Lanzamiento por la CECT de la segunda edición digital del libro La Justicia en la Balanza

Este lunes 25 de abril a las 18:30 horas en el local de la CUT, Alameda 1346, la Comisión Ética Contra la Tortura presentará la segunda edición digital actualizada del libro «La Justicia en la Balanza», para al memoria social de Chile. Realizado por Carlos Barthou -de la CECT Francia- el texto recopila y sistematiza información y datos estadísticos sobre los juicios a los agentes de la dictadura que violaron gravemente los derechos humanos Chile entre 1973 y 1990. El trabajo, que sumó el aporte del historiador Sergio Grez, permite tener una mirada de conjunto sobre la actuación y alcance de la Justicia en los crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la interminable transición chilena pos dictadura. También entrega una visión, desde la perspectiva militante de los derechos humanos, de la permanente tensión entre justicia-impunidad en todos estos años y que continúa siendo motivo de movilización en el presente.

Según este estudio, el total de años de condena dictadas para los ex agentes estatales perpetradores es de 26.531 años, fuera de los 20 presidios perpetuos. Sin embargo, de las 41.467 personas desaparecidas, ejecutadas, prisioneras y torturadas, sólo 1.889 han estado involucrada en juicios, lo que representa el 4,5% de las víctimas. Las condenas aplicadas no han sido proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos y es notoria también la tardanza de la justicia. Se constata que el poder judicial, que antaño no acogió ningún recurso de amparo, ni reaccionó frente a los delitos flagrantes, sólo en los últimos años ha actuado en consecuencia a su misión.

Las fuentes de este compendio son los informes de derechos humanos editados cada mes por la Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas (FASIC), las publicaciones del Centros de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, los sitios de Internet del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, de la asociación Memoria Viva, del Archivo Digital de la Vicaria de la Solidaridad, de la Corporación de Derechos del Pueblo (CODEPU) y de la búsqueda directa del tema en los medios de prensa en internet.

La Comisión Ética Contra la Tortura, aspira a que «La Justicia en la Balanza» sea de utilidad para que las organizaciones de derechos humanos y de víctimas puedan continuar su lucha por la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos en Chile.

Haz clic para acceder a la-justicia-en-la-balanza-carlos-barthou-cect-2.pdf

Extradición de Assange a EEUU violaría la prohibición de la tortura según Amnistía Internacional

Extradición de Assange amenaza la libertad de prensa: Amnistía Internacional (AI)

“Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad”: Agnès Callamard.

LONDRES (Por IPS)

La posible extradición a Estados Unidos de Julián Assange, la cual quedó en manos del gobierno británico este miércoles 20, pone al fundador de WikiLeaks en grave peligro y sería una grave amenaza para la libertad de prensa, advirtió la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo”, declaró AI.

El Tribunal de Magistrados de Westminster, que ventilaba el caso de Assange, solicitado por la justicia estadounidense, puso la decisión en manos de la ministra Priti Patel, del gobierno conservador británico, quien podría resolver la entrega en las próximas semanas.

Assange es buscado en Estados Unidos por 18 cargos penales, incluida la violación de una ley de espionaje, después de que el sitio web WikiLeaks publicó miles de archivos secretos estadounidenses en 2010. La suma de sus penas pudiera montar hasta 175 años de prisión.

Reino Unido “tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad”, dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

AI recordó que “la reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos”, y esa práctica “constituye tortura u otros malos tratos, prohibidos por el derecho internacional”.

Las autoridades estadounidenses “han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno”, lo cual podría causar “un daño irreversible al bienestar físico y psicológico” del activista, según la organización.

La extradición “también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre”, sostuvo Callamard.

“Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Assange para que enfrente acusaciones de espionaje por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo”, agregó.

La tesis de AI es que si Londres permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país.

“Para empezar, nunca deberían haberse formulado cargos contra Assange. No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan la situación y retiren los cargos”, declaró Callamard.

“Mientras tanto, dado el carácter político del caso y sus graves implicaciones para la libertad de expresión, en el futuro, Reino Unido debería abstenerse de representar a Estados Unidos en una apelación”, agregó la responsable.

La defensa de Assange prevé continuar la lucha para impedir la extradición y tiene plazo hasta el 18 de mayo para presentar alegatos ante Patel.

El activista australiano de 50 años está en prisión desde 2019. Anteriormente estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres durante siete años.