Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales, al inicio del año 2015

Como profesionales comprometidos con los derechos humanos y la democracia, queremos expresar nuestra preocupación por  los hechos que se investigan a nivel judicial y que ponen al descubierto la vinculación ilícita del poderoso grupo empresarial Penta con parlamentarios, políticos y ex funcionarios del Estado, financiados en secreto por Penta. 

El Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales ha destacado por años que los trabajadores, los estudiantes, los mapuches y las grandes mayorías del país son privados de sus derechos y criminalizados cuando los defienden, y ha sostenido que la Constitución y las leyes actuales no sirven para resolver los problemas de salud, educación y trabajo digno. El cohecho y el soborno se evidencian ahora como la explicación más plausible para la mantención de un sistema que sólo daña los intereses de la mayoría.

En este contexto deseamos reiterar al gobierno, a los parlamentarios y a la sociedad en general, nuestras propuestas en el campo de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad (parte I) y también los derechos humanos sociales y culturales (parte II).

Nuestra visión también recoge planteamientos del “Manifiesto por los DDHH de todos los pueblos que habitan Chile” que 82 organizaciones de derechos humanos de todo el país dieron a conocer el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Compartimos su diagnóstico de que el sistema neoliberal impuesto por la dictadura a través de la Constitución, y las leyes de impunidad son contrarios a la democracia. Sabemos que lo  logrado en verdad, justicia, memoria y reparación ha sido fruto de la organización y la lucha mancomunada iniciada hace más de cuarenta años, mientras que la inmensa mayoría de los responsables civiles y militares de los crímenes cometidos en dictadura,  gozan de la impunidad. Según cifras oficiales, de los 281 ex agentes condenados por sentencia definitiva, sólo 75 de ellos permanecen a la fecha cumpliendo una pena de prisión efectiva pero 3 de ellos ya accedieron a la libertad condicional y 8 cuentan con beneficios penitenciarios. Ello significa que 206 de ellos recibieron condenas inferiores a 5 años y 1 día, y actualmente cumplen sus penas bajo el beneficio de la libertad vigilada.

Asimismo concordamos con el Manifiesto que en materia de derechos humanos sociales y culturales, la soberanía que reivindicamos, es la soberanía sobre nuestros recursos naturales (bienes comunes), nuestros glaciares, nuestra diversidad, nuestras aguas y nuestras semillas. 

 I Estas son las medidas que el gobierno debiera adoptar en el más breve plazo: 

  1. Poner el carácter de urgencia al proyecto de fin de la Amnistía (Boletín Nº 9748-07)  enviado por la Presidenta Bachelet el 10 de diciembre de 2014, que establece que los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio  son     inamnistiables e imprescriptibles. Ello permitiría dejar de aplicar la prescripción o la media prescripción en los juicios por crímenes cometidos en dictadura, poniendo al día la legislación penal chilena respecto de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, ratificando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas. También es necesario ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
  2. Poner urgencia a la discusión del proyecto que pone fin a la aplicación de la justicia militar sobre civiles (Boletín Nº 8803-12).
  3. Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad y tramitar el proyecto existente que incorpora en el Código Penal la tipificación del delito de tortura y su sanción.
  4. Reconocer por parte del Estado, el derecho a que todos los sitios de memoria sean declarados patrimoniales, con valor histórico y que el Estado se responsabilice de su conservación entregando su administración a la sociedad civil.
  5. Reconocer el derecho ciudadano a acceder a los archivos secretos de la represión de todos los organismos de inteligencia y represivos del Estado, los que deben poseer carácter público y protección histórica.
  6. Reconocer el derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dejando de operar judicialmente en contra de este derecho a través del Consejo de Defensa del Estado.
  7. Asegurar la continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos a cargo del antiguo sistema procesal, dotando al poder judicial de todos los recursos necesarios para ello y reforzando la colaboración del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con esas investigaciones.
  8. Establecer una asignación presupuestaria (Fondo) permanente, orientada a la recuperación de la Memoria Histórica en sus diversas expresiones, en cuya gestión tengan participación las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
  9. Fortalecer el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) de atención a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
  10. Establecer un Mecanismo Nacional de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, con competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención.
  11. Dejar de enviar miembros del ejército y la policía a formarse en la ex Escuela de las Américas, actual Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, responsable de la formación de torturadores en el pasado y que hoy continúa transmitiendo la doctrina del “enemigo interno” que debe ser aplastado. Cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile (Fuerte Aguayo de Concón).
  12. Terminar con las cárceles exclusivas para sentenciados por crímenes de lesa humanidad.  

II   El Estado de Chile debe mostrar en el país y también a nivel internacional un ejercicio ético del poder, comprometiéndose a:

  1. Respetar el derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile, haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Originarios.
  2. ) Defender el derecho a una nueva Constitución Política que surja de un proceso constituyente genuinamente democrático, y que refunde el Estado sobre la base del respeto a la diversidad, la multiculturalidad y los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio; una Constitución Política que tenga capacidad revocatoria de las autoridades elegidas y unas Fuerzas Armadas y policiales que se subordinen al poder civil, y que establezca las garantías necesarias por parte del estado ante la vulneración los derechos humanos y ciudadanos. Los mecanismos del proceso constituyente deben asegurar que sea posible incluir conceptos claves como la recuperación del rol del Estado; el derecho a la educación gratuita y de calidad; a la salud y medicamentos para todos; al trabajo digno, el derecho a la vivienda y a un medioambiente libre de contaminación; a la remuneración y la previsión adecuadas; la recuperación como patrimonio del Estado de los recursos naturales (bienes comunes) como el agua, el cobre, el litio, y las semillas campesinas.  Debe discutirse una política energética concordante con la sustentabilidad ambiental y social. Se debe reconocer los derechos de los pueblos originarios a su territorio ancestral y los derechos de las minorías sexuales. Los mecanismos de elección del nuevo parlamento deben incluir transparencia en las campañas electorales, y mecanismos efectivos contra la corrupción y los conflictos de interés. Debe garantizarse, entre otros, el derecho al acceso a la información y generar una política de medios de comunicación democráticos que excluya la concentración de estos; asimismo debe generarse mecanismos que garanticen la descentralización política, institucional y financiera y el ordenamiento territorial.
  3. Sancionar ejemplarmente a los uniformados responsables judicialmente de la muerte, tortura y/o malos tratos a personas, expulsándolos de sus instituciones y demandando sanciones penales en los respectivos juicios.
  4. Terminar con la práctica de criminalización de los movimientos sociales y sus luchas.
  5. Derecho a la igualdad de los géneros, que garantice los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a un aborto seguro, en el caso de las mujeres. Defender los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas eliminando las prácticas de discriminación y de violencia sexual ejercida por la policía en su contra; haciendo cumplir la legislación en materia de violencia contra la mujer. Se les debe garantizar un pronto acceso a la justicia en todos los casos de violencia, sea ésta sexual, intrafamiliar o policial.
  6. Garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales para todas las personas, incluida la población de inmigrantes, afro descendientes, gitanos y sus familias.
  7. Defender los derechos de los menores de edad y en particular de la niñez mapuche, vulnerados persistentemente en el marco de la persecución a líderes y luchadores sociales de las comunidades mapuche.
  8. Reconocer efectivamente los derechos de los pueblos originarios y del pueblo mapuche, atendiendo las demandas actuales de autonomía, reparación y recuperación de su territorio.
  9. Poner fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales.
  10. Presentar un proyecto que legalice el plebiscito para que los ciudadanos puedan decidir respecto del modelo económico y social y sus políticas, de tipo económico, social, educativo, de salud, administrativo, cultural, ambiental, laboral en momentos que la situación nacional así lo exija.

Como Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, proponemos los puntos aquí señalados para cuestionar el paradigma imperante e impulsar un debate libre y creativo que nos permita avanzar a una sociedad en la cual el respeto a los derechos de todos y todas constituya una práctica cotidiana.

Coordinador de Derechos Humanos Colegios Profesionales de Chile

Luis Astorga J., Contador Público 

Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Comisión de Derechos Humanos Colegio de Enfermeras, Comisión de Derechos Humanos Colegio de Trabajadores Sociales, Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas, Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Contadores de Chile C.R.M,. Colegio de Matronas, Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos Colegio de Arquitecto.

Una respuesta

  1. Reblogueó esto en Antropología para Todosy comentado:
    Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales proponemos los puntos aquí señalados para cuestionar el paradigma imperante e impulsar un debate libre y creativo que nos permita avanzar a una sociedad en la cual el respeto a los derechos de todos y todas constituya una práctica cotidiana.

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