Comisión Ética contra la Tortura

Declaración Pública

¿Quién y qué define a una persona privada de libertad, como persona prisionera política?

En Chile, entre el 18 de octubre de 2019 y el 3 de enero 2020, según el INDH, cerca de 10.000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales 1.133 son niños, niñas y adolescentes; sólo en la Región Metropolitana 3.266 personas, seguido por Antofagasta con 1.136; las restantes cifras se sitúan en Copiapó con 766 personas presas; Concepción con 644 y Temuco con 476. (https://www.t13.cl/noticia/nacional/catastro-del-indh-contabiliza-casi-10-mil-personas-detenidas-contexto-estallido-social).

¿Se puede considerar presos políticos a quienes han sido perseguidos o encarcelados por supuestos delitos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y movilizaciones iniciadas el 18 de octubre del 2019?

A un año de la revuelta social, el 18 de octubre 2020, solo en Santiago se detuvo a 600 personas. Varias de las personas detenidas denunciaron que la policía les torturó, les aplicó violencia sexual y otros tratos y penas crueles inhumanas y degradantes. Por su parte, el Ministerio Público señala que un total de 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado y que existen 4.681 causas relacionadas con violencia institucional vigentes; de todo ello, solo 25 agentes del Estado se encuentran en prisión preventiva y un solo imputado ha sido condenado.   (http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=18771).

Sobre gran parte de las personas encarceladas pesa la Ley de Seguridad Interior del Estado, invocada por el Ministerio del Interior, por tanto la denominación de ser “presos políticos” se ajusta a esta categoría de acuerdo a los instrumentos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Al igual que la dictadura de Pinochet,  el gobierno autoritario de Piñera, quien recientemente  en la ultima encuesta de Asuntos Públicos de Criteria arrojó que su aprobación cayó a un 7%  en la ciudadanía, niega la existencia de personas encarceladas por razones políticas y por quienes su gobierno a través de su Ministerio del Interior se ha hecho parte de los procesos en contra de ellas.

A las voces destempladas de personeros de la feneciente ex Nueva Mayoría apoyando al gobierno, se ha sumado Jose Miguel Vivanco el director de la División de las Américas del Humain Rights Watch que de un minuto al otro pasó de ser un ente asesor técnico de los Estados en materia de derechos humanos a ser portavoz y defensor de un Gobierno que ha violado sistemática y gravemente los derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado.   

El gobierno de Piñera  ha cometido graves crímenes contra la integridad física y psíquica de las personas y dejado cientos de personas en prisión preventiva prolongada, más allá de los plazos que estipula la propia ley, negándoles el derecho a defensa, a probar su inocencia y el derecho legítimo de aspirar a su libertad.

Declaran a los 4 vientos que nadie es perseguido por sus ideas o por sus convicciones políticas y que esas personas no serían presos políticos para concluir que quienes han sido encarcelados en el contexto de la revolución iniciada en el 2019, se encuentran presos por cometer graves delitos de violencia en contra la propiedad.

Como Comisión Ética contra la Tortura queremos señalar  al Gobierno y a todos los que han salido en su apoyo, que en Chile efectivamente no se encarcela por tener ideas diferentes, sino que se les asesina. El Estado de Chile ha cometido crímenes gravísimos en contra de quienes han protestado y declarado querer un mundo diferente. En efecto,  varios comuneros mapuche han sido cobardemente asesinados por la policía en el último tiempo; dirigentes sindicales y ambientalistas han sido asesinados y jamás encontrado a los culpables, ni investigado ni menos castigado dichos crímenes.  De las personas asesinadas desde octubre 2019, cuyos cuerpos aparecieron luego de ser baleados en los incendios de empresas y supermercados, calcinando sus cuerpos para evitar su identificación y sin que a la fecha los responsables hayan sido llevados ante un tribunal.  Recientemente, el policía que asesinó a Camilo Catrillanca confesó cómo el aparato del Estado desde sus altos mando policiales y civiles le obligaron a mentir.  Para qué vamos hablar de los cientos de montajes pauteados desde el aparato del Estado, fiscales y policías como la Operación Huracán y otras que han permitido el encarcelamiento de comuneros mapuche; o de la impunidad encabezada desde el poder judicial que calló ante los crímenes durante todos los años de dictadura y que en estos 30 años de gobiernos civiles no ha sido diferente, más aún, hoy tiene el desparpajo de determinar medidas de impunidad para 31 genocidas condenados como autores de asesinatos; 30 agentes condenados como autores de secuestro calificado que mantiene a personas en condición de detenidos desaparecidos y beneficios a otros 42 violadores de derechos humanos, torturados y encubridores, participes del Terrorismo de Estado haciendo que un total 103 criminales y genocidas sean liberados.

El Gobierno de Piñera, el Poder Judicial y otras instituciones estatales, han perdido toda lógica de lo que es la Justicia y el ejercicio de los derechos que competen a las personas; hoy resulta más grave sostener una idea que sembrar desigualdad social; propiciar la defensa del medio ambiente, la defensa del agua y el derecho a vivir dignamente, es más grave que el cohecho y la corrupción de políticos y empresarios; el robo si lo realizan las empresas financieras y otras como las AFP, las Fuerzas Armadas o las Policías son un problema que merece cuanto más un arresto domiciliario o una clase de ética; un semáforo roto, un adoquín arrancado o la autodefensa ejercida frente a una represión que arranca ojos, mutila personas, apalea hasta matar o dejar parapléjica a la gente, es confinada en una cárcel sin derecho alguno, expuestos al hacinamiento en medio de una pandemia, negados del apoyo de sus familias y aislados de todo contacto social. Lo que ha pasado con las personas encarceladas luego de octubre 2019, no sólo muestras las distintas velocidades con que opera la justicia, sino también castigo y ensañamiento.

Lo que sí sabemos es que por las ideas, aún no han podido encarcelar al 93% restante que no apoya al gobierno; ni tampoco  han podido encerrar al casi 80% que votó contra el Gobierno al optar por una Nueva Constitución en el plebiscito de octubre pasado.

Ni tampoco han podido encarcelar a los cientos de miles de mujeres por cantar contra el patriarcado y la violencia hacia las mujeres ejercidos por el Estado, la represión de las policías y los vínculos sociales, laborales por contar solo algunos de los tantos amarres opresores hacia las mujeres.

Tampoco han podido encarcelar a las familias cuyos hijos han sido confinados en el SENAME para morir a manos del Estado ni a todas las personas que con nuestra lucha expresamos la solidaridad permanente con las y los luchadores sociales encarcelados y cuya motivación primera ha sido y es oponerse a un Estado autoritario y violento que obliga a miles a vivir sin derechos elementales y los “delitos” por los que son acusados no  alcanzan en medida alguna a los crímenes cometidos por el Estado;

A los presos políticos mapuche y chilenos les llamamos a seguir resistiendo a esta política de la muerte de un gobierno políticamente finalizado.∫å

Exigimos la libertad de todas(os) los personas privadas de libertad por razones politicas

Exigimos el fin de la prisión preventiva de las miles de persona detenidas en las cárceles de Chile.

Exigimos juicios justos y tiempos limitados en los procesos de todas las personas detenidas por razones y motivaciones  políticas.

Comisión Etica contra la Tortura

Santiago de Chile,

Diciembre de 2020

Conversatorio: Nueva Constitución y Derechos Humanos