MANIFIESTO POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

1El 10 de diciembre se ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos.  Hace 66 años, la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmando así que la vida no tiene precio y que no existen razones que puedan justificar las injusticias y las represiones sobre las personas y los pueblos. 

Diversas organizaciones de derechos humanos se reunieron para la elaboración de un Manifiesto por la Dignidad y los Derechos Humanos de Todos los Pueblos que Habitan Chile.  Este documento ha sido dirigido al Estado de Chile, al gobierno, así como a la comunidad nacional e internacional y ha sido entregado en el Palacio de La Moneda en medio de una numerosa marcha alrededor de la Casa de Gobierno.

Entre otros puntos, el texto señala en clara alusión a la impostergable necesidad de Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, que “la sociedad democrática se legitima sobre la base de la justicia, la que exige ponerse de acuerdo en los criterios de decisión sobre lo que es justo y lo que es injusto, los  que deben ser comprendidos y asumidos por todos”.  Esto significa que la justicia es la expresión de los derechos humanos, puesto que “hemos sido testigos de la connivencia y complicidad entre los gestores civiles, los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar”.  Agregando que “el Estado chileno ha promovido la amnesia por sobre la memoria y la justicia.  Esta intención, en conjunto con la concentración de la riqueza, ha sido un proceso sutil pero violento de la apropiación de lo que nos corresponde a todos.  Por eso se enfatiza el olvido sobre las violaciones de los derechos humanos: la memoria es la genealogía de la injusticia.  Se busca borrar las huellas del genocidio privando de significado a los crímenes y latrocinios”.

Con profunda claridad, el Manifiesto señala que “una cultura basada en los Derechos Humanos debe desarrollar todas sus dimensiones: la dimensión histórica  relata y analiza los hechos que constituyen la base del presente; la dimensión jurídica identifica la acción criminal y enjuicia a los responsables; la dimensión política orienta el pasado en función de los intereses presente y futuros; la dimensión y acción social es la fuerza transformadora de la sociedad que, desde su autonomía e independencia amplía los marcos establecidos haciendo evolucionar a los Estados.  En consecuencia, resulta indispensable la memoria, pues posibilita la identidad de los pueblos con su historia y, por ende, genera la capacidad de protagonizar el futuro. Resulta imposible la democracia si el criminal y sus cómplices autojustifican los crímenes cometidos y mantienen pactos de silencio que obstruyen la verdad y la justicia”.

Las organizaciones de derechos humanos partícipes del Manifiesto, entre las que destaca la presencia de la Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile), no permanecen en el pasado dictatorial, sino que implican los derechos jurídicos, civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, al afirmar que “en los campos, miles de mujeres y hombres soportan cotidianamente las lluvias de pesticidas y fungicidas que aseguran exportaciones que erosionan nuestros suelos.  Los pescadores artesanales han sido despojados del alimento cotidiano, el cual es entregado a los grandes grupos económicos que se han apropiado del mar y sus recursos.  Numerosas comunidades viven hoy la carencia del agua, dado el robo realizado por grandes propietarios de tierras y de empresas mineras, que se han apropiado del elemento vital, además de contaminar y destruir la biodiversidad.  Se agregan las condiciones en que se enfrentan la cotidianidad como es el sistema de transporte, la adulteración genética de los alimentos, la industria farmacéutica, la permanente contaminación ambiental, por nombrar algunas de las violaciones a  la vida y a la dignidad de las personas”.

Las organizaciones de derechos humanos instan al pueblo a fortalecer la organización social, deteniendo la máquina de muerte, postulando el derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile; derecho a otorgar fuerza vinculante a todos los instrumentos legales internacionales firmados por el Estado de Chile; derecho de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de la represión ejercida por los organismos de inteligencia; derecho a la justicia de los sobrevivientes de tortura; poner fin a la Constitución de Pinochet y a todos los enclaves autoritarios; anulación del DL de amnistía; terminar con la Justicia Militar, así como con las cárceles especiales de genocidas.  Además, se exige anular la Ley Antiterrorista y eliminar todo tipo de tortura y desaparición forzada de personas.  Poner fin al extrañamiento, al envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas, a la carrera armamentista y a las granjerías de que gozan las FFAA.

Entre las medidas  por el Nunca Más, se solicita impartir Educación en Derechos Humanos en todos los niveles de enseñanza, incluyendo a las FFAA.  Instalar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.  Tipificar el delito de tortura en el Código Penal. Conformar un tribunal que desarrolle juicios éticos a los violadores de derechos humanos de la dictadura, a los instigadores del golpe de Estado, a los cómplices y a los que se enriquecieron con el sistema económico impuesto.

Es significativo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como la representación de la ONU, coincidan con las formulaciones de las organizaciones de derechos humanos.  Ello debería desembocar en un trabajo conjunto  para lograr de manera efectiva verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura y para que la sociedad chilena supere la valla de ser aún una “democracia de baja intensidad”.

Hervi Lara- Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile)

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