Extradición de Assange a EEUU violaría la prohibición de la tortura según Amnistía Internacional

Extradición de Assange amenaza la libertad de prensa: Amnistía Internacional (AI)

“Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad”: Agnès Callamard.

LONDRES (Por IPS)

La posible extradición a Estados Unidos de Julián Assange, la cual quedó en manos del gobierno británico este miércoles 20, pone al fundador de WikiLeaks en grave peligro y sería una grave amenaza para la libertad de prensa, advirtió la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo”, declaró AI.

El Tribunal de Magistrados de Westminster, que ventilaba el caso de Assange, solicitado por la justicia estadounidense, puso la decisión en manos de la ministra Priti Patel, del gobierno conservador británico, quien podría resolver la entrega en las próximas semanas.

Assange es buscado en Estados Unidos por 18 cargos penales, incluida la violación de una ley de espionaje, después de que el sitio web WikiLeaks publicó miles de archivos secretos estadounidenses en 2010. La suma de sus penas pudiera montar hasta 175 años de prisión.

Reino Unido “tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad”, dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

AI recordó que “la reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos”, y esa práctica “constituye tortura u otros malos tratos, prohibidos por el derecho internacional”.

Las autoridades estadounidenses “han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno”, lo cual podría causar “un daño irreversible al bienestar físico y psicológico” del activista, según la organización.

La extradición “también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre”, sostuvo Callamard.

“Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Assange para que enfrente acusaciones de espionaje por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo”, agregó.

La tesis de AI es que si Londres permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país.

“Para empezar, nunca deberían haberse formulado cargos contra Assange. No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan la situación y retiren los cargos”, declaró Callamard.

“Mientras tanto, dado el carácter político del caso y sus graves implicaciones para la libertad de expresión, en el futuro, Reino Unido debería abstenerse de representar a Estados Unidos en una apelación”, agregó la responsable.

La defensa de Assange prevé continuar la lucha para impedir la extradición y tiene plazo hasta el 18 de mayo para presentar alegatos ante Patel.

El activista australiano de 50 años está en prisión desde 2019. Anteriormente estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres durante siete años.

Informe 2021/22 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos Chile y el mundo

El Informe 2021/22 de Amnistía Internacional entregado hoy 29 de marzo en Santiago, describe la situación de los derechos human en 154 países durante 2021. Refleja los motivos de preocupación documentados por Amnistía International, así como sus recomendaciones a gobiernos y otras entidades. Desde una perspectiva de derechos humanos, 2021 fue en gran medida una historia de traición e hipocresía en las estancias del poder. Aun así se mantuvo viva la esperanza de un mundo mejor tras la pandemia gracias a la valentía de personas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Su empeño y sus pequeñas victorias, conseguidas con mucho esfuerzo, deberían impulsar a los gobiernos a cumplir sus promesas. En el caso de Chile las protestas continuaron durante el año, en su mayor parte para exigir la puesta en libertad de las personas detenidas en relación con el estallido social de 2019 y 2020, muchas de las cuales se hallaban en prisión preventiva. Persistía el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. La crisis humanitaria que afrontaban miles de personas —en su mayoría de nacionalidad venezolana— que trataban de entrar en Chile a través de la frontera norte se vio agravada por las expulsiones colectivas.

Declaración Internacional de Solidaridad Latinoamericana y Caribeña con la autodeterminación del pueblo saharaui

Los pueblos, las organizaciones sociales y el movimiento popular de América Latina y el Caribe queremos manifestar la mayor y más amplia solidaridad  con el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática ante la vergonzosa traición del gobierno de España y su presidente Pedro Sánchez contra la legítima causa del pueblo saharaui por la  autodeterminación y la plena soberanía de su territorio.

El gobierno español y el Partido Socialista Obrero de España (PSOE) al apoyar la pretendida «autonomía marroquí» en el Sáhara Occidental apuntala en la práctica la anexión colonialista e ilegal de Marruecos validando así la actual ocupación militar del territorio que históricamente pertenece al pueblo saharaui. Esta decisión es la manifestación de una posición deplorable que atenta contra el derecho internacional y la autodeterminación, pues válida también las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los territorios ocupados perpetrados por las fuerzas militares y agentes del Estado de Marruecos. 

Declaración pública de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en apoyo a la Convención Constitucional recibe un amplio respaldo de organizaciones sociales, de DDHH y de personalidades del arte y la cultura

DECLARACIÓN PÚBLICA

1) El proceso constituyente en curso es un innegable logro del ejercicio
del derecho a manifestación de millones de chilenos y chilenas que se
volcaron a las calles a partir de Octubre de 2019, exigiendo un cambio del
modelo impuesto por la Dictadura a través de la Constitución de 1980.

2) La Convención Constitucional es una expresión genuina del ejercicio de la
soberanía popular y del derecho de libre determinación de los pueblos de
Chile, cuyo mandato debe ser respetado por todos los actores sociales y
políticos del país.

3) Por tanto, denunciamos y rechazamos la ilegítima campaña de
descalificación, denostación y desprestigio de la Convención Constitucional,
fundada en mentiras, caricaturas e información sesgada, desarrollada por un
sector minoritario pero poderoso, que cuenta con la complicidad de los
grandes medios de comunicación, que sólo buscan defender sus privilegios
y el statu quo que tanta afectación ha provocado a la inmensa mayoría de los
habitantes de nuestro país, en el ejercicio de sus derechos humanos más
básicos como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo decente.

4) Hacemos un llamado a la ciudadanía a defender la Convención
Constitucional para que pueda cumplir sin presiones su mandato: proponer
al país una Nueva Constitución.

5) Dejemos trabajar a la Convención Constitucional y confiemos en que
responderá cabalmente a su mandato, recogiendo las demandas
mayoritarias expresadas en la revuelta social de Octubre de 2019, y
plasmándolas en un texto de Nueva Constitución que siente las bases de una
verdadera convivencia democrática, basada en la conformación de un
Estado Social de Derecho, en que el eje central sea el respeto y garantía de
los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país.

Santiago 17 Marzo de 2022

COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Se adjunta lista de organizaciones y personas que ha adherido hasta el momento al llamado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos

Evento en línea. 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La tortura contra los pueblos indígenas una realidad invisibilizada.

ONU: ¡Que Estados Unidos cierre Guantánamo!

Por Elena Rusca corresponsal del diario Clarin de Chile. 16 Marzo, 2022.

Manifestación contra el cierre de Guantánamo en Estados Unidos en 2012

Durante la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, pidió a los Estados que se aseguren de que el legado de detenciones secretas, entregas y torturas posterior al 11 de septiembre no se olvide y que sus consecuencias actuales se aborden de frente. Entre todos los pedidos estaba también el cierre de Guantánamo.

En 2010, cuatro mandatos de procedimientos especiales produjeron un estudio conjunto único sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el GT sobre la detención arbitraria y el GT sobre las desapariciones forzadas o involuntarias habían sido acusados ​​respectivamente por el Consejo de Derechos Humanos para abordar las diversas dimensiones de la detención secreta que entraban dentro del ámbito de sus mandatos.

En un informe al Consejo de Derechos Humanos, Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, explicitó una evaluación de los 20 años de violencia, separación, detención y trauma sufridos por cientos de hombres detenidos después de la “guerra contra el terror”, y abordó el fracaso de los Estados para implementar las recomendaciones del estudio conjunto de 2010.

En particular modo, la relatora destacó las experiencias de los que fueron llevados al sitio de detención en la Bahía de Guantánamo, Cuba, y enfatizó que 39 hombres musulmanes continúan detenidos en este sitio en condiciones que cumplen con el umbral legal de tortura, trato cruel, inhumano y degradante según el derecho internacional.

Frente al aumento de los casos de tortura a manos de agentes del Estado la CECT solicita la presencia del Comité Contra la Tortura de la ONU en Chile

A la Opinión Pública

Aterrorizada la opinión pública nacional, ha podido visualizar el video liberado por la Fiscalía de la VI Región, con el procedimiento completo que se aplicó a la detención y tortura, con resultado de muerte, de Juan Antonio González Echeverría, de 37 años, el 18 de octubre de 2021, a manos de carabineros de la Primera Comisaría de San Fernando.

Dicho video que fue exhibido en el tribunal muestra claramente como 3 funcionarios de Carabineros participan en prácticas de torturas hasta el asesinato de González Echeverría. No obstante, la Fiscalía encauza por “apremios ilegítimos” al cabo primero Marcos Bastías Velásquez, policía que asfixia al detenido hasta dejarlo sin vida, hecho por el que fue dado de baja por la institución. Con ello la Fiscalía desconoce la tipificación del crimen de tortura incorporada al Código Penal en el 2016. Lo peor, es que no son formalizados los otros policías presentes al no oponerse al procedimiento hecho por el cabo primero Bastías Velásquez. Ellos se convierten en cómplices de estos deleznables actos de tortura, pues no hacen nada para impedir el asesinato del detenido ni le prestan auxilio.  

Hechos como este se han repetido en variadas oportunidades en las dependencias policiales. Sin ir más lejos, está en nuestra memoria Mario Acuña, de 44 años, sometido a múltiples golpes por 3 Carabineros de Buin, quien quedó en estado de coma un mes, con un severo traumatismo encéfalo craneano y hoy está postrado a vida. Alex Núñez, 39 años, asesinado a golpes por Carabineros de la comuna de Maipú o el conocido caso de “crucifixión de detenidos” practicado por la 43° Comisaría de Peñalolén que amarraron a 4 detenidos a una antena para luego someterlos a tratos crueles. Todos estos han sido, entre otros menos conocidos, actos de torturas realizadas por agentes del Estado chileno.

A pesar de que el crimen de tortura no ha dejado de practicarse en las cárceles de adultos y también, desgraciadamente, en las cárceles donde se recluye a menores de edad, desde octubre 2019 y con el fin de acallar la protesta social, la tortura salió a las calles: nuevamente, se ha hecho cotidiana, se reproduce y multiplica en un contexto de clara impunidad que contribuye a normalizarla.

DDHH de la ONU advierte incumplimiento del Estado chileno a las recomendaciones de protección de los derechos humanos, acceso a la justicia, reparación y medidas de no repetición, luego del estallido social

Fuente: Prensa Oficina Alto Comisonado ONU para los DDHH.

SANTIAGO (25 de octubre de 2021) – Chile muestra algunos avances, pero debe profundizar sus esfuerzos para abordar las violaciones y abusos cometidos a fines de 2019, según un informe presentado hoy por ONU Derechos Humanos. El documento es una actualización del informe elaborado por la misión técnica que visitó Chile en noviembre de 2019* y da seguimiento a la implementación de sus recomendaciones.

“Valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”, subrayó Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur

Entre tales obstáculos, el informe de seguimiento identifica que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas. “Una de las principales lecciones de octubre de 2019 es la necesidad de incrementar la protección del derecho de reunión pacífica, confiriendo a las personas mayores garantías democráticas en línea con las normas de derechos humanos”, explicó Jarab.

Informe final de La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia – Misión SOS Colombia

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia – Misión SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales -entre ellas la Comisón Ética Contra la Tortura de Chile-, de 12 países, quienes visitaron 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio de 2021, entregó su informe final. La Misión SOS Colombia sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este informe se abordan las violaciones a los derechos humanos que se documentaron en el marco de la visita cómo fueron: homicidios selectivos, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género – VBG, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes -TTCID, judicializaciones arbitrarias, estigmatizaciones, persecuciones, y, la obstrucción a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, medios alternativos, fotógrafos y brigadas médicas y/o de salud.

La Misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional, observó y constató diferentes métodos de represión que configuran un escenario de graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos en las regiones visitadas en el país. Concluyendo de manera preliminar que en las movilizaciones la Fuerza Pública utilizó técnicas de combate y guerra.

De igual forma, el informe identifica la presencia y funcionamiento de grupos paramilitares y analiza el papel de la Fuerza Pública, los gremios, empresas, y medios masivos de comunicación en relación con el tratamiento a la protesta social. Así mismo, se aborda la impunidad en los crímenes de Estado, el papel de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Policía Nacional; y los efectos de la represión frente a la salud, alimentación, renta básica y vivienda, los impactos psicosociales y los afrontamientos.

Ante la situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los derechos humanos que ha constatado la Misión SOS Colombia, se plantean seis recomendaciones principales y cincuenta acciones inmediatas o medidas a corto plazo dirigidas al Gobierno y Estado colombiano, a las Instancias Multilaterales Internacionales, a las empresas y a la Comunidad Internacional.

Integrantes de la Misión SOS Colombia, entregarán detalles de los hallazgos, solicitudes y recomendaciones en rueda de prensa el próximo 7 de octubre a las nueve de la mañana hora en Colombia. Este espacio podrá verse a través de las páginas de Facebook de las organizaciones convocantes como Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros, el CINEP, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, entre otras.

El informe entregado será difundido a nivel internacional por las organizaciones y personas que participaron de dicha Misión, así como medios de comunicación internacionales, que han centrado su mirada en lo ocurrido en Colombia, cuestionando el accionar de la Fuerza Pública y las graves faltas a los derechos humanos y las garantías a los manifestantes por parte del Estado colombiano.

👁️ Conoce el documento aquí ⬇️
https://coeuropa.org.co/informe-final-mision-sos-colombia/

Migrantes en Chile: Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes

Sergio Grez Toso@SergioGrezTosoToda la inhumanidad y la tristeza del mundo en esta fotografía tomada en Iquique luego de la vergonzosa acción de las turbas xenófobas.

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Comisión Ética Contra la Tortura denuncia al Estado de Chile como responsable de los graves hechos acontecidos en Iquique en contra las personas migrantes. En esa ciudad turbas de residentes atacaron a las familias migrantes con la complicidad de policías y autoridades gubernamentales. Los violentos quemaron las pertenencias de las personas migrantes actuando de manera racista, impulsados por ideas de odios y alentados por el previo violento desalojo de los migrantes operado por la fuerza pública. Cometieron sin duda tratos, crueles, inhumanos y degradantes contra las personas, sabiendo que contaban con la anuencia y complicidad de las autoridades policiales, civiles y militares. Las turbas no hubieran tenido esta conducta inhumana e ilegal de tortura pública si el Estado chileno no hubiera asegurado su impunidad.

Denunciamos al gobierno que negó toda política pública humanitaria a las personas migrantes.  Por el contrario, declaró desde su llegada al poder hace cuatro años que los expulsaría y les negaría derechos, declarándolos indocumentados para justificar el actuar represivo sobre ellos bajo la engañosa frase de «ordenar la casa». Esta escalada diseñada desde el Ministerio del Interior y aplaudida por grupos ultranacionalistas (que coloca a Chile en la galería de la infamia junto a La Noche de los Cristales Rotos, la niñez asesinada por Israel en Gaza, los látigos contra los migrantes haitianos en la frontera USA, etc.)   terminó por despojar a estas personas migrantes que se encontraban en Iquique no sólo de residencia y de un papel de identidad que les permite una supuesta integración, sino de quitarles la humanidad que todo ser humano tiene derecho por su condición de tal.

Exigimos al movimiento social declarar la firme convicción de oponerse al racismo, de no ser parte de los crímenes de odio que impulsa la ultraderecha. Al gobierno de los actuales herederos de la elite chilena,  -que antaño no dudó en entregar tierras robadas a los pueblos originarios a migrantes europeos y luego a los nazis y fascistas europeos arrancados de la segunda guerra, a los croatas que cometieron genocidios contra los pueblos Yaganes y Selkman en Punta Arenas y a los poderes económicos que nos han sometidos en todos estos años de neoliberalismo como los Luksic, Paulmann y otros migrantes que se han adueñado de Chile-, lo desafiamos  a que tenga el coraje de expulsar a esos migrantes en nombre la patria.

Llamamos al movimiento de solidaridad y de defensa de los derechos humanos a pronunciarse, urgentemente, ante esta feroz arremetida contra las personas pobres de América Latina que han venido en busca de trabajo y de un mejor porvenir. Movilizarse al norte podría ser una experiencia poderosa, como lo han hecho otros ciudadanos del mundo años atrás en Calais Francia, ocupando las calles para evitar el desalojo y la expulsión de personas migrantes declaradas ilegales atropellando con ello todos los tratados y convenciones internacionales sobre protección y defensa de los derechos humanos que Chile ha firmado. El Comité de Prevención de la Tortura en Chile dependiente del INDH, ante una situación de este tipo tiene la palabra.

Comisión Ética Contra la Tortura

Santiago de Chile en el Mundo 26 de septiembre de 2021