28 Abril: Ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia de formalización del Capitán de Carabineros, de iniciales T.P.R.S, en calidad de autor por el delito consumado de apremios ilegítimos, cometido en contra de María Paz Grandjean, por hechos ocurridos el día 18 de octubre de 2019 en las cercanías del Centro Cultural Gabriela Mistral.
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Tres comuneros que llevan 99 días de huelga de hambre anuncian huelga seca en la cárcel de Angol
Comunicado Público
Nosotros, los 3 comuneros que llevamos 99 días de huelga de hambre desde la cárcel de Angol le queremos comunicar al pueblo Nación mapuche y a la comunidad Chilena e Internacional lo siguiente:
Ante la insensibilidad y oídos sordos de las autoridades políticas y judiciales de este país, respecto a nuestras peticiones. Anunciamos que vamos a recrudecer nuestra medida para ser escuchados y que iniciaremos una huelga de hambre seca a contar de las 8 de la mañana del día 10 de marzo con el único fin de que se acoja nuestro petitorio que es el siguiente:
1.- Pedimos juicios justos, derecho a que se valoren nuestras pruebas y argumentos y se eliminen las pruebas falsas y los falsos testimonios basados en prejuicios y racismo.
2.- Que se respete nuestro derecho como mapuche a ser considerados comuneros, independiente del módulo donde estemos recluidos, respetando nuestra cultura, otorgándonos los derechos que nos reconoce la Ley y los tratados internacionales en cuanto a visitas y las cosas y alimentos que nos pueden hacer llegar nuestros familiares. Que se respete nuestra cultura y prácticas médicas, dejando que nos visite nuestro machi.
3.- De acuerdo al primer punto del juicio justo, que se nos permita mantener el principio de la presunta inocencia hasta que se pruebe lo contrario, por lo que se nos debe permitir cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar hasta el juicio oral.
4.- Que se nos permita probar que las acusaciones del fiscal Vásquez están basadas en suposiciones y prejuicios, el juez debe dar valor a los informes que justifican nuestros argumentos, por ejemplo informes de la doctora sobre la incapacidad de Felipe Espinoza.
5.- Pedimos que un organismo independiente como el Colegio Médico sea nuestro garante para hacer de mediador.
Esperando que estas peticiones lleguen a todos los oídos receptivos de nuestro pueblo mapuche y del pueblo Chileno solidario.
Atte.
Patricio Lican Manquel
Juan Lican Manquel
Felipe Espinoza H.
9 de marzo del 2021, cárcel de Angol.
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Declaración Pública
¿Quién y qué define a una persona privada de libertad, como persona prisionera política?
En Chile, entre el 18 de octubre de 2019 y el 3 de enero 2020, según el INDH, cerca de 10.000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales 1.133 son niños, niñas y adolescentes; sólo en la Región Metropolitana 3.266 personas, seguido por Antofagasta con 1.136; las restantes cifras se sitúan en Copiapó con 766 personas presas; Concepción con 644 y Temuco con 476. (https://www.t13.cl/noticia/nacional/catastro-del-indh-contabiliza-casi-10-mil-personas-detenidas-contexto-estallido-social).
¿Se puede considerar presos políticos a quienes han sido perseguidos o encarcelados por supuestos delitos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y movilizaciones iniciadas el 18 de octubre del 2019?
A un año de la revuelta social, el 18 de octubre 2020, solo en Santiago se detuvo a 600 personas. Varias de las personas detenidas denunciaron que la policía les torturó, les aplicó violencia sexual y otros tratos y penas crueles inhumanas y degradantes. Por su parte, el Ministerio Público señala que un total de 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado y que existen 4.681 causas relacionadas con violencia institucional vigentes; de todo ello, solo 25 agentes del Estado se encuentran en prisión preventiva y un solo imputado ha sido condenado. (http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=18771).
Sobre gran parte de las personas encarceladas pesa la Ley de Seguridad Interior del Estado, invocada por el Ministerio del Interior, por tanto la denominación de ser “presos políticos” se ajusta a esta categoría de acuerdo a los instrumentos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Al igual que la dictadura de Pinochet, el gobierno autoritario de Piñera, quien recientemente en la ultima encuesta de Asuntos Públicos de Criteria arrojó que su aprobación cayó a un 7% en la ciudadanía, niega la existencia de personas encarceladas por razones políticas y por quienes su gobierno a través de su Ministerio del Interior se ha hecho parte de los procesos en contra de ellas.
A las voces destempladas de personeros de la feneciente ex Nueva Mayoría apoyando al gobierno, se ha sumado Jose Miguel Vivanco el director de la División de las Américas del Humain Rights Watch que de un minuto al otro pasó de ser un ente asesor técnico de los Estados en materia de derechos humanos a ser portavoz y defensor de un Gobierno que ha violado sistemática y gravemente los derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado.
El gobierno de Piñera ha cometido graves crímenes contra la integridad física y psíquica de las personas y dejado cientos de personas en prisión preventiva prolongada, más allá de los plazos que estipula la propia ley, negándoles el derecho a defensa, a probar su inocencia y el derecho legítimo de aspirar a su libertad.
Declaran a los 4 vientos que nadie es perseguido por sus ideas o por sus convicciones políticas y que esas personas no serían presos políticos para concluir que quienes han sido encarcelados en el contexto de la revolución iniciada en el 2019, se encuentran presos por cometer graves delitos de violencia en contra la propiedad.
Como Comisión Ética contra la Tortura queremos señalar al Gobierno y a todos los que han salido en su apoyo, que en Chile efectivamente no se encarcela por tener ideas diferentes, sino que se les asesina. El Estado de Chile ha cometido crímenes gravísimos en contra de quienes han protestado y declarado querer un mundo diferente. En efecto, varios comuneros mapuche han sido cobardemente asesinados por la policía en el último tiempo; dirigentes sindicales y ambientalistas han sido asesinados y jamás encontrado a los culpables, ni investigado ni menos castigado dichos crímenes. De las personas asesinadas desde octubre 2019, cuyos cuerpos aparecieron luego de ser baleados en los incendios de empresas y supermercados, calcinando sus cuerpos para evitar su identificación y sin que a la fecha los responsables hayan sido llevados ante un tribunal. Recientemente, el policía que asesinó a Camilo Catrillanca confesó cómo el aparato del Estado desde sus altos mando policiales y civiles le obligaron a mentir. Para qué vamos hablar de los cientos de montajes pauteados desde el aparato del Estado, fiscales y policías como la Operación Huracán y otras que han permitido el encarcelamiento de comuneros mapuche; o de la impunidad encabezada desde el poder judicial que calló ante los crímenes durante todos los años de dictadura y que en estos 30 años de gobiernos civiles no ha sido diferente, más aún, hoy tiene el desparpajo de determinar medidas de impunidad para 31 genocidas condenados como autores de asesinatos; 30 agentes condenados como autores de secuestro calificado que mantiene a personas en condición de detenidos desaparecidos y beneficios a otros 42 violadores de derechos humanos, torturados y encubridores, participes del Terrorismo de Estado haciendo que un total 103 criminales y genocidas sean liberados.
El Gobierno de Piñera, el Poder Judicial y otras instituciones estatales, han perdido toda lógica de lo que es la Justicia y el ejercicio de los derechos que competen a las personas; hoy resulta más grave sostener una idea que sembrar desigualdad social; propiciar la defensa del medio ambiente, la defensa del agua y el derecho a vivir dignamente, es más grave que el cohecho y la corrupción de políticos y empresarios; el robo si lo realizan las empresas financieras y otras como las AFP, las Fuerzas Armadas o las Policías son un problema que merece cuanto más un arresto domiciliario o una clase de ética; un semáforo roto, un adoquín arrancado o la autodefensa ejercida frente a una represión que arranca ojos, mutila personas, apalea hasta matar o dejar parapléjica a la gente, es confinada en una cárcel sin derecho alguno, expuestos al hacinamiento en medio de una pandemia, negados del apoyo de sus familias y aislados de todo contacto social. Lo que ha pasado con las personas encarceladas luego de octubre 2019, no sólo muestras las distintas velocidades con que opera la justicia, sino también castigo y ensañamiento.
Lo que sí sabemos es que por las ideas, aún no han podido encarcelar al 93% restante que no apoya al gobierno; ni tampoco han podido encerrar al casi 80% que votó contra el Gobierno al optar por una Nueva Constitución en el plebiscito de octubre pasado.
Ni tampoco han podido encarcelar a los cientos de miles de mujeres por cantar contra el patriarcado y la violencia hacia las mujeres ejercidos por el Estado, la represión de las policías y los vínculos sociales, laborales por contar solo algunos de los tantos amarres opresores hacia las mujeres.
Tampoco han podido encarcelar a las familias cuyos hijos han sido confinados en el SENAME para morir a manos del Estado ni a todas las personas que con nuestra lucha expresamos la solidaridad permanente con las y los luchadores sociales encarcelados y cuya motivación primera ha sido y es oponerse a un Estado autoritario y violento que obliga a miles a vivir sin derechos elementales y los “delitos” por los que son acusados no alcanzan en medida alguna a los crímenes cometidos por el Estado;
A los presos políticos mapuche y chilenos les llamamos a seguir resistiendo a esta política de la muerte de un gobierno políticamente finalizado.∫å
Exigimos la libertad de todas(os) los personas privadas de libertad por razones politicas
Exigimos el fin de la prisión preventiva de las miles de persona detenidas en las cárceles de Chile.
Exigimos juicios justos y tiempos limitados en los procesos de todas las personas detenidas por razones y motivaciones políticas.
Comisión Etica contra la Tortura
Santiago de Chile,
Diciembre de 2020
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14, Oct. 2020 |
La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado “estallido social”, dijo hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que publica en el contexto del primer aniversario de las protestas masivas.
En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, la organización analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.
Si bien dicho corte temporal se realizó por razones metodológicas, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020 – momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia de la Covid-19. Recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.
“Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la institución por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre del 2019, sino que son parte de un patrón histórico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas.
Mandos estratégicos o directivos
Autor: Daniel Espinoza.
Amnistía Internacional investigó a profundidad las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de 12 personas, a través de carpetas de investigación, expedientes judiciales, entrevistas con víctimas, personas defensoras de derechos humanos, y autoridades, entre ellas fiscales a cargo de las investigaciones. Además, la organización analizó más de 200 piezas videográficas y realizó 14 solicitudes formales de información a distintos ministerios, incluido el Ministerio del Interior.
El informe pone en evidencia que existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial. Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas, o con bombas lacrimógenas, entre ellas trauma ocular, cuya cifra ascendió a 347 casos hasta el 30 de noviembre. A marzo de 2020, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta cifra ascendía a 460.
Los mandos estratégicos analizados en el informe demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y de que los casos de trauma ocular sobrepasaban los 250. Aunque se creó una “Plana Mayor Nacional” para asesorar al General Director, la estrategia y planificación de la gestión de las operaciones se mantuvo prácticamente sin cambios pese al desastre. No modificaron los protocolos y dictaron órdenes vagas y generales, casi idénticas a las anteriores, sin incorporar instrucciones específicas para minimizar el daño.
Durante el periodo analizado por Amnistía Internacional, no hubo prácticamente sanciones disciplinarias a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, únicamente 16 suponían la remoción del puesto. En dos de los casos con sanciones administrativas de este tipo, los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la conducta castigada no tuvo relación con el uso de la fuerza. En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autoría en las lesiones graves, no fueron sancionados. Esto permitió que funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos permanecieran en sus puestos, operando a diario, y alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante en la institución.
“Oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza. Lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese”, dijo Erika Guevara Rosas.
Autor: Sebastián Runner
Ciertos mandos operativos de la Región Metropolitana, como el Jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el Jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), tampoco habrían ejercido un debido control sobre sus subordinados, como era su obligación, y dirigieron y coordinaron operaciones como la del 8 de noviembre en “Plaza Italia”, donde oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad.
Solo en esa intervención, en la que resultó ciego Gustavo Gatica, y que fue comandada por el Prefecto de las Fuerzas Especiales (G-1) y sus subprefectos (G-2 y G-3), se detonaron más de 2.000 cartuchos de 12 balines cada uno. Operaciones como esta no fueron la excepción, sino la regla. Amnistía Internacional identificó que este modus operandi se repitió durante el mes y medio analizado, y que dichas operaciones en la Región Metropolitana contaron con los mismos oficiales, que día tras día disparaban de forma injustificada y sin control, y en ocasiones a través de estrategias ofensivas en contra de manifestantes. Entre los oficiales identificados repetidamente se encuentran G-2 y G-3, este último imputado recientemente como posible autor de las lesiones a Gustavo Gatica.
Responsabilidad del Ejecutivo
Amnistía Internacional considera que la política que los mandos estratégicos de Carabineros llevaron a cabo no podría haberse dado si la administración del presidente Sebastián Piñera hubiera ejercido un control adecuado. Los intentos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.
“Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo”, dijo Erika Guevara Rosas.
Para garantizar la no-repetición de hechos como los analizados en el informe, no sólo es necesario que se juzgue a todas las personas responsables hasta el máximo nivel posible, sino que además se reforme la institución de Carabineros.
Además, es necesario atender las demandas de la población que detonaron el “estallido social” en Chile. En este sentido, Amnistía Internacional considera que el proceso para la adopción de una nueva Constitución es una oportunidad histórica, donde se debe lograr que los derechos económicos y sociales demandados por la población se garanticen para todas las personas en Chile, sin discriminación.
Aunque no es objeto del informe, Amnistía Internacional también documentó casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron desplegadas del 18 al 28 de octubre por el presidente Sebastián Piñera en algunas regiones de Chile, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de emergencia, a pesar de no ser su rol el control del orden público en manifestaciones. Oficiales de las Fuerzas Armadas fueron acusados de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de utilizar munición letal contra manifestantes en varias ocasiones, y de matar a tres personas en contextos de protesta. Las responsabilidades penales por estas muertes y lesiones deben ser esclarecidas de inmediato de manera imparcial y exhaustiva.
“La Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido”, dijo Erika Guevara Rosas.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Ilsen Jara, Directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional Chile +56 9 642 78 411, ilsen.jara@amnistia.cl
Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
Más información:
Descarga el informe: Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social (Investigación, 14 de octubre de 2020) http://www.amnesty.org/es/documents/amr22/3133/2020/es
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Diario Electrónico Resumen en Wallmapu 24/08/20.
Por Juan Jara
Luego de permanecer 50 días sin ingerir alimentos, tres de los once presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Lebu iniciaron hoy una huelga seca como medida de presión al gobierno de Sebastián Piñera que sigue sin aplicar el Convenio 169 e la OIT a la situación judicial de los 26 comuneros que aún siguen en huelga de hambre.
Guillermo Camus, Oscar Pilquiman y Robinson Parra informaron a Gendarmería a las 18:00 horas de esta tarde que iniciarían la drástica medida. Auka Castro, vocero de los presos, comentó que “la motivación de esta decisión tiene que ver con la indolencia y la nula respuesta que ha dado el Gobierno a lo que se le ha venido planteando”.
Cabe recordar que hoy desde las 09:00 am los ocho presos políticos mapuche de Angol retomaron la huelga seca denunciando de paso al gobierno por romper los plazos y los pequeños acuerdos que se habían alcanzado a través de Hernán Larraín (UDI), actual ministro de Justicia y DDHH.
Tanto los comuneros de Lebu, como los ocho presos en Angol y los siete recluidos en Temuco que aún continúan en huelga de hambre, exigen al gobierno la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece tratos a pueblos indígenas en situación carcelaria. El documento, ratificado por Chile en 2009, mandata a los Estados suscriptores una serie de medidas en pos de la participación y la consulta que deben hacérsele a las comunidades que se vean afectados con las decisiones emanadas desde las instituciones estatales.
Otra de las puntos que contempla el acuerdo establece de miembros de comunidades indígenas, exhortando a sus adherentes en su Art.10 a que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”. El artículo finaliza instruyendo que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”
En sentido el vocero de los presos políticos mapuche de Lebu fustigó que “necesitamos que se sienten a conversar con nosotros y que busquemos una salida política a este conflicto que es lo que hemos planteado hace mucho rato. Tenemos que recordar que no estamos pidiendo ningún favor, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Chile hace casi 11 años”.
Los presos en Lebu, 11 cursan actualmente la medida cautelar de prisión preventiva. En este sentido Auka Castro explicó que “su situación judicial está en un punto muerto. Aquí el Ministerio Publico ha hecho uso de la pandemia pidiendo más plazos de investigación, argumentando que no pueden recabar pericias para que supuestamente comprueben la participación de nuestros hermanos en los delitos que se les imputan. Sus preparaciones de juicios no tienen para cuando”.
Con respecto al estado de salud de los presos de cara a la huelga seca, Castro hizo hincapié en que “la situación a 50 días de ayuno es crítica. Tienen fuertes dolores de cabeza, musculares, muchos mareos, entre otros. Nos preocupa demasiado la decisión de la huelga seca, porque entendemos que ninguna persona es capaz de sobrevivir 3 o 4 días sin ingerir líquidos considerando todo lo que acarrean los días de ayuno».
Además de Guillermo Camus, Oscar Pilquiman y Robinson Parra, la vocería de los huelguistas comunicó que durante esta semana se irán plegando a la extrema medida los nueve comuneros restantes.
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FUENTE: Radio Universidad de Chile
Wallmapu, 21 de Agosto de 2020 – El Gobierno llegó este martes a un acuerdo con el machi Celestino Córdova luego de 107 días de huelga de hambre y ante la amenaza de iniciar una huelga seca. Pero la compleja situación de los comuneros mapuche privados de libertad en distintas cárceles de La Araucanía y el Bío Bío, también en huelgas de hambre, todavía no ha terminado. Son 26 comuneros los que hoy se mantienen en ayuno en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu.
En Angol son ocho los prisioneros movilizados que hoy cumplen 108 días de huelga de hambre, pese a que fueron nueve en un momento, y de estos ocho sólo tres están condenados por algún delito. El resto, los otros cinco, se encuentran en prisión preventiva desde hace más de cinco meses. Es justamente ésta la situación que les preocupa y ante lo cual han insistido en la generación de una instancia con las autoridades pertinentes en la cual se pueda avanzar hacia una aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas que fue ratificado por nuestro país hace ya 12 años.
Como este tema no se resolvió en las tratativas entre el machi Celestino Córdova y el Gobierno, en donde se firmó un acuerdo que no considera la demanda de los otros comuneros, la huelga de hambre de los prisioneros mapuche de la cárcel de Angol continúa. Así lo confirmó a nuestro medio el werken o vocero de los ocho huelguistas de Angol, Rodrigo Curipan, quien sostuvo que están a la espera de un acercamiento con el Gobierno para resolver sus demandas. “Tiene que ser mediante una conversación bilateral en igual de condiciones“, expresó Curipan. Sigue leyendo
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Ante los graves hechos de violencia racial que se viven en el sur del país y la huelga de hambre que iniciarán presos políticos mapuche el pasado 4 de mayo, enterando los primeros de ellos 100 días mañana 11 de agosto sin una respuesta efectiva del Estado, optando algunos por radicarlizarla a una huelga de hambre seca, distintas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos enviaron una carta dirigida a relatores especiales de Naciones Unidas, solicitando una visita in loco al país.
La misiva está dirigida al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay; la Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, E. Tendayi Achiume; y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, dando cuenta pormenorizada de distintos hechos que constituyen violación a derechos humanos garantizados en tratados ratificados por Chile y que por lo mismo constituyen obligaciones internacionales del Estado.
“En específico, les solicitamos la realización de una visita urgente, con el objeto de constatar la gravedad de la situación que se vive en La Araucanía y aportar al desescalamiento de esta tensión, logrando que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y resguardo de los derechos a los pueblos originarios y tribales”, señala la solicitud promovida por el Colectivo Un 18 más y que suscriben más 80 de organizaciones y personas de Chile y el exterior.
Entre ellos, la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, Colegio de Periodistas de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comisión Ética contra la Tortura, Foro No Más, Fundación Henry Dunant América Latina, Movimiento Nacional por la Infancia, Observatorio Ciudadano, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (International Work Group for Indigenous Affairs- IWGIA); INTAL Globalize Solidarity (Bélegica), Chile Solidarity Network (UK) y la Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10.
Carta a Relator Asuntos Indígenas – Final (2)
Letter to the Rapporteur on Indigenous Affairs – Final (1)
Lettre au rapporteur sur les affaires autochtones – Final
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1.- A casi 24 de horas de pronunciada la cuenta pública del Gobierno el 31/07, llamando a la unidad y diálogo entre los chilenos para enfrentar las crisis que nos aquejan, el recién nombrado Ministro del Interior Víctor Pérez, a cargo entre otros de la Fuerza Policial, ha permitido que civiles actúen contra de civiles con el supuesto fin de restablecer el orden en municipios de la araucanía ocupados pacíficamente por manifestantes Mapuche, que con dicha acción buscaban llamar la atención sobre la prisión política que aqueja a miembros de sus comunidades, 27 de los cuales se encuentran en prolongadas huelgas de hambre y que buscan que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos firmados en el Convenio 169 de la OIT que les consagra derechos y respeto a su cultura y religiosidad, aun cuando se encuentren encarcelados. Sigue leyendo
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