PARA QUE LA VERDAD HISTÓRICA PUEDA PREVALECER

auton2080Compañeros, compañeras:

El Presidente Lagos, señala en su carta al director de El Siglo, que la “La verdad histórica tiene que prevalecer”. Leyendo desde allí es necesario aclarar algunas cuestiones: el decreto que crea la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura es el decreto 1.040, cuyo texto adjunto, ahí se  puede verificar que versa sobre la conformidad de dicha comisión, su estructura, el objeto y el período histórico de su trabajo y el tiempo de su funcionamiento.

Lo segundo, es que la ley que se promulga inmediatamente después que se hace público el Informe Valech, sus conclusiones y recomendaciones -que por cierto consideraba términos de reparación similares a los entregados a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y que el Gobierno y el Parlamento no consideraron-, es la Ley 19.992.

Con el Informe Valech, se publicaron los nombres de los torturados y se ocultó con la ley 19.992, los nombres de los torturadores que estaban en los testimonios recabados por la Comisión. Se publicaron los tipos de tortura y se identificaron más de 1.200 centros donde agentes del Estado (civiles y uniformados), ejercieron la tortura contra prisioneros y que recibían  remuneraciones por ello.

Adjunto texto de la ley 19.992 que en su Título IV denominado “Del Secreto”, artículo 15, se lee “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº1.040, del 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido”.

Y más adelante señala “El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedaran bajo la custodia del Ministerio del Interior”.

El inciso a continuación dice: “Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonio incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Es decir, cada persona podía, si lo estimaba pertinente,  hacer su propia querella ante los tribunales, pero de lo que se trata en realidad el del grave hecho que  el Estado, el Gobierno, el Presidente de la República e incluso los propios Tribunales de Justicia, con el Informe Valech conocieron hechos constitutivos de delitos y hasta la fecha han sido incapaces de entregarlos a las instancias pertinentes para que sean investigados. Por lo mismo, en todos estos años, hemos estado lejos de hacer VERDAD, aplicar JUSTICIA y promover acciones REPARATORIAS, JUSTAS Y ADECUADAS como lo señala la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Soy una de las cerca de 30 mil personas que aparece en el listado del primer funcionamiento de la Comisión Valech; jamás me preguntaron si quería que se ocultara mi testimonio y veo la suerte de la persona que se encontró con el Presidente Lagos, según relata en la carta a El Siglo, pidiéndole 30 años para guardar su testimonio y que él, comprensivo, lo dejó mejor en ¡50 años!, no vaya a ser cosa que la persona aquella, tuviese una vida muy longeva…

En mi caso, antes que se hiciera público el Informe Valech, en noviembre 2004, varias personas colocamos una querella criminal por torturas en tiempos de dictadura. Fuimos un grupo de mujeres que estuvimos presas en los 80, en el cuartel Borgoño de la CNI en Santiago. Aún no tenemos NADA. La investigación la hizo la jueza Dobra Luksic y luego se declaró incompetente. Ahí se quedó durmiendo la querella… Cuando caí presa en mayo del 80, una vez en libre plática, lo primero que hizo mi abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Jorge Sellán, fue presentar ante los tribunales una querella por torturas que jamás vio algún resultado. Los ex presos políticos organizados a fines de los 90 comienzos de los 2000, en un número superior a 600 personas colocamos una querella por torturas, sin resultados hasta hoy. Esa acción jurídica se formuló contra Pinochet que se encontraba preso en Londres y donde a la época el Gobierno saliente de Frei y entrante de Lagos, hacían múltiples esfuerzos para traerlo y burlar la Justicia Universal que había precisamente dado una orden de arresto internacional, justamente basada en la Convención contra la Tortura  firmada por Chile el año 1988. Varios otros ex presos han hecho algo similar, con resultados parecidos, de modo que tampoco es tan cierto que si buscamos justicia haciendo la misma declaración en los tribunales como la que hicimos en la Comisión Valech, obtendremos justicia, como dice el Presidente Lagos en su carta.

Pero… en Chile hoy se sigue torturando.

Para nosotros, si algún sentido ha tenido en toda época la lucha contra la tortura es construir instrumentos para el nunca más.

La presidenta Bachelet en su primer período promulgó en el 2009 la norma que permite instalar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que como su nombre lo indica su propósito es PREVENIR los actos de tortura en el presente. A la fecha este mecanismo no se ha colocado en funcionamiento, dejando sin protección a los presos comunes muchos de los cuales han sido objeto de torturas a manos de Gendarmería de Chile, entidad dependiente del Ministerio de Justicia. También han quedado sin protección los actuales luchadores sociales como mapuches, estudiantes, trabajadores, pobladores, frente a la tortura y violencia en furgones, cuarteles y vehículos policiales. Desde que el movimiento social ha decidido luchar por sus derechos y ha desafiado las normas de la dictadura aun vigentes para manifestarse, la policía ha actuado exactamente igual que en dictadura. La violencia policial evoluciona y hoy tenemos que servicios de inteligencia o comisiones de Carabineros, vestidos de civil, secuestran, y golpean personas, como ha acontecido en dos casos la última semana: una asesora sindical en Concepción y el jueves 9 de julio, con un estudiante de 15 años del Liceo Cervantes en Santiago.

Desde el 2004, luego de conocido el Informe Valech, se ha solicitado integrar al ordenamiento penal interno la tipificación del crimen de tortura, de modo de investigarlo, perseguirlo y castigarlo bajo los estándares de la Convención Internacional. A la fecha NADA de ello ha acontecido. Las penas por torturas son irrisorias porque el delito de “apremios ilegítimos” contempla penas que no se condicen con el daño, no dimensiona los efectos y secuelas que deja la tortura en los seres humanos sometidos a ella; menos aún hace posible y exigible la vigencia del Protocolo de Estambul, que entrega desde la lógica de la medicina los parámetros para la constatación de la tortura y sus lesiones psicológicos y físicas.

Las medidas de NO REPETICION que se comprometió el Estado chileno a implementar ante Naciones Unidas, todavía no ven la luz del día: la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles y centros educativos del país, aún no se realiza; un plan nacional y política de Derechos Humanos del Estado, todavía no existe, entre otras medidas. Más parece que Chile firma y firma Convenios y tratados internacionales para convertirlos en letra muerta. El Convenio 169 de la OIT que resguarda los derechos de los pueblos originarios, a la fecha no ha impedido la tortura a los luchadores mapuche, su encarcelamiento y persecución, incluso a aquellos que solidarizan con su causa como lo demuestra la reciente condena de cárcel dictada contra Emilio Berkoff, objeto de un montaje durante el gobierno de Piñera y condenado a prisión recientemente. Para qué hablar de los Derechos de la Infancia tan bullados y no respetados en las propias instituciones del Estado, como ha quedado demostrado con los niños y niñas supuestamente resguardos en el SENAME, donde el propio Estado los recluye con el propósito de “protegerlos” y donde más de alguno ha perdido la vida en su interior y otros cuantos fueron abusados sexualmente por agentes del propio Estado, según se hizo público hace un par de años atrás.

Pero eso no es todo, Chile ha recibido en los últimos dos o tres años la visita de varios relatores de Naciones Unidas, entre ellos el de la Libertad de Expresión, (por el derecho a manifestación, reunión, reclamo sin ser reprimido), el relator para la pobreza, (que colocó en el centro de su informe la pobreza que afecta a las comunidades mapuche, estableciendo que superar la pobreza en Chile, pasa por resolver el conflicto en zona mapuche); el relator para los derechos humanos y lucha contra el terrorismo (que señaló entre otros, que los mapuches no son terroristas y que aplicarles la ley antiterrorista dejada por la dictadura, violaba sus derechos humanos, el derecho al debido proceso y a la defensa). El Estado chileno tiene 108 observaciones realizadas por Naciones Unidas por no respeto a sus compromisos y faltar a las garantías de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos… pero las palabras sobre ello, son para los tiempos de elecciones, donde las promesas vuelan, como volaron las promesas sobre las reformas sociales recientemente…

Finalmente, decir que la política de un poco de verdad sobre la tortura, ninguna verdad sobre la prisión política, el exilio y otras graves y masivas violaciones a los derechos humanos, son deudas que debe considerar la “verdad histórica” que inspira el texto del Presidente Lagos. Por lo mismo, la lucha por la JUSTICIA sigue siendo irrenunciable y una deuda mayor aún. En ese sentido los ex presos políticos de la dictadura y los actuales luchadores sociales torturados, encarcelados y perseguidos, así como todas las personas que así lo estimen, tenemos que saber que  la Justicia será sólo producto de nuestras propias luchas y que cada vez se hace más imperativo el factor de la unidad en el combate por los DERECHOS que recorre nuestro país. Hay que realizar un esfuerzo común que permita romper la injusticia instalada por la Constitución dictatorial y su sistema político, económico y social. Necesitamos avanzar en la lucha por la AUTODETERMINACION, derecho humano que  concierne a todos los pueblos que habitamos este territorio y sacudirnos del neocolonialismo neoliberal y decidir sobre nuestro destino como pueblos dignos.

Disculpen que me haya extendido.

Juana Aguilera

Presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura

 

NOTA:
Remito declaración de la Comisión Ética Contra la Tortura, publicada en noviembre 2004, cuyas demandas aún están vigentes y escasamente contestadas en estos 11 años post informe Valech.

Carta del Ex Presidente Ricardo Lagos al Semanario El Siglo 3-7 -2015

CECT DP noviembre 2004

Decreto 1040_11-NOV-2003 crea Comisión Valech

LEY-19992_24-DIC-2004

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