Carta abierta de Claudio Nash frente a la «legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías»

Claudio Nash en la conmemoración del Día Internacional de lo Derechos Humanos el 10 de diciembre 2022

CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Durante los primeros meses de este 2023 se han registrado una serie de actos de delincuencia, incluyendo asesinatos y secuestros, que han generado un clima de gran preocupación en la ciudadanía. Los últimos días esta violencia ha implicado el asesinato de dos carabineros en el cumplimiento de sus deberes.

Desafortunadamente, en dicho contexto, las autoridades nacionales han comenzado a avanzar en una línea punitivista corno herramienta privilegiada para enfrentar la crisis de seguridad. Es así como, en estos momentos, el Congreso discute una batería de proyectos de le) destinados -la gran mayoría de ellos- a aumentar las penas vinculadas con delitos violentos que afecten a las policías. Uno de estos proyectos (boletín N°15.444.-25 refundido con la moción, Boletín N°15.470-25) ha causado especial preocupación entre los organismos de derechos humanos y es la propuesta de legislación destinada a fortalecer el uso de la fuerza por parte de las policías, que además disminuye los controles judiciales y limita las medidas cautelares que puede disponer la autoridad judicial frente a casos que pueden implicar la lesión e incluso la muerte de personas a manos de las policías. Esta legislación establece la presunción de legítima defensa o “legítima defensa privilegiada”, figura que dificulta seriamente las posibilidades de investigación y sanción en casos de un uso de la fuerza ilegítimo por parte de la policía.

Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana y los organismos especializados derechos humanos de Naciones Unidas se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre los peligros asociados a estas legislaciones rotuladas bajo la idea de “gatillo fácil”. La experiencia comparada (Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Perú, entre otros) es clara en dar cuenta de la espiral de violencia asociada a estas legislaciones y los graves abusos de derechos humanos que se pueden producir en el marco de un control disminuido respecto del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Cómo es evidente, esta legislación apunta en dirección opuesta a las recomendaciones formuladas por los organismos nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el marco de la crisis política de 2019-2020. En dichos informes el llamado al Estado fue a generar mayores controles respecto del uso de la fuerza por parte de los policías y evitar la impunidad frente a actos de uso de la fuerza abusiva y este proyecto apunta en el sentido contrario, esto es, limita las posibilidades de control judicial efectivo frente a posibles abusos cometidos por agentes del Estado.

Es por eso que solicitamos a vuestra institución que, en el marco de sus atribuciones, de manera urgente se pronuncie sobre estos proyectos y pueda asesorar a los órganos legislativos y al ejecutivo chileno a fin de que se corrija sustancialmente esta legislación que pone en grave riesgo los derechos humanos en Chile.

Sin otro particular y esperando una rápida acción preventiva, me despido y quedo a su disposición para ampliar la información.

Claudio Nash Doctor en Derecho

La política criminal del espectáculo (o el espectáculo criminal de la política)

Fuente CIPER. 30 de marzo de 2023.

Por Julio Cortes Morales

En períodos de agitación pública, el concepto de «control del delito» puede responder a directrices no necesariamente eficaces, pero sí llamativas, efectistas y cómplices con la impunidad de quien lo ejerce, se recuerda en esta columna de opinión para CIPER que acude a una serie de ejemplos recientes y vigentes en Chile, de las reformas legales ahora en discusión parlamentaria a la demolición de «narcocasas» en horario prime.

Según los principios del viejo y buen Derecho Penal moderno, liberal y democrático —que,  para el penalista español Silva Sánchez, «en realidad, nunca existió como tal», y que rara vez se ha implementado más allá de los manuales y tratados de la «dogmática penal» y en una que otra sentencia ejemplar—,  la «política criminal» sería, por una parte, «la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal», y por otra «la disciplina que estudia cuáles son los mecanismos más idóneos para hacer frente a una determinada criminalidad, desde un punto de vista preventivo y no sólo represivo». De ahí que el jurista alemán Von Liszt afirmaba que «la mejor política criminal es una buena política social».

Ya avanzado un buen trecho del siglo XXI podemos constatar que no existe nada similar a dicho diseño. Muy por el contrario, en vez de una política cuidadosa y científicamente diseñada para lograr efectos medibles en los diferentes ámbitos de la criminalidad y las diferentes formas de violencia social, lo que rige desde fines del siglo XX es la combinación del espectáculo represivo más sensacionalista con campañas destinadas a amplificar el miedo a la delincuencia y una respuesta pública que se basa exclusivamente en la ampliación de la cantidad de policías y empresas de seguridad, la creación permanente de nuevos tipos penales (a veces, como variaciones de los ya existentes), el aumento sostenido de las facultades policiales y el uso masivo de la privación de libertad. Nada de esto resulta nunca suficiente, pues ni las cifras récord de encarcelamiento satisfacen por completo las incesantes demandas de «mano dura» y reclamos contra la «puerta giratoria».

Se gobierna a través del miedo, y la única respuesta que se ofrece es el crecimiento de lo que el sociólogo noruego Nils Christie llamó «la industria del control de delito». El neoliberalismo en Chile ha operado como causa mediata del encarcelamiento masivo, dado que, por una parte, precariza y marginaliza a amplios sectores de la población, generando desigualdad y pobreza; y, por otra, ante el aumento real o supuesto de la delincuencia asociada a estos sectores, ofrece demagógicamente una ampliación cada vez mayor de la respuesta punitiva, utilizada como bandera de lucha que genera un aprovechamiento político y económico de la inseguridad [CUNEO 2018].

Todas estas son características del «modelo de control del delito» adoptado a partir de la contrarrevolución neoliberal de los 80; luego «teorizado» y radicalizado como la «política de tolerancia cero» promovida desde Estados Unidos, un país que en materia de control del crimen ya no parece tener muchas «buenas prácticas» que recomendar. En palabras de Antonio García-Pablos, existe una «confianza sin límites en los órganos estatales» encargados de castigar, y «las garantías se convierten en requisitos formales o burocráticos prescindibles» [2008.p. 604].
 
Si es que hasta hace poco se pensaba que las políticas en materia penal y de seguridad pública eran distintas en los márgenes derecho e izquierdo del espectro político oficial, un año del gobierno progresista de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad nos bastan para comprobar que las diferencias se han disipado al punto de hacerse casi indistinguibl
El Estado chileno ha tenido una larga tradición de militarización de la policía y uso de instrumentos represivos concebidos como excepcionales pero que luego se vuelven permanentes. Si esto es así desde hace mucho tiempo, en los últimos tres años la situación se ha mostrado en todo su dinamismo, incrementando la legislación represiva, la administrativización de las restricciones a derechos fundamentales, y el gobierno a través de estados de excepción constitucional: luego del estado de catástrofe por la pandemia, se han seguido aplicando estados de emergencia en la zona del «conflicto mapuche» y también para hacer frente a la «crisis migratoria» en el norte del país. Se hace así más evidente que nunca que también acá «bajo la presión del paradigma del estado de excepción, es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales la que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo» [AGAMBEN 2005].  

Declaración de la directora del INDH sobre proyectos de ley que establecen la “legítima defensa privilegiada»

Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos Santiago de Chile. 29 Marzo, 2023.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, presenta sus puntos de vista acerca de los proyectos de ley actualmente en discusión en el Congreso que proponen beneficiar a los efectivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad con una “legítima defensa privilegiada”, que establece una presunción legal a su favor en casos donde hagan uso de arma letal en el ejercicio de sus funciones.

1. Como lo ha venido planteando al menos desde 2017, el INDH ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por las cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando éstas se encuentren desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil.

2. Una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos. Este entendimiento armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional.

3. En la actualidad y como quedó dramáticamente claro con la actuación policial en la crisis social de 2019, hay un problema a nivel operativo de nuestras policías, el que se debe en parte a la falta de consenso o de regulación legal de las funciones y de los límites del trabajo de las mismas. Esto ha quedado nuevamente expuesto en recientes hechos donde carabineros —y sus familiares— han atribuido una serie de muertes propias a la carencia de una normativa que los proteja. Pero también la misma explicación se puede encontrar en tragedias que culminaron con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el gravísimo ataque que cegó a Fabiola Campillai.

4. Los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros. Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia.

La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley.

5. Finalmente, los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos. No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación.

6. El INDH no puede sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una “legítima defensa privilegiada” a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos.

Miércoles 29 marzo 2023: de modo exprés Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado «Ley Gatillo Fácil»

Diario Digital Resumen. 29 marzo 2023.

Por Alejandro Baeza

Como pocas veces ocurre en el Congreso, a veces con necesidades urgentes para la población, en apenas unas horas de discusión en el pleno, la cámara baja aprobó la «Ley Gatillo Fácil» o también llamada «Ley Naín-Retamal» para despacharla al Senado. Un proyecto que pretende que automáticamente se presuma inocencia a policías cuando usen sus armas y también busca eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento, una iniciativa criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y que fue impulsada en medio de la convulsión social producto de ciertos acontecimientos, utilizando perfectamente la «doctrina del shock».

«Doctrina del shock» es un concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein que propone que las políticas económicas neoliberales han sido impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento con la «Ley gatillo fácil» o «Ley Naín-Retamal», bautizada así por los apellidos de dos funcionarios policiales víctimas fatales de la delincuencia, producto de la fusión de dos iniciativas legislativas en la Comisión de Seguridad en la cámara baja.

La reforma agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley. Para el homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado y aumenta las penas para cuando un funcionario asegure que fue agredido de alguna forma.

No obstante, lo más grave es que establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.

Ahora, será el Senado quien la despache para la firma presidencial, donde se espera que su trámite sea aún más sencillo.

Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó durante la presentación del informe 2022 a nivel mundial que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en el país.

Este oportunismo político sólo demuestra que se está utilizando la conmoción pública para imponer agendas ideológicas y que la preocupación por el bienestar de la población no son más que discursos mediáticos que no buscan erradicar los graves problemas que sufre el país.

https://resumen.cl/seccion/memoria-y-ddhh

Amnistía Internacional y «Ley Nain-Retamal»: «Lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley»

Diario Digital Resumen. 29 marzo 2023.

Por Alejandro Baeza.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló respecto a la discusión en el Congreso de la denominada «Ley Nain-Retamal» que: «Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley. independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

La mañana de este martes, Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel correspondiente al año 2022. Si bien está centrado en hechos ocurridos en países como Ucrania, Irán, y Estados Unidos, también presenta un apartado especial para nuestro país, en particular a la falta de justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos de funcionarios policiales contra manifestantes y el abandono por parte del Ejecutivo a realizar una reforma a la policía uniformada.

En este sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

En otros aspectos, se refirió al primer año del presidente Boric, comentando que «reconocemos los avances, pero, al mismo tiempo, queremos señalar que existen deudas importantes que no se han cumplido, compromisos en los que el Gobierno está al debe». «Apremia pasar de las intenciones manifestadas en su Programa de Gobierno, a la acción en materia de derechos humanos», añadió.

Desde Amnistía Internacional valoraron iniciativas como el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la agenda de verdad, justicia y reparación para víctimas de la represión durante el Estallido Social y la firma del Acuerdo de Escazú.

Informe Anual de AI 2023 Chile: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/chile/report-chile/

https://resumen.cl/seccion/memoria-y-ddhh