Documento: Declaramos Inmoral la Pobreza

En PDF: CECT declaramos inmoral la pobreza

«Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizá mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrupta en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas. En la que poderes mediocres, que pueden hoy destruirlo todo, no saben convencer; en que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y de la opresión.» Albert Camus

 Comisión Ética contra la Tortura [1] – Documento para el  Seminario DECLARAMOS ILEGAL LA POBREZA – Universidad de Santiago de Chile  21 de Noviembre 2014 

Cultura de la Muerte

En el año 2018, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por Naciones Unidas, cumplirá 70 años. Allí la voluntad de los Estados y Gobiernos reafirmaron que el valor de la persona humana está por encima de cualquier razón que pretenda atentar contra ella.

El mundo globalizado de hoy no sólo ha traído nuevas formas de explotación del hombre por el hombre y de circulación de los capitales; además asistimos a la instalación de grandes monopolios financieros donde el dinero es el elemento del mercado que más  se transa, ajeno a la suerte de millones de seres humanos. Las grandes corporaciones transnacionales destruyen nuestro hábitat y arrasan con toda forma de vida, impunemente, colocando en peligro la supervivencia de la humanidad sobre la tierra. La complejidad de las comunicaciones y el desarrollo vertiginoso de las tecnologías con las que  lidiamos cada día, repercuten contradictoriamente sobre la vida humana: por una parte, mejoran y alivianan tanto obras y faenas como tareas domésticas en miles de comunidades y hogares. Y por otra parte, no son pocas las tecnologías e inteligencia moderna que se han colocado al servicio del exterminio de seres humanos a través de la acción bélica: armas nucleares y químicas, variados armamentos que destruyen la vida humana y no la infraestructura de las ciudades; armamento de control y vigilancia de las poblaciones como drones y otros prototipos que actúan en los países con reservas energéticas, donde la disputa por estos recursos es a la vez una declaración de guerra y exterminio para esos pueblos. Otro fenómeno al que asistimos tiene que ver con el desarrollo económico que alcanzan las mafias y carteles narcotraficantes. Estos se apropian de barrios, gobiernos, policías y Estados, dejando un reguero de muerte y miedo en muchos países de América Latina. Recientemente, hemos asistido al horror al escuchar las declaraciones hechas por los sicarios del narcotráfico en México, uno de cuyos jefes  detentaba el cargo de Alcalde en la ciudad de Iguala y que están implicados en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en México. Ellos dicen que a lo estudiantes los asesinaron, los molieron, los quemaron y luego esparcieron sus cenizas en un río. Esta cruel descripción, que la mayoría de las personas quizás escuchan por primera vez, no es más que un nuevo producto de exportación de un método de exterminio ya instalado en otro país de América Latina: Colombia. En este país los pueblos originarios, los campesinos pobres y afro descendientes de la zona de Buenaventura, de la región del Cauca y otras, son perseguidos, hostigados, amenazados, asesinados, para desplazarlos y robar sus tierras. El Estado, el Gobierno, los poderes policiales y de Justicia del Estado saben que hay lugares donde “pican” a las personas; saben que las empresas de biocombustible se apropian de los terrenos de quienes han sido desplazados para hacer sus plantaciones de palmeras y también saben que las empresas mineras son las que aportan con las maquinarias que en las faenas trituran piedras y que en los ataques represivos, muelen seres humanos.

En Chile, la apropiación del narcotráfico de la política es aún lejana o al menos no se palpa de manera evidente, sin embargo, la coaptación de policías por parte de esos grupos de poder ha conllevado la comisión de delitos graves como torturas, detenciones ilegales, tráfico de drogas.  En este mismo sentido hace poco, y luego de un largo proceso de investigación por el asesinato y desaparición del joven Jorge Matute Jonhs, hecho acontecido a mediados de los años 90,  se ha sabido que entre los personajes investigados en relación a la comisión de este crimen se encuentra el  General de Carabineros, recientemente acogido a retiro, Iván Bezmalinovic[2]. Este agente policial ha sido tristemente conocido como represor en la zona de la Araucanía dado su cargo de jefe de zona. Ha dirigido personalmente operaciones de allanamientos y ataques policiales a comunidades y entre otras de sus especialidades se cuenta la represión a los niños y niñas mapuche. Bajo su mando se amenazó en el año 2009 con lanzar desde un helicóptero a un niño de 16 años si no entregaba a sus padres o cuando al intentar explicar la existencia de niños y niñas heridas con perdigones, este General señaló que los mapuches “los usaban como escudos humanos”. De otra parte, y recientemente, otros policías civiles fueron detenidos por formar parte de una red de tráfico de drogas y de realizar una serie de delitos en su condición de agentes policiales del Estado. En resumen, la narco política, la narco-democracia es un fenómeno actual que se agrega a las estrategias de cultura de la muerte que se reserva a gente mayoritariamente pobre. Resulta muy grave el hecho que policías sean reclutados por grupos narcos. Ello deja a la sociedad en condiciones de inseguridad mayores que cuando enfrenta a ciudadanos que delinquen, porque finalmente no se trata ya de simples delincuentes, sino de asociaciones  criminales a gran escala y con poder de fuego, entrenados y adiestrados ante una población inerme que no podrá distinguir entre un policía corrupto de otro que no lo es.

La actual violencia a la que son sometidos muchos pueblos latinoamericanos,  no logra sacarnos de la cultura de la muerte,  aquella de las desapariciones forzadas de personas y de la tortura que América Latina conoció con las dictaduras cívico-militares. Estas, al servicio de los grandes grupos económicos, refundaron las bases de las sociedades latinoamericanas y su  poder  aún pesa en las decisiones gubernamentales post dictatoriales. La cultura de la muerte que continua a reproducirse tiene como efecto la relativización de  los crímenes de lesa humanidad, los normaliza, haciéndolos cotidianos  y lo que es peor, hace retroceder el gran avance que representó para movimiento mundial de defensa y protección de los derechos humanos, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tipificación de los delitos de lesa humanidad y los tratados internacionales que se derivan.

La dictadura de la pobreza: no se nace pobre, hay personas sometidas a la pobreza

Hoy existe consenso que la principal causa de la pobreza mundial es el neoliberalismo, cuyos efectos se ven agravados por la globalización económica que es la que finalmente determina los lugares del planeta e incluso las personas que están incluidas directamente en los beneficios del crecimiento y quiénes no. Lo que es más  grave si se extrapola esta máxima, al goce de los derechos, hoy se sabe quiénes accederán a derechos y quienes no.

El neoliberalismo reúne países, poderes políticos, económicos, militares y sociales que imponen a otros sus reglas en materia de producción, de explotación de recursos naturales, de importaciones, exportaciones, flujos de inversión extranjera, flujos de pagos por regalías asociadas a la transferencia de tecnologías e innovación tecnológica. Este nuevo poder integra selectivamente sólo aquello que le resulta útil  a sus valores e intereses. A esos países vasallos se les llama integrados en el lenguaje de la globalización. Pero ¿a qué están integrados? Están integrados a una verdadera dictadura del monopolio económico que los somete a nivel macro social y micro social donde dicta las pautas, incluso culturales, de conductas.

El poder del sistema neoliberal campea en casi todo el planeta, sin embargo la gran mayoría de las personas en el mundo no participa de sus supuestos beneficios. Se descuidan las urgentes necesidades de las personas so pretexto de la integración de los mercados. Mientras concentran el poder se consagra la marginación de los más pobres. Marginación de los pobres que sitúa a los países no desarrollados en un abismo infranqueable respecto de las potencias, pero que reproducen su marginalidad al interior de sus propios territorios con su gente, la que incluso es física y geográficamente segregada, haciendo guetos de los suburbios, favelas, villas y poblaciones. Todo lo que hay en esos lugares son servicios para pobres, escuelas para pobres, hospitales para pobres, alcantarillados para pobres, etc, etc. En esa lógica, la dislocación social no se liga a una falta de creación de la riqueza, sino a la distribución arbitraria y apropiación injusta de los bienes que producen miles de trabajadores; de la extracción y apropiación de los recursos naturales que también nos pertenecen a todas las personas que habitamos la tierra.

En este sentido el proceso por el que una sociedad rechaza a determinados grupos sociales es un proceso planificado e intencionado. Y que no tiene que ver sólo con la indolencia o la indiferencia o falta de solidaridad hacia la otredad, sino y sobre todo tiene que ver con que subyace en los poderosos la idea de que ciertos grupos humanos son desechables, o que se los debe colocar al margen. Y si no acatan, son entonces sujetos de exterminio, represión o de reclusión.

Una persona marginada no es simplemente una persona que se encuentra con barreras para satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las más secundarias. Ser sometido a la marginalidad y la pobreza tiene repercusiones mucho más graves para grupos humanos para quienes la sociedad es una entidad de la que sólo recogen desesperanza e incertidumbre acerca de su existencia. Los pobres son estigmatizados, están constantemente bajo sospecha, hostigados y en tiempos de elecciones, son objeto de políticas públicas mediáticas relacionadas con la entrega de bonos y otras medidas de carácter gubernamental tendientes a restarles capacidad de acción colectiva u organizativa, puesto que esa intervención desde el poder tiene un carácter esencialmente asistencialista, dirigido a individualidades.

Es necesario detenerse en la marginalidad que lleva a acciones delictuales. Los pobres llenan cada día más en el mundo numerosos centros de reclusión. En Chile, por ejemplo, el presupuesto de Gendarmería en el año 2014 consideró partidas  sobre los 340 mil millones de pesos para la operación de las cárceles, entre las que se cuentan, las cárceles tradicionales, las concesionadas, la creación de 10 nuevos centros CRS (centros de rehabilitación)  y la inversión en nuevas cárceles y sólo dejó un poco más de 38 mil millones para programas de rehabilitación e implementación del programa de tobilleras electrónicas.  Si agregamos a ello la situación en las cárceles en Chile el panorama es desolador; hacinamientos, condiciones de higiene y salud deplorables; reglamentos internos arbitrarios; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes les están reservados a las personas en reclusión casi de manera permanente como si fuera un política de Estado. Realidad que favorablemente y a pesar del encierro, trasciende y la opinión pública cada cierto tiempo se entera de situaciones graves al interior de los penales, muchas de las cuales quedan impunes porque nuestro país aún no incorpora en la legislación nacional la investigación y sanción al delito de tortura[3]. Situación similar viven los menores de edad quienes son objeto de una doble exclusión en etapas claves de desarrollo de formación de la persona humana e identidad: excluidos de una familia y por tanto del cariño que todos necesitamos para crecer;  excluidos de la sociedad y prontuariados judicialmente, convirtiéndose los antecedentes judiciales en una barrera más para su reintegro a la sociedad.

En medio de este panorama, los titulares de la prensa nos informan que las ganancias de las ISAPRES o seguros privados para las prestaciones en salud han sido las más altas en los últimos 9 años. Ganancias que no se condicen con la calidad de la atención de salud en los hospitales públicos y centros de atención primaria del país. Parecida situación evidencian  las AFP entidades que administran los fondos de pensiones que a los trabajadores se les descuentan en vida laboral para sus pensiones. El sistema de AFP creado en 1981 y que ya cumplió 33 años de existencia ha llegado a obtener niveles de rentabilidad superiores al 20% como empresas, con puntas incluso superiores a 40% en los fondos más riesgosos y hasta 5 veces más de aquello que rentan los fondos que gestionan. A vista y paciencia de todos los chilenos, estas entidades creadas por la dictadura se enriquecen a costa de la futura pobreza de sus afiliados: en efecto las personas jubiladas obtienen pensiones irrisorias, paupérrimas que lleva a miles de hombres y mujeres vivir el final de sus vidas, en condiciones de indignidad, con dolencias y enfermedades crónicas, desvalidos y discapacitados.

Tortura y pobreza

La pobreza provoca en quienes la viven desastres humanos similares al que produce el flagelo de la tortura en el tejido social de las comunidades o grupos de personas sometidas a  este crimen de lesa humanidad. Los especialistas[4] que han analizado los efectos psicosociales que deja la tortura en las personas, nos señalan que el Estado al torturar a una persona, genera una serie de conductas en el individuo descritas como un estado de shock. Las reacciones posteriores a la detención que tienen esas personas indican que están permanentemente condicionadas por  el estrés provocado por la tortura. El objetivo de este flagelo es múltiple y efectivo, porque no sólo castiga a un luchador social, sino que a través de él, castiga a toda la organización a la que pertenece y a sus miembros. La tortura siembra la desconfianza entre ellos, surgiendo acusaciones y culpables; se rompen los lazos de solidaridad que desarrollan las personas organizadas y quienes han vivido la tortura pocas veces logran reorganizarse, porque el miedo lo paraliza. Así la tortura logra su objetivo. Mucha gente en Chile no ha dicho que ha sido torturada; muchas personas en nuestro país viven las consecuencias de la tortura solas y en silencio. En el caso chileno, ha habido a lo menos una doble destrucción del tejido social desde el Golpe de Estado a la fecha: el tejido social que avanzó con Salvador Allende al gobierno entre 1970-1973, y el tejido social que se armó para resistir a la dictadura y que fuere absorbido y destruido en los años 90, bajo el pretexto de construir un Chile donde todos tuviésemos cabida. El primero fue destruido por el terror. El segundo tejido social fue destruido mediante el engaño. A pesar de esto Chile camina hoy con un nuevo armado social, coordinado esencialmente desde los jóvenes por la recuperación del derecho a la educación pública. Esta batalla sectorial resulta estratégica si queremos mover la dictadura neoliberal que recorre Chile.

Los efectos que tiene la pobreza en las personas resulta tan desestructurante como la tortura, que las personas no logran siquiera tener esperanzas, aspiraciones. El destemple que les produce ya el concepto “mañana” los desestabiliza mentalmente; se produce un proceso de destrucción de la persona en que finalmente sucumbe, enajenándose de un mundo que los expulsó sin explicación alguna. Esta pobreza, no tiene nada de natural, ni nada de casual.

Anteponer la Universalidad de los Derechos Humanos a la Globalización Neoliberal

La Organización Mundial de la Salud acaba de señalar que existen hoy en el mundo 1200 millones de seres humanos que no pueden acceder al agua potable y sin contaminación. El derecho al agua un derecho humano esencial, que provee la madre tierra y que  hoy es apropiado por grandes corporaciones capitalistas nacionales y extranjeras: se hace entonces necesario y urgente actuar para que este derecho sea asegurado por el Estado para todas las personas.

Si miramos nuestro entorno natural, tenemos que se ha vulnerado el derecho a un medio ambiente sano y descontaminado y que no son pocas las comunidades que obtienen su agua diaria, desde camiones cisternas. Y así podríamos ver y analizar cada uno de los derechos que tenemos como personas y que hoy están siendo vulnerados por este sistema económico que priva de derechos, bienes y servicios y excluye a miles de millones de habitantes. Por ello a la globalización de los poderes económicos debemos oponerles resistencia, colocando como ejes esenciales de nuestro que hacer los derechos inherentes a la dignidad humana. El combate por universalidad de los derechos humanos y la indivisibilidad de los mismos, serán la única forma para hacer avanzar el resguardo de la VIDA y la HUMANIDAD.

Como dice Albert Camus,  tenemos hoy el deber ético y moral de “impedir que el mundo se deshaga” y reafirmar la vigencia de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.  Ellos son hoy de vital importancia para frenar esta vorágine de destrucción, depredación, superexplotación y muerte que se reserva para miles de seres humanos. Por todo ello, declaramos inmoral la pobreza.

Se hace necesario avanzar en la elaboración de nuevos propósitos frente a la exclusión, los prejuicios sociales, la dictadura de los medios de comunicación traducidos en dispositivos de control masivos, las políticas públicas y las leyes que promueven y sustentan la marginalidad y la pobreza.  Es menester situar la superación de la pobreza en primer lugar, en un horizonte de lucha y esfuerzo colectivo por la vigencia de la plena soberanía popular con la lucha por una asamblea constituyente. También intervenir en aquellos factores que influyen en los procesos de educación y de reconstrucción de las personas abandonadas a su suerte en la pobreza.  La formación en derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales, medio ambientales y de la tierra no puede soslayar esta responsabilidad. La educación y organización como herramientas de integración liberadora de las personas, de desarrollo de su creatividad, de su sentido crítico, será el único eslabón para establecer nuevas relaciones humanas y la condición de superación en este consenso neoliberal de  opresión económica, donde la pobreza es su más odioso resultado.
Juana Aguilera Jaramillo

Presidenta

Comisión Ética contra la Tortura

Santiago, 21 de noviembre 2014

Notas

[1] La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) es una organización que agrupa a diversos colectivos y personalidades que desarrollan acciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile.  La CECT fue creada en marzo de 2001, al cumplirse diez años de la presentación del Informe Gubernamental de la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre violaciones a los derechos humanos ejercidos durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. Dicho Informe consignó los delitos de desapariciones forzadas y ejecuciones a manos de los servicios secretos y  aparatos de seguridad del Estado, así como también los casos de tortura con resultado de muerte. No obstante,quedaron fuera todos los otros atropellos, tales como el exilio, la relegación y la tortura que afectaron a varios miles de personas. Frente al olvido y la falta de justicia para los sobrevivientes de tortura se formó la Comisión Ética contra la Tortura, cuyo principal objetivo – además de ser una pequeña expeciencia liberadora que quiere contribuir al despertar de la conciencia del pueblo por la defensa de sus derechos humanos-, fue exigir al Estado la creación de un instancia de Verdad, Justicia y Reparación. Sus gestiones dieron paso a que el 3 de agosto de 2003, el entonces Presidente de la República Ricardo Lagos diera a conocer la constitución de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. La citada Comisión mantuvo su funcionamiento por dos periodos de atención a las víctimas de tortura. No obstante, la Comisión Ética contra la Tortura  ha considerado su necesaria permanencia en el tiempo, debido a la ausencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos y a la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado de Chile, bajo los principios de la convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el objetivo de terminar con la práctica y delito  de tortura, presente aún hoy en Chile.

[2] Diaro electrónico www.eldinamo.cl, 18 de diciembre 2013. Su hermano de Carlos Bezmalinovic, agente de  la CNI, policía política de la dictadura cívico-militar, efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), en 1988 fue acusado de asesinar a los frentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin. En octubre del 2007, la Corte de Apelaciones de Rancagua sometió a Bezmalinovic junto al oficial en retiro Julio Verne Acosta a proceso por el asesinato de Magni y Pellegrin; ellos eran los jefes de un grupo del FPMR que atacaron el 21 de octubre de 1988 el retén de Los Queñes, donde murió un carabinero. Los cuerpos de ambos aparecieron en octubre en el río Tinguiririca, con evidentes signos de haber sido torturados antes de ser ejecutados.

[3] El Diario electrónico www.Lanación.cl del 19 de noviembre 2014. La justicia condenó a tres gendarmes por torturar a cinco presos recluidos en la cárcel de Puente Alto, uno de ellos fallecido producto de los tormentos en 2012, según informó este martes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Precisamente, esta organización no gubernamental la que presentó la querella contra cuatro gendarmes por estos hechos el pasado 27 de agosto alegando apremios ilegales, según consigna el artículo 150 del Código Penal. Durante el juicio, que se extendió algo más de dos meses, los involucrados admitieron su responsabilidad en lo sucedido, por lo que se condenó a tres de ellos, Nelson Pinto, Rodrigo Aravena Muñoz y Juan Tapia Morales.directora del INDH, Lorena Fries valoró la sentencia como “satisfactoria” ya que se reconoce la responsabilidad de los funcionarios que llevaron a cabo los actos de tortura.“La tortura existe en Chile por parte de los funcionarios públicos, el Estado debe intensificar la formación en derechos humanos de los funcionarios que están en contacto directo con personas privadas de libertad”,afirmo Fríes. El 31 de diciembre de 2011, cinco internos fueron sorprendidos por personal de Gendarmería con un bidón de licor y un teléfono, hecho por el que los funcionarios obligaron a los presos a confesar quien era el propietario. Los internos fueron obligados a beber el licor y realizar ejercicio físico hasta vomitar, para más tarde aplicarles gas lacrimógeno, agua a presión y fuertes golpes. A causa de todo ello, uno de los torturados sufrió una intoxicación alcohólica que al no ser tratada por servicios médicos le provocó la muerte durante la madrugada del 1 de enero de 2012.Desde su creación, el INDH ha presentado 12 querellas por tortura y 15 recursos de amparo por malos tratos contra la Gendarmería de Chile.

[4] Doctora Paz Rojas, psiquiatra chilena, defensora de los derechos humanos; fundadora del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo en dictadura y luego dirigente de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, consultora internacional ante entidades de estudio y prevención de la tortura.

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