LO QUE HOY EXIGIMOS AL ESTADO

 

miles de personasAnte los hechos recientes sobre derechos humanos y justicia, la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresa lo siguiente:

La actitud desalmada del ex director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda  hasta el día de su muerte ha dejado  sin solución muchos crímenes de lesa humanidad, entre otros de los detenidos desaparecidos, los casos de ejecuciones sumarias, de aplicación sistemática de torturas y otras formas crueles inhumana y degradante y la persecución por motivos políticos materializado en las expulsiones de los empleos y en el exilio, hechos, que conmovieron la conciencia de la humanidad y que configuraron la política de terrorismo que impuso la dictadura cívico militar bajo Augusto Pinochet. Sin embargo, con su muerte debiera ponerse fin al encubrimiento de tales crímenes, esperando que quienes se sentían amenazados podrán ahora declarar con la verdad, y el Estado finalmente reparar con dignidad el mal causado a miles de compatriotas,

Sabemos que el derecho a la justicia es predominante en todos los órdenes jurídicos y en ningún caso la impunidad, toda vez que lo que se trata es salvaguardar los derechos fundamentales de la persona y por lo tanto realizar la justicia, lo que impide considerar la impunidad como un derecho, porque si así fuera no tendría sentido hablar de seguridad jurídica y menos de derechos humanos.

La idea de justicia es inherente a la cultura social, no hay ningún grupo organizado en la historia que no haya dejado testimonio de ello y menos en nuestro país que ha  incorporado el derecho internacional de los derechos humanos en su ordenamiento jurídico.

 

Es el momento para que el gobierno imparta instrucciones a las Fuerzas Armadas con el objetivo de que deshagan la política institucional de impunidad,  cuyo ejemplo, entre otros, fueron las ordenes que impartió en el entonces General Sinclair por instrucciones del Dictador, y con ello permitir que quienes fueron forzados a ser encubridores y cómplices puedan entregar sus testimonio a los jueces para sancionar debidamente a los autores de tales crímenes y de esta manera cerrar esta larga y oscura noche de dolor que asoló al país. Corresponde al Gobierno impartir tales instrucciones de fin a la impunidad porque fueron las instituciones del Estado las que impusieron esta política. Del mismo ordenar poner fin a los privilegios que tales criminales aun gozan, tales como tratos preferentes y cárceles especiales.

De esta lamentable experiencia es necesario sacar algunas lecciones y entre ellas la de establecer democráticamente una nueva institucionalidad fundada en una nueva constitución política que garantice realmente el respeto de todos los derechos humanos y una verdadera democracia representativa.Nuestros hijos, nuestros compatriotas y el futuro de Chile no merecen continuar con la injusticia y la indignidad y es deber del gobierno tomar la iniciativa.

Directorio Comisión Chilena de Derechos Humanos

11 de agosto de 2015

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