Organizaciones de derechos humanos presentaron requerimiento ante Corte Suprema por uso retroactivo de la Ley Naín Retamal

Radio Universidad de Chile. Osciel Moya Plaza. Viernes 28 de abril 2023.

Organizaciones sociales, abogados y parlamentarios presentaron este viernes un requerimiento al Pleno de la Corte Suprema en el que solicitaron un control de convencionalidad y determine si la Ley Naín Retamal se ajusta a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La acción se da en el marco de la polémica normativa que entró en vigencia el pasado 10 de abril, cuya aplicación se efectuó por primera vez el jueves en el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, absolviendo a cinco carabineros acusados de apremios ilegítimos durante el estallido social.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, afirmó que esperan que el máximo tribunal “establezca que dicha ley no se ajusta los tratados internacionales, que le entrega facultades que están por sobre lo permitido por los estándares sobre la materia y declare que la norma hace al Estado de Chile incurrir en responsabilidad internacional, toda vez que está contrariando normas contenidas en los tratados que el Estado se obligó a respetar íntegramente”.

El jurista agregó que con este requerimiento “hemos querido reiterar nuestra inquietud por el hecho de que se están entregando amplias facultades a la institución (de Carabineros) en circunstancias en que todavía no se acoge la recomendación hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cuanto a la necesidad de realizar una profunda reforma a dicha institución que tenga como ejes centrales el respeto de los derechos humanos, el respeto de los valores democráticos y la necesaria rendición de cuentas”.

Margotta también lamentó que “todavía permanezca en el cargo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, quien es imputado en distintas causas en crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social”.

Por otro lado, el abogado expresó su preocupación porque a partir de la vigencia de la Ley Naín Retamal, “tres personas han sido muertas por la invocación de esta norma por parte de los funcionarios de Carabineros, en circunstancias bastante cuestionables, según lo han señalado los propios familiares y de acuerdo a las investigaciones judiciales que están en curso”.

“Hemos visto con preocupación que recientemente un tribunal de la República estableció que la Ley Naín Retamal se tenía que aplicar retroactivamente respecto de hechos ocurridos durante el estallido social y ha absuelto a cinco carabineros que habían sido formalizados por apremios ilegítimos y homicidio frustrado, falsificación de instrumento público, delito cometido en contra de una persona que se manifestaba durante el estallido y que padece de sordera”, señaló Margotta.

Ley retroactiva

En efecto, la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Talagante dado a conocer por el juez Alfonso Jove señala que “los funcionarios pueden defenderse de hechos al ver en riesgo su vida y de terceros”.

“Los acusados a la fecha de comisión de los hechos realizaban labores de función pública, repeliendo una acción que podía afectar su integridad física o derechamente la vida de los ocupantes de la patrulla GOPE”, señaló el magistrado.

Los cinco funcionarios de la subcomisaría de Padre Hurtado arriesgaban 18 años de cárcel por disparar contra un hombre de 49 años que padece de sordera en el contexto del estallido social.

Al respecto, el abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular, indicó que en este caso “era previsible y por eso en su momento se cuestionó esta ley Naín Retamal, porque tiene efecto retroactivo de acuerdo al Art. 18 del Código Penal. Sin embargo, las víctimas de esos fallos pueden recurrir al Tribunal Constitucional”.

Morales afirmó que ante el escenario de retroceso que vive el país en materia de derechos fundamentales, el jueves presentaron ante el Juzgado de Garantía de San Antonio una querella criminal en contra del funcionario de Carabineros, Patricio Vargas, por la muerte del joven David Toro en un procedimiento policial donde le dispararon en el rostro cuando se fugaba de un control por no contar con documentos al día para conducir.

Además, aseveró que la próxima semana “vamos a ir al Tribunal Constitucional y eso se debería dilucidar en esta instancia. Lamento el efecto que ha producido esto en la actividad de los abogados de derechos humanos, como también de la gente que se cree defensora de los derechos humanos y que está en el Parlamento”.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, expresó su “desprecio por una ley de este tipo”.

La legisladora indicó que la absolución de los cinco funcionarios policiales es “la nueva forma del decreto de Ley de Amnistía del dictador. Que vergüenza que en un país que se dice democrático hayamos sido capaces de instalar una ley de este tipo, es inaceptable”.

Por otro lado, Pizarro condenó el accionar de la policía uniformada contra las manifestaciones estudiantiles. “Es manga ancha para asesinar con absoluta impunidad, es lo que pudimos observar ayer nuevamente contra jóvenes protestando, menores de edad, sea cual sea el actuar que estén desarrollando no puede venir una fuerza especializada a agredirlos y a atacarlos como lo hizo. Esto es costumbre, sólo que ahora lo hacen con una ley que los favorece”, puntualizó.

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA AGENDA POLICIAL CONJUNTA DEL GOBIERNO Y OPOSICIÓN

J A Coloma, actual presidente del senado, 32 años parlamentario, dirigente de la derechista UDI

Ante el acuerdo entre el gobierno y la oposición de tramitar, de manera extra rápida, una extensa agenda legislativa de “seguridad” hacemos público nuestro rechazo y nos convocamos, junto a otras organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos a resistir, una vez más, los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad, y a exigir a las autoridades un cambio de rumbo.

1. Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Hasta ahora, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en el pasado reciente y durante la revuelta social. Delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales, y acreditados a través de más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.

2. Este peligroso escenario parece destinado a salvaguardar la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza y se halla lejos de cualquier estándar y control de convencionalidad en materia de derechos humanos, en tanto resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos.

 3. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos no es incompatible con la seguridad de las personas, por el contrario, esa garantía es justamente su condición. Por ello, alertamos sobre los peligros de los cada vez más frecuentes discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. Se omite así lo que debe ser una obligación del Estado y sus representantes: emitir siempre una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmente atentatorios de la integridad personal.

4. La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas.

5. Esta agenda legislativa tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años y que el programa del actual gobierno proponía abordar primero, mediante su refundación, y luego, a través de una reforma. Esta crisis se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos, y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado. La crisis de Carabineros la generó la propia institución contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una policía que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye un instrumento de represión de la legítima protesta y movilización social. No corresponde por ello que la ciudadanía asuma los costos de esa crisis y vea afectados sus derechos fundamentales.

 6. Hacemos un llamado de máxima alerta a todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, para que no permitamos que, nuevamente, en la historia de nuestro país se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver, mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas, problemas y conflictos de orden político, social y económico. Convocamos, asimismo, a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos de un gobierno proclamado como progresista, y de buena parte de la clase política empeñada en una cruzada restauradora que busca profundizar el orden heredado de la dictadura impuesta hace 50 años.

FIRMANTES
Organizaciones y personas