Comisionados de la misión Internacional de verificación de la situación de los derechos humanos que visita Colombia del 4 al 12 de julio, dialoga con jóvenes de la olla comunitaria del barrio La Paz, sector Sena. Horas después de la visita, los jóvenes fueron atacados por la policía antidisturbios
Fuente: Periódico electrónico “Pie de Página”. 8 de julio 2021. Texto y fotos: Daniela Pastrana comisionada de México.
El Ministro de Defensa llegó a la capital del Cauca con una amenaza: no permitirán más bloqueos carreteros, una de las formas tradicionales de la protesta de campesinos en Colombia. Mientras dos jóvenes fueron lesionados en los ojos en un ataque de la policía antidisturbios, el gobierno de Iván Duque rechazó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
POPAYAN, COLOMBIA.- La escena era la de una película de Hollywood: un aeropuerto cerrado por los militares, la gente que bajaba de la pequeña aeronave recién llegada de Bogotá debía cruzar el andén, la sala de espera y el estacionamiento, antes de cruzar la reja para encontrar algún transporte. Ni paradas al baño eran permitidas por los soldados, que esperaban de un momento a otro la llegada de su mando supremo.
Era una imagen tan impresionante (aunque aquí nos cuentan que no es tan extraño) que estuve tentada a sacar el teléfono y grabar. Entonces vi los rostros sonrientes de nuestras anfitrionas, que forman parte de organizaciones sociales con mucho reconocimiento en las regiones, y cancelé el intento. Porque cuando termine el trabajo de la misión internacional de observación, yo regresaré a mi casa y ellas se quedarán aquí, lidiando con estas estructuras militares que no tienen ningún interés en dialogar.
La comisión que viaja al Cauca está formada por dos investigadores catalanes del Centro de Estudios Para la Paz, dos activistas que vienen de Ecuador, y una periodista mexicana (yo). Nuestro primer día de trabajo coincide con la llegada a Popayán del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien trae bajo el brazo una amenaza para los campesinos organizados, y con la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su reciente visita a Colombia. También coincide con una protesta que es duramente reprimida por la policía antidisturbios, como si necesitáramos evidencia directa de los testimonios que escuchamos en estos días, o si tuviéramos dudas de que el paro nacional sigue (y la violencia del Estado también).
1. De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista. Tal como ha hecho en ocasiones anteriores, la CIDH reconoce que esa carta política introdujo una arquitectura institucional equilibrada entre los poderes públicos y organismos autónomos con funciones específicas de control. La Comisión llama a preservar dicha arquitectura, reforzada por el Acuerdo de Paz de 20161, así como a consolidar un sistema operante de pesos y contrapesos.
2. Al mismo tiempo, la CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.
3. La Comisión reconoce que estos desafíos se han visto exacerbados debido a las necesarias medidas de contención y atención de la pandemia de la COVID-19, las cuales, al igual que en otros países, han causado un gran impacto económico y social y han alterado la política general trazada por los gobiernos de turno. Adicionalmente, reconoce que los efectos de la pandemia han repercutido en la falta de acceso a la salud, así como a oportunidades laborales y educativas, especialmente entre mujeres y jóvenes.
La Comisión de Justicia y Paz informó que ya están en Colombia, los delegados de 12 países de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, que visitará 11 regiones del país.
La comisión conformada por 40 delegados de 12 países e integrado por destacados dirigentes políticos y sociales, estarán hasta el lunes 12 de julio recibiendo testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el Paro Nacional.
Con esta información, la Misión pretende “identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales”, indicó.
Los delegados, visitarán puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía en departamentos como Antioquia, Bogotá y Valle.
De igual forma, el informe servirá como insumo para acciones de incidencia ante los gobiernos de los países integrantes de la Misión y en favor de las garantías para la protesta y contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
Este 26 de junio, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) conmemora una vez más el Día Internacional de Solidaridad con Sobrevivientes de Tortura, con un encuentro en el que haremos un reconocimiento, como cada año en este día, a las organizaciones y a l@s luchador@s sociales del presente. Contaremos con las presentaciones, en nombre de sus colectivos, de:
Alondra Carrillo – Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional.
Matias Vallejos – Fundación Los Ojos de Chile.
Rolando Vergara – Brigada Newen Mapuche.
Y para finalizar, contaremos con la presentación de danza de Millaray.
La actividad será transmitida en vivo el día sábado 26 de junio a las 16:00 horas, a través de los canales de Facebook y Youtube de la CECT:
DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
Ante las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia reclamamos el pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH y exigimos el cese inmediato de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de la nación andina.
1.- Luego de nueve días de protestas a nivel nacional en Colombia, los registros sobre violaciones a los derechos humanos hasta el 7 de mayo dan cuenta de:
37 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública.
La Plataforma Grita ha registrado, desde el 28 de abril, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de torturas y violencia física durante las manifestaciones
381 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD: 31 sufrieron lesiones oculares; 24 fueron heridas por arma de fuego; 58 personas defensoras de Derechos Humanos fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
15 personas fueron víctimas de violencia y tortura sexual perpetrada por el ESMAD.
1.180 personas han sido detenidas, gran parte de ellas en procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
8 allanamientos realizados, fueron declarados ilegales, incluyendo las detenciones efectuadas durante los mismos.
569 denuncias por abusos, agresiones y violencia policial.
2.- Las organizaciones de defensa de los DDHH en Colombia informan que las agresiones han sido cometidas por la fuerza pública, específicamente la Policía Nacional que de forma generalizada y sistemática ha violado los derechos humanos de la población en las jornadas del Paro Nacional, realizado entre los días 28 de abril y el 7 de mayo.
3.- Las fuerzas del orden desconocen y violan abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social en las sociedades democráticas. Se ha hecho evidente que las agresiones son mecanismos para infundir terror en la población, eludiendo el respeto y violentando el derecho fundamental y legítimo a la protesta social de parte de la ciudadanía, a la que se supone que las fuerzas que resguardan el orden público, deben proteger.
4.- Las instituciones gubernamentales, la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional de Colombia han utilizado sus armas y procedimientos de guerra en contra de la población civil desarmada, ingresando a los barrios, lanzando aturdidoras, gases lacrimógenos y disparando indiscriminadamente, provocando lesiones y muerte.
5.- Por eso desde Chile la Comisión Ética contra la Tortura se une a las exigencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Colombia para que cese la represión y junto a ellas exigimos:
Que el gobierno nacional y los gobiernos locales brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población, para esta pueda ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
Que el gobierno nacional y los gobiernos locales entreguen información completa y oportuna de las personas heridas y detenidas en el marco de las movilizaciones para que se les brinde atención médica, jurídica y psicosocial urgente.
Que el gobierno nacional y la administración de justicia detenga la estigmatización y criminalización de la protesta social, que cesen los procesos judiciales arbitrarios, “falsos positivos judiciales”, montajes policiales y detenciones injustificadas.
Que el gobierno nacional y los organismos judiciales brinden las garantías de justicia para las víctimas y de no impunidad a los crímenes del Estado que dejan estas jornadas de protesta, toda vez que resulta inútil negar estas violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por policías y militares.
Que el gobierno nacional y el Parlamento atiendan las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de reforma tributaria dado que estos no comprenden el conjunto demandas sociales ineludibles y que el pueblo exige para enfrentar el empobrecimiento económico y la crisis sanitaria.
Que la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional, NO usen armas de fuego ni desplieguen tácticas de guerra para acallar la protesta social y, por el contrario,respeten los protocolos de intervención y acción que colocan en primer orden el respeto de la vida e integridad física y psíquica de quienes se manifiestan y de quienes realizan labores de defensa de los derechos humanos garantizándoles el pleno desarrollo de sus funciones que urgen en el contexto actual.
6.- Desde Chile también como Comisión Ética Contra la Tortura exigimos un pronunciamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: se requiere una intervención rápida y efectiva de ese organismo en Colombia para detener la masacre. La labor de las instituciones multilaterales de derechos humanos es crucial para cualquier sociedad víctima de delitos de lesa humanidad perpetrados por gobiernos. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar, con urgencia y sin interferencias, en las crisis humanitarias como la que está viviendo hoy el pueblo colombiano y que aún sigue viviendo el pueblo chileno. De lo contrario, estos organismos perderán toda su credibilidad y legitimidad.
OMCT – En el marco de las jornadas de movilización iniciadas el 28 de abril de 2021 para protestar contra un proyecto de reforma tributaria que aumentaba los impuestos sobre la renta y productos básicos de un sector amplio de la población colombiana, profundamente afectado por la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido con suma preocupación informaciones que indican la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de todo el país.
28 Abril: Ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia de formalización del Capitán de Carabineros, de iniciales T.P.R.S, en calidad de autor por el delito consumado de apremios ilegítimos, cometido en contra de María Paz Grandjean, por hechos ocurridos el día 18 de octubre de 2019 en las cercanías del Centro Cultural Gabriela Mistral.
Tres comuneros que llevan 99 días de huelga de hambre anuncian huelga seca en la cárcel de Angol
Comunicado Público
Nosotros, los 3 comuneros que llevamos 99 días de huelga de hambre desde la cárcel de Angol le queremos comunicar al pueblo Nación mapuche y a la comunidad Chilena e Internacional lo siguiente:
Ante la insensibilidad y oídos sordos de las autoridades políticas y judiciales de este país, respecto a nuestras peticiones. Anunciamos que vamos a recrudecer nuestra medida para ser escuchados y que iniciaremos una huelga de hambre seca a contar de las 8 de la mañana del día 10 de marzo con el único fin de que se acoja nuestro petitorio que es el siguiente:
1.- Pedimos juicios justos, derecho a que se valoren nuestras pruebas y argumentos y se eliminen las pruebas falsas y los falsos testimonios basados en prejuicios y racismo.
2.- Que se respete nuestro derecho como mapuche a ser considerados comuneros, independiente del módulo donde estemos recluidos, respetando nuestra cultura, otorgándonos los derechos que nos reconoce la Ley y los tratados internacionales en cuanto a visitas y las cosas y alimentos que nos pueden hacer llegar nuestros familiares. Que se respete nuestra cultura y prácticas médicas, dejando que nos visite nuestro machi.
3.- De acuerdo al primer punto del juicio justo, que se nos permita mantener el principio de la presunta inocencia hasta que se pruebe lo contrario, por lo que se nos debe permitir cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar hasta el juicio oral.
4.- Que se nos permita probar que las acusaciones del fiscal Vásquez están basadas en suposiciones y prejuicios, el juez debe dar valor a los informes que justifican nuestros argumentos, por ejemplo informes de la doctora sobre la incapacidad de Felipe Espinoza.
5.- Pedimos que un organismo independiente como el Colegio Médico sea nuestro garante para hacer de mediador.
Esperando que estas peticiones lleguen a todos los oídos receptivos de nuestro pueblo mapuche y del pueblo Chileno solidario.
