Frente al aumento de los casos de tortura a manos de agentes del Estado la CECT solicita la presencia del Comité Contra la Tortura de la ONU en Chile

A la Opinión Pública

Aterrorizada la opinión pública nacional, ha podido visualizar el video liberado por la Fiscalía de la VI Región, con el procedimiento completo que se aplicó a la detención y tortura, con resultado de muerte, de Juan Antonio González Echeverría, de 37 años, el 18 de octubre de 2021, a manos de carabineros de la Primera Comisaría de San Fernando.

Dicho video que fue exhibido en el tribunal muestra claramente como 3 funcionarios de Carabineros participan en prácticas de torturas hasta el asesinato de González Echeverría. No obstante, la Fiscalía encauza por “apremios ilegítimos” al cabo primero Marcos Bastías Velásquez, policía que asfixia al detenido hasta dejarlo sin vida, hecho por el que fue dado de baja por la institución. Con ello la Fiscalía desconoce la tipificación del crimen de tortura incorporada al Código Penal en el 2016. Lo peor, es que no son formalizados los otros policías presentes al no oponerse al procedimiento hecho por el cabo primero Bastías Velásquez. Ellos se convierten en cómplices de estos deleznables actos de tortura, pues no hacen nada para impedir el asesinato del detenido ni le prestan auxilio.  

Hechos como este se han repetido en variadas oportunidades en las dependencias policiales. Sin ir más lejos, está en nuestra memoria Mario Acuña, de 44 años, sometido a múltiples golpes por 3 Carabineros de Buin, quien quedó en estado de coma un mes, con un severo traumatismo encéfalo craneano y hoy está postrado a vida. Alex Núñez, 39 años, asesinado a golpes por Carabineros de la comuna de Maipú o el conocido caso de “crucifixión de detenidos” practicado por la 43° Comisaría de Peñalolén que amarraron a 4 detenidos a una antena para luego someterlos a tratos crueles. Todos estos han sido, entre otros menos conocidos, actos de torturas realizadas por agentes del Estado chileno.

A pesar de que el crimen de tortura no ha dejado de practicarse en las cárceles de adultos y también, desgraciadamente, en las cárceles donde se recluye a menores de edad, desde octubre 2019 y con el fin de acallar la protesta social, la tortura salió a las calles: nuevamente, se ha hecho cotidiana, se reproduce y multiplica en un contexto de clara impunidad que contribuye a normalizarla.

DDHH de la ONU advierte incumplimiento del Estado chileno a las recomendaciones de protección de los derechos humanos, acceso a la justicia, reparación y medidas de no repetición, luego del estallido social

Fuente: Prensa Oficina Alto Comisonado ONU para los DDHH.

SANTIAGO (25 de octubre de 2021) – Chile muestra algunos avances, pero debe profundizar sus esfuerzos para abordar las violaciones y abusos cometidos a fines de 2019, según un informe presentado hoy por ONU Derechos Humanos. El documento es una actualización del informe elaborado por la misión técnica que visitó Chile en noviembre de 2019* y da seguimiento a la implementación de sus recomendaciones.

“Valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”, subrayó Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur

Entre tales obstáculos, el informe de seguimiento identifica que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas. “Una de las principales lecciones de octubre de 2019 es la necesidad de incrementar la protección del derecho de reunión pacífica, confiriendo a las personas mayores garantías democráticas en línea con las normas de derechos humanos”, explicó Jarab.

Informe final de La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia – Misión SOS Colombia

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia – Misión SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales -entre ellas la Comisón Ética Contra la Tortura de Chile-, de 12 países, quienes visitaron 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio de 2021, entregó su informe final. La Misión SOS Colombia sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este informe se abordan las violaciones a los derechos humanos que se documentaron en el marco de la visita cómo fueron: homicidios selectivos, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género – VBG, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes -TTCID, judicializaciones arbitrarias, estigmatizaciones, persecuciones, y, la obstrucción a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, medios alternativos, fotógrafos y brigadas médicas y/o de salud.

La Misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional, observó y constató diferentes métodos de represión que configuran un escenario de graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos en las regiones visitadas en el país. Concluyendo de manera preliminar que en las movilizaciones la Fuerza Pública utilizó técnicas de combate y guerra.

De igual forma, el informe identifica la presencia y funcionamiento de grupos paramilitares y analiza el papel de la Fuerza Pública, los gremios, empresas, y medios masivos de comunicación en relación con el tratamiento a la protesta social. Así mismo, se aborda la impunidad en los crímenes de Estado, el papel de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Policía Nacional; y los efectos de la represión frente a la salud, alimentación, renta básica y vivienda, los impactos psicosociales y los afrontamientos.

Ante la situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los derechos humanos que ha constatado la Misión SOS Colombia, se plantean seis recomendaciones principales y cincuenta acciones inmediatas o medidas a corto plazo dirigidas al Gobierno y Estado colombiano, a las Instancias Multilaterales Internacionales, a las empresas y a la Comunidad Internacional.

Integrantes de la Misión SOS Colombia, entregarán detalles de los hallazgos, solicitudes y recomendaciones en rueda de prensa el próximo 7 de octubre a las nueve de la mañana hora en Colombia. Este espacio podrá verse a través de las páginas de Facebook de las organizaciones convocantes como Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros, el CINEP, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, entre otras.

El informe entregado será difundido a nivel internacional por las organizaciones y personas que participaron de dicha Misión, así como medios de comunicación internacionales, que han centrado su mirada en lo ocurrido en Colombia, cuestionando el accionar de la Fuerza Pública y las graves faltas a los derechos humanos y las garantías a los manifestantes por parte del Estado colombiano.

👁️ Conoce el documento aquí ⬇️
https://coeuropa.org.co/informe-final-mision-sos-colombia/