TPP11: Protocolo de mentiras entre el gobierno y el senado sobre transgénicos, semillas y otros

Por Lucía Sepúlveda. Diario Digital El Clarín, 08/08/2019.

El “Protocolo de acuerdo de entendimiento” que antecedió la aprobación del TPP, suscrito entre el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera y la Comisión de Relaciones Exteriores fue un salvavidas de última hora. Y será usado en estos días para engatusar a los senadores que muestren una posición contraria al TPP.  El presidente de la Comisión, José Miguel Insulza (PS); Ricardo Lagos Weber (PPD), Iván Moreira (UDI), José Miguel Ossandón (RN) y Alejandro Guillier  votaron como hermanos de causa, por unanimidad a favor del TPP11, un tratado que garantiza a las corporaciones transnacionales avanzar sin cortapisas imponiendo megaproyectos bajo sus nuevas reglas del juego. Insulza honró así el modelo agroexportador iniciado por Augusto Pinochet, el dictador al que el senador trajo de regreso a Chile el año 2000 asegurándole impunidad total.

El protocolo de 7 puntos y 9 promesas conocido ayer, surgió en respuesta a una reiterada súplica formulada a la DIRECON por Guillier, quien requería una coartada para votar a favor del tratado. Es un documento de nulo valor legal. El Senado debe analizar el contenido de un tratado, y no una interpretación libre de los 30 capítulos, sus anexos y cartas bilaterales. Los senadores demostraron ignorar su contenido, el cual  no está sujeto a debate alguno, salvo los que se puedan dar más adelante debido a demandas en las cortes internacionales de fantasía previstas por el TPP. Allí las transnacionales demandantes, usando los abogados de las mismas corporaciones, harán valer (en secreto, claro está; así está establecido) cada línea y cada cita al pie de los capítulos de inversión y resolución de controversias, sin que este protocolo pueda esgrimirse para zanjar el tema. La extensión del protocolo sólo permite por ahora analizar lo más evidente.

Huenchumilla: “Ley Corta Antiterrorista criminalizará a los mapuche”

Diario Digital Interferencia.  Paula Huenchumil 08/08/2019.

Con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones el Senado aprobó legislar la Ley Corta Antiterrorista que busca modificar el artículo 226 del Código Procesal Penal. “Pretenden meterle informantes y agentes encubiertos a la Ley Antiterrorista, que es una ley cuestionada, que no pasa los estándares de derechos humanos”, plantea el Senador Huenchumilla, quien votó en contra.

Este miércoles 7 de agosto el proyecto de la denominada Ley Corta Antiterrorista dio un nuevo paso al ser aprobado en el Senado. Dicha legislación busca modificar el artículo 226 del Código Procesal Penal, permitiendo incluir técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista. La iniciativa del gobierno deberá ingresar a la comisión de Constitución del Senado para la discusión de las indicaciones.

Con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones el Senado aprobó en general el proyecto de ley corta antiterrorista que otorgar técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista tipificados en la ley 18.314. Por ejemplo, intervenciones telefónicas, grabaciones, y agentes encubiertos.

La iniciativa fue rechazada por Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (independiente), Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Alejandro Navarro (Pais-PRO) y Jaime Quintana (PPD).

En conversación con INTERFERENCIA, el Senador DC Francisco Huenchumilla -quien pertenece al pueblo mapuche- explica los motivos de su votación, quien ya previo a la jornada, comentó que la centroizquierda se equivocaba al apoyar el acuerdo para votar la idea de legislar esta ley.

Por Neltume y Panguipulli: carta de la CECT a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Señora Consuelo Valdés Chadwick
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted para ponerla en conocimiento nuestro rechazo a la posición pública adoptada por la presidenta de la gobiernista Unión Demócrata Independiente (UDI) senadora Jacqueline Van Ryselberghe, proponiendo anular el Decreto Nº 32 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que declaró monumento nacional, en la categoría de Monumento Histórico, al conjunto de bienes pertenecientes al complejo forestal y maderero Panguipulli.

El país sabe que asociada a la historia y materialidad de ese territorio, especialmente Neltume, hay un conjunto de violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura de Pinochet tal como lo ha establecido en nuestra memoria nacional y constituyente  el Informe de Verdad y Reconciliación (Rettig) y el Informe de Prisión Política y Tortura (Valech).

Por lo que anular esta declaratoria, total o parcialmente, significaría negar los compromisos nacionales internacionales contraídos por el Estado de Chile en materia de memoria, respeto, promoción, reparación y medidas de no repetición de violaciones de los Derechos Humanos como las conocidas.

Sepa distinguida ministra que  de nuestra parte no habrá capitulación si se consagra una medida como la que solicitan estos sectores políticos. No cesaremos  jamás de luchar por verdad, justicia, memoria y reparación.

Muy gentilmente,

A nombre de la Comisión Ética Contra la Tortura.

Juana Aguilera Jaramillo

Presidenta

 

Santiago de Chile 7 de agosto de 2019.

 

CC. Sr. Emilio de la Cerda Errázuriz, subsecretario del Patrimonio Cultural

CC. Sr. Erwin Brevis Vergara, secretario técnico Consejo de Monumentos Nacionales

CC. Sr. Carlos Maillet Aránguiz, director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales

CC. Sra. Angélica Navarrete, directora del Centro Cultural y Museo Memoria de Neltume

 

Respuesta de la autoridad.

Erwin Brevis Vergara, 7 de agosto de 2019 n12:40 horas.

Estimada, acuso recibo de su correo electrónico y, le informo que será ingresado de manera formal al Consejo de Monumentos Nacionales, para ser anexado al expediente del MH Complejo Forestal y Maderero Panguipulli.

Programa Radial Que el Pueblo Viva

Compartimos con ustedes el programa de radio Que el Pueblo Viva. En este programa Hervi Lara y Felipe Durán dialogan sobre el reciente paro de los profesores en Chile, sus demandas, sus razones y la realidad de la educación en nuestro país.

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El Programa Que el Pueblo Viva es un programa radial de Derechos Humanos de la Comisión Ética Contra la Tortura que se trasmite por Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.

OTRO CHILE ES POSIBLE: manifiesto convocatoria a los movimientos y organizaciones sociales de Chile

Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias las desigualdades y la impunidad y al observar que casi no hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral, que corroe a gran parte de las instituciones de la república.
Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en dictadura y mantienen hasta hoy una constitución ilegitima y un entramado social, institucional y económico, que impiden cambios democráticos y la recuperación de los derechos fundamentales. Es evidente que la actual democracia se muestra cada vez más insuficiente y no sirve a los intereses populares.

El mundo del trabajo, pensionados, salud, educación y cultura, vivienda, territorios, agua y medio ambiente, mujeres, pueblos originarios, inmigrantes, entre otros, en el día a día vivimos las consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de décadas de políticas neoliberales y de promover el individualismo por sobre la solidaridad y donde los dueños del poder, la clase empresarial y aquellos que los representan, solo piensan en maximizar sus ganancias no respetando y conculcando las libertades y derechos fundamentales –derechos humanos, políticos, económicos, sociales, étnicos, sexuales, culturales- de todas las y los habitantes del territorio. Todo lo anterior se ha visto acrecentado en el actual gobierno, con políticas públicas regresivas, aumento sistemático de la represión, impunidad en violación de DDHH y generando correlaciones de fuerzas conservadoras en el parlamento, destinadas a reducir aún más los pocos derechos que nos están quedando.

Organizaciones de DDHH salen al paso a declaraciones UDI sobre Neltume

Diario Digital El Periodista. 20 de Julio de 2019.

Organizaciones de derechos humanos y profesionales de Neltume apoyan la declaratoria de Monumento Nacional del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli en Neltume, y rechazan las opiniones que piden revertir esta resolución.

Como bien dice el Decreto del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio del 07 de junio de 2019, en sus considerandos iniciales, se declara Monumento Nacional en su calidad de Monumento Histórico “el conjunto de bienes pertenecientes al desarrollo del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli”, en la localidad de Neltume, que fue la principal sede administrativa de este Complejo Forestal en la cordillera de la Región de los Ríos.

Con esto se resalta la ocupación de este territorio desde principios del siglo pasado donde la explotación de la madera generó un nuevo poblamiento de la zona, como el nacimiento del poblado de Neltume, y con ello una importante cultura ligada a la madera y su industralización. El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli es el resultado del proceso social y político iniciado con la reforma agraria en la década del 60. Industria estatal que fue destacada en sus resultados económicos, incluso valorada por el delegado militar que se instaló en el complejo con la dictadura en 1973.

Los valores que destaca la declatoria son justamente las instalaciones y lugares ligados a esta importante historia social y económica ligada a la madera.

Para nadie es desconocido que el movimiento obrero forestal y campesino en Neltume también generó una dinámica política que fue cuestionada por la oposición a los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende y que con el golpe militar se acentuó gravemente, siendo este poblado unos de los mas golpeados por la violencia de la dictadura. Cientos de personas ligados a este complejo forestal fueron detenidos, torturados y muchos de ellos ejecutados y otros aun están desaparecidos, como los 15 obreros y campesinos de Liquiñe. El fusilamiendo de Gregorio José Liendo y otros 11 militantes del MIR en octubre de 1973, es reconocido como uno de los episodios del sur de la fatídica Caravana de la Muerte. Estas y otras personas muertas en los primeros meses de la dictadura y otro grupo de militantes muertos en 1981, son reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos en los informes oficiales del estado de Chile.

La historia de Neltume ha generado nuevos procesos como el Museo de la Madera y la Memoria, que ha sido destacado como una experiencia comunitaria que resguarda ese pasado. El complejo industrial maderero y su historia social y política han sido considerados por actores públicos y privados como necesarios de conservar como un aporte relevante a la memoria del país, pero también al desarrollo de rutas ligados al turismo patrimonial.

Reducir esta declaratoria a una supuesta exaltación de la violencia ligado a un movimiento guerrillero en la época nos parecen inaceptables y los cuestionamientos que se han hecho solo siguen fomentando la ignorancia con la historia de la región y el país. Los bienes de esta declaratoria cuestionados por la UDI, como el sitio del ex Retén de Carabineros en 1973 y el campamento guerrillero de 1981, se explican y entienden por el contexto de la historia del lugar y la violencia ocurrida en Neltume con la dictadura militar.

Esperamos que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, así como el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales no consideren evaluar una posible revocatoria de esta declaración. El Estado de Chile debe honrar el compromiso con la reparación histórica suscrito en los informes que dan cuenta de la violencia en la dictadura cívico militar. La negación es una nueva victimización y esta declaratoria hace justicia con la historia de este territorio cordillerano y repara en parte el enorme daño causado a esta comunidad, y a los hombres y mujeres que fueron, y son hoy, protagonistas de la historia de Neltume.

Suscriben:
Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume.
Agrupación de Ex Presos Políticos de Valdivia.
Corporación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Valdivia.
Ex trabajadores.as y colaboradores del Codepu Valdivia.
Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile.

Declaración Pública de MODATIMA: A propósito de los que exigen certeza jurídica para seguir lucrando con el agua

El día de ayer (14/07/19),  mediante una inserción publicada en el diario el Mercurio, y titulada “Reforma al Código de Aguas amenaza Certeza Jurídica y Bienestar de la Sociedad y las Personas” , un conjunto de organizaciones gremiales, lideradas por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Bancos, y la Cámara Chilena de la Construcción, han notificado al país, a las comunidades y territorios, su oposición absoluta a cualquier iniciativa que tenga por propósito desprivatizar el agua.

Los argumentos contenidos en la inserción son en general  conocidos, recurren una vez más a los derechos de propiedad de la aguas, los que se encuentran consagrados en el artículo 19, numeral 24 de la constitución del 80, y que sostienen “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. A renglón seguido sostienen que los derechos de aprovechamiento de aguas han sido legítimamente adquiridos, y que cualquier alteración al modelo privado de aguas, provocaría una pérdida del valor de la tierra, y una desvalorización considerable de la propiedad  raíz como objeto de venta o garantía crediticia necesaria para poder desarrollar su actividad, y continúan sosteniendo que esto sería “un golpe muy grave para la agricultura Chilena, especialmente para los pequeños agricultores”.

La inserción mañosamente señala tener coincidencias con priorizar el uso del agua para consumo humano, y fortalecer a los comités de agua potable rural, pero nuevamente insisten en que no se pueden afectar los derechos de propiedad sobre el agua, por las “graves consecuencias que ello significaría para la certeza jurídica, y la institucionalidad política y económica del país”, así tal cual, moviendo las fronteras de declaraciones anteriores, y en este caso con una clara intención sediciosa y amenazante.

En Chile la privatización de las aguas se encuentra consagrada constitucionalmente, del mismo modo, y desde el año 1981 en adelante, sin discusión previa, y mediante el predominio de la fuerza y la exclusión,  el código de aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua. Es más, le concedió la prerrogativa al Estado de ser este, a través de la Dirección General de aguas, el responsable de conceder los derechos de aprovechamiento de las aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados, sí, a perpetuidad. Es decir, es bastante dudoso, por decir lo menos, hablar de “derechos legítimamente constituidos” como sostienen en la declaración en comento.

Desprivatizar el agua significaría para quienes suscriben la inserción publicada por el mercurio, no poder utilizarla como garantía crediticia, ¿parece inaudito?, para los dueños del agua no.