Histórico: Suprema anula condenas contra Aniceto Norín, Pascual Pichún y Patricia Troncoso tras cuestionamiento de la CIDH

Aniceto Norín

Ramón Labbé. Diario Digital El Ciudadano. 27/04/19.

La Corte Suprema dio a conocer su veredicto respecto de la anulación de las condenas contra 7 comuneros mapuches y una activista de esa etnia, sentenciados en 2003 y 2004 por los delitos de incendio y amenazas de carácter terrorista contra una propiedad de la empresa Forestal Mininco.

El máximo tribunal consideró ahora que las condenas en contra de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso Robles, «han perdido efectos que le son propios».

Lo anterior, luego de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado de Chile en el caso conocido como «Norín Catrimán y otros» o «Caso Lonkos».

En el fallo de la Suprema se lee que el Tribunal Pleno constató a partir de los antecedentes y el análisis de vulneración de derechos fundamentales que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «la existencia de graves transgresiones a los tratados internacionales vigentes, los que coinciden con las garantías consagradas en (…) el artículo 19 de la Constitución Política de la República».

Junto con ello se sostiene que las condenas en contra de los comuneros y la activista mapuches «no pueden permanecer vigentes, atendido que su subsistencia supone la de las conductas lesivas de las garantías fundamentales reseñadas y que han sido verificadas por el tribunal internacional competente, por lo que esta Corte Suprema declarará que los fallos condenatorios citados han perdido los efectos que les son propios».

El texto íntegro de la sentencia se dará a conocer el 16 de mayo de 2019.

Caso Brandon Hernández: Familia de adolescente que recibió más de 100 disparos de carabinero pide anular juicio

Absalón Opazo.   Diario Digital El Ciudadano. 27/04/19.

La familia de Brandon Hernández Huentecol, el adolescente que recibió cerca de 100 perdigones en su espalda a manos de un carabinero, pidió ante la Corte de Apelaciones de Temuco que se anule el juicio en el que sargento segundo fue condenado sólo por lesiones graves.

Ante los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, alegó el abogado José Luis Correa, quien en calidad de querellante intervino en el juicio oral en el que se sentenció al carabinero Cristián Rivera Silva a cumplir 3 años y 541 días de presidio en libertad, por los delitos de lesiones graves y vejámenes.

El abogado precisó que se cometió un error que espera enmiende la Corte de Apelaciones, ya que debió ser condenado por el delito de homicidio simple frustrado.

Los hechos elevados a juicio oral se remontan a diciembre de 2016, cuando en medio de un operativo policial en Collipulli el uniformado disparó al adolescente, cuando ya lo tenía reducido boca abajo en el suelo y con un pie en su espalda.

Los ministros dejaron en acuerdo su decisión, la que informarán en una audiencia el 10 de mayo a las 08:30 horas.

Fuente: Mapuexpress

Carta de la Cancillería a la Comisión Interamericana de DDHH: continúa deriva anti derechos humanos del régimen de Piñera

Resultado de imagen para CIDH

A continuación se entrega la declaración pública de la CECT ante carta a la Comisión Interamericana de DDHH firmada por los gobiernos Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay poniendo en cuestión el Sistema Interamericano de Protección de  DDHH.

A Chile no le cabe otra opción que aceptar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó en el 2014  al Estado Chileno por la violación de los derechos humanos de los Mapuche en el Caso  conocido como  Norín Catrímán y otros.

1.- Estado de Chile fue condenado en el año 2014 por la Corte IDH  por la violación de los derechos fundamentales de un grupo de Lonkos Mapuche, condenados por terrorismo por la Justicia chilena y en donde se ordena que “El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Troncoso Robles”.

La condena dictada por tribunales chilenos  había sido apelada a la Corte IDH en el año  2004 por parte de los Mapuche afectados, toda vez que Chile es firmante de la convención americana de derechos humanos lo que implica la aceptación por parte de los Estados firmantes de la Corte IDH como tribunal de última instancia y al mismo tiempo que la Convención  obliga al cumplimiento de las resoluciones judiciales de dicho tribunal supranacional. Seguir leyendo