Declaración

 26 DE JUNIO, DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE,

A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

incoscienteEn Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, establecido por Naciones Unidas, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) y demás entidades y personas firmantes, reiteramos la permanente exigencia, hacia el gobierno y el Estado, de respeto de los derechos humanos de todos los habitantes del país, especialmente solicitamos respetar aquellas exigencias que dicen relación con la prohibición absoluta de torturar, por lo que exigimos lo siguiente:

1.- El alto a la represión y el cese de la tortura es imperativo en un país democrático; su investigación y sanción expresamente respecto de los mapuche y de los estudiantes movilizados es un deber ineludible por parte de las autoridades; hoy, tememos especialmente por la integridad física y psíquica de los estudiantes, muchos de ellos menores de edad, que se encuentran ocupando sus establecimientos y para quienes pedimos respeto a su dignidad de personas y sus VIDAS. Detener no es sinónimo de castigo físico ni psíquico. Por ello, llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos hacer uso de sus atribuciones para resguardar los derechos de niños y niñas que eventualmente podrían ser desalojados por policías o militares. 

2.- Es urgente que el gobierno de Chile comprenda, que nuestro país en su calidad de Estado miembro de la ONU, debe cumplir con los compromisos contraídos internacionalmente en materia de Derechos Humanos y respecto del crimen de la tortura nuestro país debe sintonizar la legislación nacional e instalar los mecanismos de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como lo contempla el Protocolo  Facultativo a la Convención contra la Tortura y tal como lo recomendó el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), en su sesión de abril de 2009, en Ginebra.

3.- Tampoco nuestro país ha adoptado ni incorporado la definición de tortura en el Código Penal, tal como lo exige la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, impidiendo así, la sanción a un crimen tipificado internacionalmente, como de lesa humanidad.

4.- No se ha terminado con los espacios de impunidad a la tortura que mantiene la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que oculta por 50 años, los nombres de los torturadores e impide a los Tribunales de Justicia acceder a los testimonios de tortura aportados por las víctimas, ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Decimos, tal como lo señalara el  Presidente de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, obispo Sergio Valech que, “para el derecho, el bien jurídico supremo es la vida humana”, por lo que “no pueden quedar crímenes impunes sin poner en peligro todo el orden jurídico”.

5.- Estimamos necesario, la derogación de la ley Nº 18.314, Ley de Conductas Terroristas, por ser gravemente violatoria de los derechos a un juicio justo, a la libertad personal y a la integridad física y psíquica y que ha afectado principalmente a los presos políticos mapuches y otros luchadores sociales.

6.- Demandamos, asegurar la investigación de todas las denuncias  de tortura, especialmente por parte de la policía uniformada y civil que han reiniciado detenciones arbitrarias y secretas, retomando así las formas represivas ejercidas durante la dictadura militar-empresarial.  Igualmente, debe aclararse públicamente el establecimiento en territorio nacional  de bases extranjeras de entrenamiento militar y policial que vuelven a fojas cero la educación en derechos humanos de policías y militares, entendidas como medidas de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos acontecidas en el pasado en Chile.

Finalmente, consideramos que las medidas señaladas y otras planteadas en años anteriores, contribuirían muy positivamente a erradicar la tortura, a fomentar el respeto de los derechos humanos fundamentales y al debido cumplimiento por parte de nuestro país de sus compromisos internacionales en la materia.  Plantearlo, constituye nuestra responsabilidad en la instauración de una sociedad auténticamente democrática.

Firman:

Juana Aguilera Jaramillo, Presidenta, Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile).

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz.

Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP.

Pablo Ruiz, Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas.

Hervi Lara B., Delegado del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL).

María Dolores Cruzat Novoa, Conferencia de Religiosos de Chile, CONFERRE

Fernando Aliaga Rojas, Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile.

Miguel Monserrat, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina.

Patricio Véjar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King.

Organización de Defensa Popular, ODEP.

Osiel Núñez, Corporación 3 y 4 Álamos

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