ONU a Chile: Es un país que aún no cumple con sus deberes en derechos humanos

Por Elena Rusca. Diario Digital El Clarín Chile. Julio 05, 201

A prConsejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suizaincipio de este año Chile pasó por el Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Este examen prevé un análisis de la situación en temas de derechos humanos del país. Las recomendaciones fueron discutidas ayer durante la 41° Sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“Compartimos los desafíos en derechos humanos que Chile presenta hoy”, declara Juan Eduardo Eguiguren, Embajador de Chile ante Naciones Unidas: De las 266 recomendaciones hechas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, 211 fueron aceptadas.

Dichas recomendaciones pertenecen a temas concernientes a la protección de la niñez, los pueblos indígenas y las mujeres. También fueron acogidas recomendaciones sobre la situación actual de las personas privadas de libertad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía chilena.

“Unas de las recomendaciones ya están siendo procesadas para ser realizadas en los próximos proyectos de ley” asegura el Embajador chileno. Entre ellas, cita el mecanismo de prevención contra la tortura, como mecanismo independiente del Estado.

Una mancha negra: la promulgación de los derechos de los pueblos indígenas, sobre los cuales, el mismo Embajador reconoce los “enormes desafíos” a los cuales se enfrenta el gobierno para lograr a un diálogo estable con esa parte de la población.

Juan Eduardo Eguiguren aclara que, en todo caso, “la violencia no puede representar una solución en contra de los pueblos indígenas: el dialogo será nuestra manera de actuar”.

Desafortunadamente las palabras del Embajador chileno en Naciones Unidas no concuerdan con la realidad del pueblo Mapuche en el país. Las continua represión por parte de los Carabineros y del Comando Jungla no se parecen mucho al diálogo que Juan Eduardo Eguiguren tanto exhorta.

El uso de la fuerza en Chile sigue siendo una manera sistemática de actuar de los Carabineros, y eso no solamente hacia los Mapuche. Comunidades estudiantiles, profesores, sociedad civil, sufren de las bombas de gases lacrimógenos que se arrojan en en respuesta a sus protestas pacíficas.

Lo denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONG “CIVICUS” en conjunto con la ONG “Pro-Acceso” señala “documentamos importantes desafíos con respecto al derecho de reunión pacífica, tanto en la ley como en la práctica. Además, el gobierno no ha logrado crear un entorno seguro para los defensores de los derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas, que siguen sufriendo ataques y la criminalización”.

Entre las preocupaciones de las ONGs está la falta de compromiso del gobierno para enmendar la legislación que regula la protesta pacífica, lo que contradice la Constitución chilena y las normas internacionales. El Decreto Supremo 1.086, que entró en vigor en 1983, regula este derecho y establece procedimientos que funcionan como un sistema de autorización previa.

La sociedad civil ha documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y confirma el uso de bombas lacrimógenas, balas de goma y camiones lanza agua.

Entre junio de 2016 y marzo de 2019, la ONG “CIVICUS” recibió varios informes de represión policial contra las protestas, especialmente las protestas de estudiantes y miembros de la comunidad Mapuche.

Las ONGs alertan a los Estados sobre el uso indebido de la Ley contra el terrorismo (Ley 18.314 sobre la política de lucha contra el terrorismo) contra los miembros de la comunidad indígena mapuche que defienden los derechos a la tierra y al medio ambiente.

“La legislación se ha utilizado en un total de 19 casos emblemáticos, que involucran a 108 personas, la mayoría relacionadas con situaciones de protestas mapuche”, denuncian CIVICUS y Pro-Acceso.

Entre las recomendaciones que no fueron aceptadas por Chile está la revisión de la ley antiterrorista, señalando que hay un proyecto en el Congreso Nacional sobre la materia; y la recomendación sobre un nuevo texto constitucional, señalando que no se prevé un proceso constituyente en el país, aunque su Constitución sigue siendo el legado de la dictadura militar de la Junta Militar de Pinochet.

Es definida inapropiada la recomendación acerca de la reparación a víctimas de la dictadura por parte del Estado, frente a la que argumenta que dicha recomendación no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile en la materia.

Todavía los secretos siguen una constante en el Código Penal del Estado. Durante el examen del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), en el mes de abril de este año, se había denunciado que, a través del artículo 15 de la Ley 19.992 promulgada el 24 de diciembre del año 2004, permanecen secretos “los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, y eso por 50 años.

Desde Chile un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuenta la Comisión Ética Contra la Tortura, declaró que escuchado el debate de Naciones Unidas, insta al Gobierno a “revisar los marcos normativos y políticas públicas teniendo presente las recomendaciones que se le han formulado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación a que refieren las recomendaciones, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y los y las migrantes”.

 

A CONTINUACIÓN LA DECLARACIÓN DE LAS  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CHILENA.

Observaciones a respuesta de Chile a EPU 2019

Declaración promovida por el CDH y otras organizaciones sobre la respuesta del Estado de Chile a las recomendaciones recibidas en el marco de 3er Examen Periódico Universal, que serán adoptadas formalmente el 4 de julio de 2019 durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En días pasados el gobierno del Presidente Piñera, en representación del Estado de Chile, ha hecho llegar su respuesta a las recomendaciones que le fueron realizadas en el marco del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) luego de la sesión sostenida ante el Consejo de Derechos Humanos y los Estados miembros de la ONU en Ginebra en enero del presente año. Las recomendaciones serán adoptadas oficialmente el 4 de julio durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Producto del diálogo constructivo entonces sostenido, el Estado de Chile recibió un total de 266 recomendaciones por parte de 101 Estados relativas al cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los compromisos voluntarios suscritos en materia de derechos humanos.

En su respuesta a ellas el actual gobierno decidió aceptar 211 recomendaciones, que constituyen un 79,32% del total, limitándose a tomar nota de otras 37 recomendaciones, correspondiente al 13,90%, en tanto no aceptó 18 recomendaciones que representan el 6,76% del total recibido.

Se trata del menor porcentaje de aceptación de recomendaciones por el Estado de Chile en el marco del EPU, y por lo mismo del mayor porcentaje de rechazo y observación a las mismas, desde su primer EPU, en el 2010, lo que no puede sino ser considerado como una mala señal para la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Así, en el 2do período del EPU (2014) Chile aceptó 166 recomendaciones (90,2%), tomo nota de 14 (7,6%) y rechazó sólo 4 (2,17%).

El Ejecutivo tomó nota de recomendaciones referidas al proceso de ratificación de tratados internacionales; a la derogación del Decreto Ley de Amnistía; la prevención y sanción de posibles excesos por parte de las fuerzas policiales; la investigación pronta, imparcial y efectiva de denuncias de desapariciones forzadas; la lucha contra el tráfico y la trata de personas; el aborto legal; la aplicación sin discriminación de la ley antiterrorista; y a los derechos de todas aquellas personas que son expulsadas del país.

Frente a varias de estas recomendaciones, señala que se basan en premisas que no corresponden a la realidad, o bien que existen proyectos de ley para abordar las recomendaciones que se le formulan, o que no puede comprometer el cumplimiento de dichas recomendaciones dado que ello es resorte del Congreso Nacional.

Esto último contradice la afirmación contenida en la misma respuesta que el Gobierno da a las recomendaciones del EPU, cuando señala que el Estado de Chile intervino en el tercer ciclo del EPU “representado por una delegación de alto nivel, integrada por representantes de todos los poderes del Estado”, lo que supone un compromiso de los mismos en el cumplimiento de las recomendaciones que se le formulen.

Por otro lado, no puede escapar al conocimiento del Ejecutivo el que ante instancias como Naciones Unidas los Estados tienen una unidad y que, por lo mismo, no puede excusar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales alegando que ello depende de alguno de los órganos que lo integran.

En cuanto a las recomendaciones que no fueron aceptadas por el Estado de Chile, estas se refieren fundamentalmente a las siguientes materias:

Implementar planes para combatir comportamientos de xenofobia, racismo, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia contra ciudadanos bolivianos por parte de las autoridades fronterizas en el desempeño de sus deberes en las fronteras internacionales (Estado Plurinacional de Bolivia) (125.37);

Trabajar para eliminar y combatir la impunidad por actos de violencia cometidos por efectivos policiales, incluida la violencia sexual contra manifestantes pacíficos (125.74);

Tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas de todos los ciudadanos (125.87);

Abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en el contexto de protestas sociales de los pueblos mapuche que buscan reclamar sus derechos (125.89);

Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad respecto del uso de las comunicaciones y tecnologías para evitar la criminalización de protestas sociales indígenas (125.91);

La despenalización del aborto en todas sus causales la interrupción voluntaria del embarazo, y evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia (125.126 y 125.127, 125.132, 125.133 125.130, 125.131 y 125.134);

Revisar la Ley Anti Terrorista para remover su aplicación al activismo relacionado con las tierras indígenas (125.241);

Garantizar el respeto de los derechos humanos de los bolivianos en camino a los puertos del Pacífico (125.260)

Finalmente, el Estado identifica un conjunto de recomendaciones parcialmente aceptadas y parcialmente anotadas, entre las que se encuentran las referidas a la inapropiada reparación a víctimas de la dictadura por parte del Estado, frente a la que argumenta que ello no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile en la materia; al establecimiento de una comisión independiente para la investigación y sanción de muertes y abusos en contra de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del SENAME, la cual, según la respuesta del Estado, ya está siendo realizada por el Ministerio Público; a la revisión de la ley antiterrorista, señalando que hay proyecto en el Congreso Nacional sobre la materia; y a la recomendación sobre un nuevo texto constitucional, señalando que no se prevé un proceso constituyente en el país.

Se trata en la mayor parte de los casos, de materias que concitaron mayor preocupación de los Estados participantes en la sesión de Chile en enero pasado, sobre las que se concentraron la mayor cantidad de recomendaciones. Se trata también de materias en las que, desde enero pasado a la fecha, se han seguido verificando graves vulneraciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en el caso de las personas migrantes, y de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros.

Por lo mismo, la no aceptación de estas recomendaciones, además de contradecir la declaración que el Gobierno de Chile hace de su compromiso con el sistema universal de derechos humanos, y en particular con el Consejo de Derechos Humanos, formulada tanto en el diálogo interactivo de enero pasado como en su respuesta a las observaciones al EPU, resulta muy preocupante.

Instamos al Gobierno a revisar los marcos normativos y políticas públicas teniendo presente las recomendaciones que se le han formulado en el marco del EPU.

Finalmente, exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación a que refieren las recomendaciones, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y los y las migrantes.

Suscriben

  • ONG Lumbanga
  • Mapuexpress
  • Observatorio Ciudadano
  • Corporación Humanas
  • Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio
  • Corporación Círculo Emancipador de mujeres y Niñas con Discapacidad (CIMUNIDIS)
  • Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas
  • Corporación Opción
  • Centro de Estudios de la Mujer (CEM)
  • Fundación Instituto de la Mujer
  • Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC)
  • Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR)
  • Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
  • Observatorio de Violencia Institucional en Chile-OVIC
  • Coordinadora por Verdad y Justicia para Macarena
  • Defensoría Ambiental
  • Organizando Trans Diversidades OTD Chile
  • Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles
  • Comisión Ética contra la Tortura
  • Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua
  • Comisión Chilena de Derechos Humanos
  • Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI
  • Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile

Centro de Derechos Humanos

Jueves 4 de julio de 2019

 

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