas. El año 2001 había 33.620 presos; hoy, esa cifra llega a 60 mil aproximadamente. Somos uno de los países con la tasa de delitos más bajas de la región -aunque los Espina, Harboe, Rosende y, hoy, Hinzpeter digan lo contrario- y, sin embargo, competimos por la tasa carcelaria más alta de América Latina. Mientras en Brasil, de donde llegan imágenes de tanques combatiendo el delito, hay 227 presos por cada 100 mil habitantes, en Uruguay, 193, Argentina, 154, y Perú, 139, en Chile tenemos más de 300 presos por 100 mil habitantes. Finalmente, se escucha la voz de un ministro de Justicia que parece entender la dimensión de la crisis, que habla de derechos humanos y que muestra preocupación por la situación de los presos.

¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades vean que la cárcel no puede seguir siendo la única respuesta al delito sino la última? ¿Qué más tiene que ocurrir para que vean que es necesario reservar la cárcel para aquellos delitos más graves, para aquellas personas que se han mostrado refractarios a medidas alternativas de cumplimiento a la privación de libertad.? ¿Cuántos más tienen que morir calcinados para que se destinen más recursos a reinserción, no solo el 13,65% del presupuesto como es hoy? ¿Qué imágenes tienen que conmover nuestras conciencias para que se usen de forma eficiente medidas que impliquen cumplir las condenas en libertad?

La consternación y el discurso del Presidente tiene que traducirse en un vuelco de timón de la política criminal de nuestra República. Tenemos que ser capaces como sociedad de destinar los recursos necesarios para que aquellas personas que realmente merezcan la cárcel solo se vean privados de su libertad y no de su vida y dignidad. Debe significar que no se pondrá como única respuesta al delito a la cárcel. Que esta vez sí se echará mano a mecanismos alternativos de sanción. Solo así no veremos imágenes que llenan de vergüenza e indignidad a nuestro país.

por Jorge Contesse & Francisco Cox, Centro de DDHH UDP – Publicada en La Tercera de 10 de diciembre de 2010

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