Declaración Pública de MODATIMA: A propósito de los que exigen certeza jurídica para seguir lucrando con el agua

El día de ayer (14/07/19),  mediante una inserción publicada en el diario el Mercurio, y titulada “Reforma al Código de Aguas amenaza Certeza Jurídica y Bienestar de la Sociedad y las Personas” , un conjunto de organizaciones gremiales, lideradas por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Bancos, y la Cámara Chilena de la Construcción, han notificado al país, a las comunidades y territorios, su oposición absoluta a cualquier iniciativa que tenga por propósito desprivatizar el agua.

Los argumentos contenidos en la inserción son en general  conocidos, recurren una vez más a los derechos de propiedad de la aguas, los que se encuentran consagrados en el artículo 19, numeral 24 de la constitución del 80, y que sostienen “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. A renglón seguido sostienen que los derechos de aprovechamiento de aguas han sido legítimamente adquiridos, y que cualquier alteración al modelo privado de aguas, provocaría una pérdida del valor de la tierra, y una desvalorización considerable de la propiedad  raíz como objeto de venta o garantía crediticia necesaria para poder desarrollar su actividad, y continúan sosteniendo que esto sería “un golpe muy grave para la agricultura Chilena, especialmente para los pequeños agricultores”.

La inserción mañosamente señala tener coincidencias con priorizar el uso del agua para consumo humano, y fortalecer a los comités de agua potable rural, pero nuevamente insisten en que no se pueden afectar los derechos de propiedad sobre el agua, por las “graves consecuencias que ello significaría para la certeza jurídica, y la institucionalidad política y económica del país”, así tal cual, moviendo las fronteras de declaraciones anteriores, y en este caso con una clara intención sediciosa y amenazante.

En Chile la privatización de las aguas se encuentra consagrada constitucionalmente, del mismo modo, y desde el año 1981 en adelante, sin discusión previa, y mediante el predominio de la fuerza y la exclusión,  el código de aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua. Es más, le concedió la prerrogativa al Estado de ser este, a través de la Dirección General de aguas, el responsable de conceder los derechos de aprovechamiento de las aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados, sí, a perpetuidad. Es decir, es bastante dudoso, por decir lo menos, hablar de “derechos legítimamente constituidos” como sostienen en la declaración en comento.

Desprivatizar el agua significaría para quienes suscriben la inserción publicada por el mercurio, no poder utilizarla como garantía crediticia, ¿parece inaudito?, para los dueños del agua no. Seguir leyendo