AGRUPACIONES DE DEFENSA DE DDHH DENUNCIAN IMPUNIDAD

SANTIAGO DE CHILE, 22 (ANSA) – Agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos manifestaron hoy su preocupación por lo que llamaron «nuevas y diversas formas de impunidad» aplicadas por el gobierno de Sebastián Piñera y advirtieron que no se dejarán «intimidar ante la implementación de medidas represivas».

Las organizaciones reclaman por el «desmantelamiento» del área de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), la reducción del equipo de abogados y el estancamiento de causas en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el recorte presupuestario a organizaciones de promoción y defensa de estos derechos.

También protestan por la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado para controlar las manifestaciones de la semana pasada en la región de Magallanes, sur del país, contra el alza del gas decretada por el gobierno, y la «aplicación de fuerza» a comunidades Rapa Nui (en Isla de Pascua, ndr) que reclaman la devolución de «terrenos ancestrales».

«A partir de la instalación del nuevo gobierno, se ha ido sistemáticamente poniendo trabas a la acción de la justicia», afirmó a ANSA Roberto Dorival, del colectivo Londres 38, que agrupa a los familiares de víctimas de la denominada operación Colombo.

Añadió que «esta nueva forma de gobernar de la que nos habla el señor Piñera, esta relacionada con nuevas y diversas formas de impunidad».

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que «el inicio de este nuevo año ha traído consigo un develamiento de la llamada nueva forma de gobernar».

«La derecha, hoy en el poder, ya ni siquiera mantiene las formas de su discurso electoral. Con la arrogancia que la caracteriza no duda en aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado ante las justas reivindicaciones de la ciudadanía de Magallanes», aseguró.

Pizarro precisó que la negación de recursos estatales para organizaciones defensoras de Derechos Humanos «pretende asfixiar su funcionamiento, desconociendo la responsabilidad del Estado en los hechos que llevaron a la formación de estas entidades».

Carta a Hinzpeter 20.01.11

DECLARACION PÚBLICA

En la última semana  informaciones de prensa dan cuenta de cambios en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones que afectan especialmente al Subprefecto Sandro Gaete y al Sr. Ricardo Luengo. Se ha señalado por parte de la Dirección de esa institución  que ambos funcionarios serían trasladados a tareas y ciudades diferentes del país.

Frente a ello, las organizaciones de Derechos Humanos firmantes señalan lo siguiente:

1.- En el largo camino por la búsqueda de la verdad y la justicia, la Policía de Investigaciones de Chile y su equipo de profesionales especializado en Derechos Humanos- integrado por el Sr. Sandro Gaete, y otros funcionarios  destacados-ha cumplido un rol muy importante.

Es de público conocimiento, que la función de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, ha sido fundamental  en el establecimiento de responsabilidades penales de agentes del Estado y en el proceso de esclarecimiento de hechos cometidos durante la dictadura militar. La Brigada, junto a abogados defensores, organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y sobrevivientes de tortura, han sido determinantes en el  cumplimiento de las sanciones penales por parte de los criminales.

Reconocemos en el equipo de trabajo de derechos humanos, articulado a partir de 1990 el proceso de formación en esta compleja materia, el criterio, sensibilidad, seriedad, profesionalismo y compromiso con la justicia de estos funcionarios, y particularmente del Sr. Sandro Gaete.

Pensamos que la acción desempeñada por este equipo, y en particular por personas de enorme decisión como los señores Luis Henríquez, Sandro Gaete,  Ricardo Luengo y Abel Lizama, en muchos casos de víctimas de violaciones de derechos humanos, no se habría obtenido logros y los crímenes seguirían en la  penumbra de la impunidad absoluta.

2.- Recomendamos a la Dirección de la Policía de Investigaciones recapacitar sobre la medida de traslado de este funcionario, y de otros miembros de la Brigada de derechos Humanos, pues su función es indispensable para la formación de nuevas personas en materia de  derechos humanos.

3.- A las organizaciones de derechos humanos les asiste la convicción de que personas como el Sr. Sandro Gaete y otros funcionarios destacados de esa Brigada,  representan en la actualidad, un vínculo de confianza para las víctimas de violaciones de derechos humanos, y  la justicia. Para continuar avanzando y obteniendo logros en derechos humanos,  se requiere   fundamentalmente del compromiso del investigador policial, y por ello, el fortalecer los cuerpos profesionales que en su calidad de auxiliares de la justicia, resulta indispensable para la acción de la justicia.

4.- Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo al Subprefecto Sandro Gaete y recomendamos a la PDI detener el traslado de este funcionario.

Adhieren a la Declaración:

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD

Centro de Verdad y Justicia Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo

Chile SCDA (UK)

CODEPU

Comité de Derechos Humanos de Nido 20

Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria de Valdivia

Corporación de 3 y 4 Álamos

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

FASIC

Londres 38

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca

Fundación Juan Antonio Chávez

Corporación Paine » Un lugar para la Memoria»

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine

Adhiere: Comisión Ética Contra la Tortura

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