DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA: POR VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

ojo cectTras cumplirse 35 días de una huelga de hambre por parte de integrantes de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), declara a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1.- El 14 de abril de 2015 se declaró una huelga de hambre en la ciudad de Rancagua que volvía a poner de manifiesto la deuda histórica del Estado de Chile para con los y las víctimas de la dictadura militar. Tras treinta y nueve días de huelga, el día 23 de mayo se firmó un acuerdo, oficiando como garantes el Obispo de la Iglesia Católica Alejandro Goic y el Senador Juan pablo Letelier, que permitió deponer la huelga e iniciar un proceso de diálogo en una instancia denominada Mesa de Alto Nivel. Acudieron como observadores representantes del Parlamento, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

2.- El 17 de diciembre la Mesa de Alto Nivel concluyó sin acuerdo en materia de reparación pecuniaria. Monseñor Alejandro Goic señaló expresamente en dicha sesión que se debía poner término al trabajo de la Mesa “dejando establecida formalmente (…) la situación actual del desacuerdo entre ambas partes…”. El Gobierno no estuvo dispuesto a acercarse a las demandas económicas de las y los expresos políticos y tampoco demostró interés en avanzar en poner fin a la impunidad al negarse a derogar el artículo 15 de la Ley N° 19.992 sobre el secreto de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

3.- En este contexto, el día lunes 18 de abril de 2016, en Santiago, integrantes de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos iniciaron una huelga de hambre indefinida exigiendo el fin a la impunidad y planteando un petitorio de reparación integral en materia de pensiones, vivienda, salud, educación, indemnizaciones y herencia de las mismas. Los nombres de los huelguistas son: María Briones Ríos, Orlando Vásquez Sánchez, José Ortega Espinoza, René Ulloa Manríquez, Carlos Valero Vargas y José Miguel Sánchez, todos se encuentran en la sede de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile (Cupemchi). A ellos se les ha unido José Miguel Tardón Garcés y otros ex presos políticos que se encuentran en carpas a un costado de la Catedral de Concepción.

4.- Después de veinticinco años de retorno a la democracia el Estado de Chile mantiene una deuda con los y las sobrevivientes de prisión política y tortura, así como con los familiares de detenidos desaparecidos. El país sigue esperando por verdad, justicia y reparación conforme a los estándares que ha establecido el derecho internacional de los derechos humanos, situando a la persona en el centro de la política reparatoria. Del mismo modo, persiste un inmovilismo en torno a la implementación de medidas para que no se vuelvan a repetir violaciones de los derechos humanos. El flagelo de la prisión política y la tortura permanecen vigentes en un país donde el Estado reprime duramente al pueblo mapuche, a los y las estudiantes y movimientos sociales y territoriales.

5.- En este sentido, y dado que consideramos que las violaciones de los derechos humanos del pasado y del presente descansan en una misma lógica, exigimos la búsqueda de un camino que permita resolver las reivindicaciones de las y los ex presos políticos, así como: la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el nombramiento de una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura; la tipificación del delito de tortura en el ordenamiento jurídico interno (aún en trámite legislativo); la derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones N° 19.992 que conduce a la impunidad; la derogación de la Ley Antiterrorista; la derogación del DL de Amnistía de 1978; el término del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas; el cierre de la base militar de Estados Unidos en Cón – Cón.

6.- La opinión pública nacional e internacional espera que el Gobierno del Estado de Chile responda con urgencia a las demandas de las y los ex presos políticos, y se pregunta, como recientemente lo hiciera también el Senador Alejandro Navarro: ¿Es necesario que las y los ex presos políticos tengan que recurrir a un sacrificio máximo, como lo es una huelga de hambre, para tener una respuesta del Gobierno?

 

Comisión Ética Contra la Tortura

Santiago, domingo 22 de mayo de 2016

 

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