MISIÓN S.O.S COLOMBIA: DELEGACIÓN CHILENA INTERPELA A UN PRONUNCIAMIENTO DEL ESTADO DE CHILE

ANTE CONVOCATORIA A SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE PARO EN COLOMBIA, LA DELEGACIÓN CHILENA DE LA MISIÓN S.O.S. COLOMBIA HACE UN LLAMADO AL ESTADO CHILENO A PRONUNCIARSE EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y POR UN ALTO A LA REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL.

La delegación chilena que participó de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia declara:

Que, nuestra visita se realizó entre el 3 y 12 de julio, junto a otros 40 comisionados de diferentes países.

En intensas jornadas de trabajo, escuchamos presentaciones sobre contextos nacionales y subregionales y denuncias de violaciones a los derechos humanos casos en 9 Departamentos de Colombia.

Recibimos información de primera mano de organizaciones locales y regionales, como comités de paro, grupos estudiantiles, colectivos de mujeres, y organizaciones de derechos humanos y sindicales. Las y los comisionados también entrevistamos a funcionarios públicos.

Constatamos que el paro, las protestas y las manifestaciones se han caracterizado por ser mayoritariamente pacíficas, masivas y multicolores, destacando en ellas la diversidad cultural identitaria de la ciudadanía colombiana, expresada a través de marchas, expresiones artísticas como murales, encuentros musicales callejeros, velatones y tomas de espacios públicos.

Como respuesta estatal, pudimos verificar que, en forma generalizada y sistemática, obedeciendo a patrones de conducta comunes en todo el territorio nacional, se recurrió al uso de la violencia desproporcionada contra toda expresión de protesta social y abuso de las medidas sanitarias y decretos de toque de queda para restringir la libertad de reunión y de circulación.

La violencia denunciada incluía desde asesinatos, desapariciones, mutilaciones, agresiones con elementos antidisturbios, seguimientos y hostigamientos a dirigentes sociales y manifestantes, persecuciones, retenciones ilegales, violencia física de las y los detenidos en las comisarías, agresiones sexuales en las calles, amenazas verbales, la infiltración en los espacios universitarios, la violencia basada en género dirigida a castigar e inhibir la participación de las mujeres, entre otros.

Que los responsables directos de los actos denunciados son las policías militarizadas, las fuerzas paramilitares y otros agentes del estado junto a civiles no identificados.

Documentamos aproximadamente 180 denuncias que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos asociadas a la protesta social.

Pudimos recoger las experiencias y percepciones de una amplia gama de la población, especialmente de los sectores más vulnerados por las múltiples violencias, tanto las específicas en el contexto de la respuesta estatal al paro nacional, como las violencias estructurales e históricas que han caracterizado a cada región y el país. Entre éstas, las desigualdades económicas, el hambre, la falta de oportunidades para los jóvenes, en su mayoría afrocolombianos.

El control político en cada región lo detentan unas pocas familias poderosas dueñas de la mayor parte del capital a través de bancos, empresas y negocios, quienes tienen la hegemonía en términos de influencia política y contribuyen con el trabajo precarizado a que se las desigualdades económicas se mantengan y profundicen.

Al tenor de lo observado, declaramos que Colombia atraviesa por una grave crisis humanitaria y requiere en forma urgente un pronunciamiento del Estado chileno, como parte de la comunidad internacional, condenando los hechos de violencia hacia el pueblo colombiano y llamando a garantizar el derecho a la protesta social.

Manifestamos nuestra preocupación por los nuevos hostigamientos, amenazas de inmovilización y empadronamiento de vehículos que van en Caravana desde diversos territorios de Colombia hacia la ciudad de Cali para participar en la Segunda Asamblea Nacional Popular que se encuentra convocada para los próximos días.

Exigimos al gobierno colombiano garantías efectivas que aseguren el derecho a protesta y de reunión.

Asimismo, requerimos en forma urgente del pronunciamiento del Estado chileno, en tanto garante del proceso de Paz firmado hace 5 años y como parte también de la comunidad internacional, para que exija al gobierno de Duque el alto a la represión y garantice al pueblo colombiano el derecho a la protesta social. Las autoridades chilenas, las instancias parlamentarias y constituyentes, los organismos internacionales defensores de los derechos humanos deben expresar su condena a las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia

MISIÓN CHILENA SOS COLOMBIA
Mariella Santana Machuca. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
Andrés Vera Quiroz. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
Karinna Fernández Neira, Forest Peoples Programme (UK)
Juanita Aguilera Jaramillo, Comisión Ética Contra la Tortura;
Matías Vallejos Gessell, Los Ojos Chile.

Parlamentarios británicos piden suspensión de apoyo a policía colombiana durante duro debate sobre Colombia

Artistas premiados en el Festival de Cannes 2021 solidarizan con el derecho a la protesta social en Colombia

Londres, 16 de julio de 2021.

Ayer en el Parlamento británico se realizó un debate sobre Colombia donde diputados de varios partidos políticos llamaron a la Ministra con responsabilidad de las Américas a rendir cuentas por su relación con el gobierno colombiano.

Los diputados expresaron su rechazo por la actuación de la policía durante las recientes protestas, criticaron las declaraciones del gobierno colombiano, incluyendo la de la vicepresidenta esta semana ante la ONU, y pidieron una suspensión del Tratado de Libre Comercio y los programas de apoyo policial que tiene el gobierno británico con Colombia.

El debate fue convocado por la diputada del Partido Laborista Kate Osborne y contó con la participación de 13 diputados más además de la Ministra de gobierno del Partido Conservador, Wendy Morton, del Departamento de Asuntos Exteriores.

Osborne abrió el debate declarando que la situación de derechos humanos en Colombia estaba “fuera de control”. El Ministro en la Sombra con responsabilidad sobre Colombia para el Partido Laborista, Fabian Hamilton, la respaldó destacando que las protestas “fueron en gran parte pacíficas” pero que hubo “una violenta represión por parte de la policía colombiana”. El vocero para el Partido Nacional Escocés, Alyn Smith, opinó que “la respuesta del gobierno colombiano a las protestas debe ser rechazado.”

Osborne destacó particularmente los incidentes en Cali donde según dijo “civiles armados salieron a las calles para disparar contra los manifestantes.” Criticó la reacción del Presidente Duque, quien según la diputada británica dijo a los manifestantes “que se fuera a casa”, mientras “guardaba silencio sobre los aparentes paramilitares y la policía que operaban uno al lado del otro.”

Respondiendo a la intervención esta semana de la Vicepresidenta colombiana ante el Consejo de Seguridad, el diputado laborista Ian Lavery llamó a los demás parlamentarios de no quedar “callados en nuestra exigencia de justicia mientras el gobierno colombiano trata de desviar nuestra atención.”

Había amplia demanda de una revisión del programa de formación que recibe la Policía colombiana del Reino Unido, con el diputado Lavery concluyendo que se debería suspender “si va a unidades involucrados en la represión de la protesta pacífica”. Había llamados también de suspender el tratado comercial entre los países a través de la activación de la cláusula sobre derechos humanos – el diputado laborista Tony Lloyd, ex-Ministro en el gobierno de Tony Blair, dijo que “ya es hora” de “examinar la cláusula de derechos humanos” y que es el momento “de activarlo”.

Los diputados además reiteraron su compromiso con seguir apoyando el proceso de paz, respaldaron las recientes decisiones de la JEP, y felicitaron a los ex comandantes de las FARC por su compromiso con la justicia transicional.

Por su parte la Ministra del gobierno Wendy Morton enfatizó el continuo apoyo del gobierno británico para el proceso de paz y su expectativa de ver investigaciones en respuesta a las acusaciones de violaciones de la policía colombiana durante las protestas.

Según Hasan Dodwell, Director de la ONG británica-irlandesa Justice for Colombia: “Cada día hay más parlamentarios británicos alarmados por la constante violación de derechos humanos en Colombia”.

Para ver trino en Twitter (con subtítulos): https://twitter.com/JFColombia/status/1416077473507336196?s=20
Para ver el video del debate resumido (con subtítulos): https://youtu.be/LdbbzhzejUA
Para ver el video del debate completo (en inglés): https://youtu.be/ujW8d7N1Udo

Para más información o para entrevistas contactar a Hasan Dodwell por WhatsApp en +44 7859 934234

http://www.justiceforcolombia.org @JFColombia

Colombia Misión de Observación informe preliminar: Estado usa técnicas de combate contra la protesta social

Fuente: Resumen Latinoamericano 12 de julio de 2021

La Misión de Observación de Garantías para la protesta social en Colombia, encontró por lo menos 11 patrones de violaciones de Derechos Humanos y exterminio contra los manifestantes por parte de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles que actúan en connivencia con la policía y con el ejército en el marco del paro nacional, además hicieron 50 recomendaciones para el Estado Colombiano.

Según lo informado en una rueda de prensa este 12 de julio, estas conclusiones se dan luego de recibir por lo menos 70 informes de organizaciones sociales de derechos humanos locales y nacionales y también 180 denuncias de víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Según lo que expresaron hay un comportamiento de represión qué es grave sistemático y generalizado, ejercido por el gobierno nacional en cabeza del ministerio de defensa y por integrantes de la fuerza pública en casi todos los puntos en los que se han realizado protestas en el paro nacional.

Estrategia de represión de la fuerza pública es similar a la estrategia militar

Una de las denuncias más fuertes, a manera de conclusión que presenta esta Misión de Observación, es que la estrategia de represión utilizada en contra de las movilizaciones sociales es similar a la estrategia militar para combatir actores armados y se utilizan técnicas de combate para neutralizar y eliminar al mayor número de manifestantes posible.

Dentro de los actores causantes de estas violaciones a los Derechos Humanos encontraron en primer lugar, a la fuerza pública, al ESMAD, a las fuerzas militares e incluso al ministerio de defensa.

Fuerza pública, paramilitares y civiles armados actúan contra la protesta social

En segundo lugar, señalan que se encuentran grupos paramilitares que actúan de la mano con la fuerza pública frente a las movilizaciones y que hay varios casos de este tipo de situaciones que ha podido documentar suficientemente esta misión de observación.

También aseguraron qué otra de las grandes preocupaciones es la actuación de civiles armados con armas cortas y armas largas entre los que se pudieron identificar funcionarios públicos y funcionarios de entidades públicas que actúan y actuaron de esta manera.

Testimonios en terreno de la misión de Observación de DDHH en Colombia: La resistencia de Popayán

Comisionados de la misión Internacional de verificación de la situación de los derechos humanos que visita Colombia del 4 al 12 de julio, dialoga con jóvenes de la olla comunitaria del barrio La Paz, sector Sena. Horas después de la visita, los jóvenes fueron atacados por la policía antidisturbios

Fuente: Periódico electrónico “Pie de Página”. 8 de julio 2021. Texto y fotos: Daniela Pastrana comisionada de México.

El Ministro de Defensa llegó a la capital del Cauca con una amenaza: no permitirán más bloqueos carreteros, una de las formas tradicionales de la protesta de campesinos en Colombia. Mientras dos jóvenes fueron lesionados en los ojos en un ataque de la policía antidisturbios, el gobierno de Iván Duque rechazó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

POPAYAN, COLOMBIA.- La escena era la de una película de Hollywood: un aeropuerto cerrado por los militares, la gente que bajaba de la pequeña aeronave recién llegada de Bogotá debía cruzar el andén, la sala de espera y el estacionamiento, antes de cruzar la reja para encontrar algún transporte. Ni paradas al baño eran permitidas por los soldados, que esperaban de un momento a otro la llegada de su mando supremo.

Era una imagen tan impresionante (aunque aquí nos cuentan que no es tan extraño) que estuve tentada a sacar el teléfono y grabar. Entonces vi los rostros sonrientes de nuestras anfitrionas, que forman parte de organizaciones sociales con mucho reconocimiento en las regiones, y cancelé el intento. Porque cuando termine el trabajo de la misión internacional de observación, yo regresaré a mi casa y ellas se quedarán aquí, lidiando con estas estructuras militares que no tienen ningún interés en dialogar.

La comisión que viaja al Cauca está formada por dos investigadores catalanes del Centro de Estudios Para la Paz, dos activistas que vienen de Ecuador, y una periodista mexicana (yo). Nuestro primer día de trabajo coincide con la llegada a Popayán del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien trae bajo el brazo una amenaza para los campesinos organizados, y con la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su reciente visita a Colombia. También coincide con una protesta que es duramente reprimida por la policía antidisturbios, como si necesitáramos evidencia directa de los testimonios que escuchamos en estos días, o si tuviéramos dudas de que el paro nacional sigue (y la violencia del Estado también).

Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021

1. De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista. Tal como ha hecho en ocasiones anteriores, la CIDH reconoce que esa carta política introdujo una arquitectura institucional equilibrada entre los poderes públicos y organismos autónomos con funciones específicas de control. La Comisión llama a preservar dicha arquitectura, reforzada por el Acuerdo de Paz de 20161, así como a consolidar un sistema operante de pesos y contrapesos.

2. Al mismo tiempo, la CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.

3. La Comisión reconoce que estos desafíos se han visto exacerbados debido a las necesarias medidas de contención y atención de la pandemia de la COVID-19, las cuales, al igual que en otros países, han causado un gran impacto económico y social y han alterado la política general trazada por los gobiernos de turno. Adicionalmente, reconoce que los efectos de la pandemia han repercutido en la falta de acceso a la salud, así como a oportunidades laborales y educativas, especialmente entre mujeres y jóvenes.

Misión de Observación Internacional de DDHH por garantías para la protesta social y contra la impunidad trabaja entre el 3 y 12 de julio en Colombia

La Comisión de Justicia y Paz informó que ya están en Colombia, los delegados de 12 países de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, que visitará 11 regiones del país.

La comisión conformada por 40 delegados de 12 países e integrado por destacados dirigentes políticos y sociales, estarán hasta el lunes 12 de julio recibiendo testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el Paro Nacional.

Con esta información, la Misión pretende “identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales”, indicó.

Los delegados, visitarán puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía en departamentos como Antioquia, Bogotá y Valle.

De igual forma, el informe servirá como insumo para acciones de incidencia ante los gobiernos de los países integrantes de la Misión y en favor de las garantías para la protesta y contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

26 de junio día internacional de solidaridad con sobrevivientes de tortura

Encuentro “Memoria, Tortura y Resistencia”

Este 26 de junio, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) conmemora una vez más el Día Internacional de Solidaridad con Sobrevivientes de Tortura, con un encuentro en el que haremos un reconocimiento, como cada año en este día, a las organizaciones y a l@s luchador@s sociales del presente. Contaremos con las presentaciones, en nombre de sus colectivos, de:

Alondra Carrillo – Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional.

Matias Vallejos – Fundación Los Ojos de Chile.

Rolando Vergara – Brigada Newen Mapuche.

Y para finalizar, contaremos con la presentación de danza de Millaray.

La actividad será transmitida en vivo el día sábado 26 de junio a las 16:00 horas, a través de los canales de Facebook y Youtube de la CECT:

facebook.com/CECTchile

youtube.com/channel/UC4YpIqVkeMBqh4TfJI52RTg

Ante las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia reclamamos el pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH y exigimos el cese inmediato de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de la nación andina

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA 

Ante las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia reclamamos el pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH y exigimos el cese inmediato de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de la nación andina.

1.- Luego de nueve días de protestas a nivel nacional en Colombia, los registros sobre violaciones a los derechos humanos hasta el 7 de mayo dan cuenta de:

• 37 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública.
• La Plataforma Grita ha registrado, desde el 28 de abril, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de torturas y violencia física durante las manifestaciones 
• 381 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD: 31 sufrieron lesiones oculares; 24 fueron heridas por arma de fuego; 58 personas defensoras de Derechos Humanos fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
• 15 personas fueron víctimas de violencia y tortura sexual perpetrada por el ESMAD.
• 1.180 personas han sido detenidas, gran parte de ellas en procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
• 8 allanamientos realizados, fueron declarados ilegales, incluyendo las detenciones efectuadas durante los mismos. 
• 569 denuncias por abusos, agresiones y violencia policial.

2.- Las organizaciones de defensa de los DDHH en Colombia informan que las agresiones han sido cometidas por la fuerza pública, específicamente la Policía Nacional que de forma generalizada y sistemática ha violado los derechos humanos de la población en las jornadas del Paro Nacional, realizado entre los días 28 de abril y el 7 de mayo. 

3.- Las fuerzas del orden desconocen y violan abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social en las sociedades democráticas. Se ha hecho evidente que las agresiones son mecanismos para infundir terror en la población, eludiendo el respeto y violentando el derecho fundamental y legítimo a la protesta social de parte de la ciudadanía, a la que se supone que las  fuerzas que resguardan el orden público, deben proteger. 

4.- Las instituciones gubernamentales, la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional de Colombia han utilizado sus armas y procedimientos de guerra en contra de la población civil desarmada, ingresando a los barrios, lanzando aturdidoras, gases lacrimógenos y disparando indiscriminadamente, provocando lesiones y muerte. 

5.- Por eso desde Chile la Comisión Ética contra la Tortura se une a las exigencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Colombia para que cese la represión y junto a ellas exigimos:

• Que el gobierno nacional y los gobiernos locales brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población, para esta pueda ejercer su derecho fundamental a la protesta social.

• Que el gobierno nacional y los gobiernos locales entreguen información completa y oportuna de las personas heridas y detenidas en el marco de las movilizaciones para que se les brinde atención médica, jurídica y psicosocial urgente.

• Que el gobierno nacional y la administración de justicia detenga la estigmatización y criminalización de la protesta social, que cesen los procesos judiciales arbitrarios, “falsos positivos judiciales”, montajes policiales y detenciones injustificadas.

• Que el gobierno nacional y los organismos judiciales brinden las garantías de justicia para las víctimas y de no impunidad a los crímenes del Estado que dejan estas jornadas de protesta, toda vez que resulta inútil negar estas violaciones a los  Derechos Humanos ejercidas por policías y militares.

• Que el gobierno nacional y el Parlamento atiendan las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de reforma tributaria dado que estos no comprenden el conjunto demandas sociales ineludibles y que el pueblo exige para enfrentar el empobrecimiento económico y la crisis sanitaria.

• Que la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional, NO usen armas de fuego ni desplieguen tácticas de guerra para acallar la protesta social y, por el contrario,respeten los protocolos de intervención y acción que colocan en primer orden el respeto de la vida e integridad física y psíquica de quienes se manifiestan y de quienes realizan labores de defensa de los derechos humanos garantizándoles el pleno desarrollo de sus funciones que urgen en el contexto actual.

6.- Desde Chile también como Comisión Ética Contra la Tortura exigimos un pronunciamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: se requiere una intervención rápida y efectiva de ese organismo en Colombia para detener la masacre. La labor de las instituciones multilaterales de derechos humanos es crucial para cualquier sociedad víctima de delitos de lesa humanidad perpetrados por gobiernos. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar, con urgencia y sin interferencias, en las crisis humanitarias como la que está viviendo hoy el pueblo colombiano y que aún sigue viviendo el pueblo chileno. De lo contrario, estos organismos perderán toda su credibilidad y legitimidad.

Comisión Ética Contra la Tortura – Chile

SANTIAGO  MAYO DE 2021

Colombia: Brutal represión de la protesta social

Ginebra, 4 de mayo de 2021

OMCT – En el marco de las jornadas de movilización iniciadas el 28 de abril de 2021 para protestar contra un proyecto de reforma tributaria que aumentaba los impuestos sobre la renta y productos básicos de un sector amplio de la población colombiana, profundamente afectado por la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido con suma preocupación informaciones que indican la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de todo el país.