El legado de los militares que respetaron la Constitución en 1973

General Carlos Prats Gonzáles comandante en jefe del ejército (1970-1973)

POR JORGE MAGASICH AIROLA, HISTORIADOR.

Los intentos de los militares legalistas por impedir que las Fuerzas Armadas transgredieran la Ley en 1973, plantean la cuestión del reconocimiento histórico: ¿Quiénes actuaron correctamente en 1973? ¿los golpistas o los legalistas? Hasta ahora los gobiernos electos a partir de 1990 se han inclinado ante el hecho consumado que las Fuerzas Armadas son la continuidad de las que perpetraron el golpe, ignorando a los militares que –sacrificando mucho– se mantuvieron apegados a la Constitución. Ha llegado tal vez el momento de que los gobernantes reconozcan su gesto como un ejemplo de apego a la democracia, al humanismo, y al deber militar. Que debe inspirar las futuras Fuerzas Armadas.

La historiografía ha establecido que el asalto armado a las instituciones republicanas en 1973 no fue perpetrado por todas las Fuerzas Armadas, sino por una fracción de ellas. Probablemente, los militares golpistas eran mayoritarios, pero no hay manera de saber cuántos actuaron creyendo que estaban combatiendo al “enemigo interno” y cuantos obedecieron soportando en silencio, a menudo paralizados por el miedo.

Lo que sí se sabe es que un número significativo de militares se negó a participar en el golpe de Estado, manteniéndose fiel a su juramento y a la Constitución. Y su gesta sigue formulando punzantes preguntas sobre las Fuerzas Armadas actuales, herederas directas de la fracción que perpetró el golpe de Estado.

Exigen a Boric cumplir el Convenio 169 de la OIT, que obliga internacionalmente a Chile, para salvar la vida de comuneros Mapuche en huelga de hambre

CARTA ABIERTA

EN TERRITORIO MAPUCHE, LA PAZ SOLO SERÁ OBRA DE LA JUSTICIA

Llamado a evitar la muerte de comuneros mapuche en Huelga de Hambre

                                                               Santiago, 18 de agosto 2023

A la atención de Don Gabriel Boric Font

Presidente de la República

De nuestra consideración:

Quienes firmamos la presente carta abierta nos dirigimos respetuosamente a usted con el propósito de llamar su atención ante la huelga de hambre seca con el peligro de sus vidas, que llevan a cabo 10 presos políticos mapuche hace ya más 5 días, luego de un movimiento iniciado hace más de 100 días por un total de 19 comuneros presos.

Hacemos nuestras las demandas de las personas prisioneras, que exigen del gobierno que usted encabeza cumpla estrictamente los compromisos adquiridos por el Estado chileno al momento de firmar el Convenio 169 de la OIT.  Esta obligación internacional, entre otras, contempla medidas específicas relacionadas con la cultura y las creencias religiosas a tener materialmente en consideración en el caso de recluir a personas pertenecientes a los pueblos originarios.

De hecho, contra el espíritu y la letra del Convenio 169, su administración ha tomado medidas regresivas que afectan los derechos de las personas recluidas en Angol y Temuco. En efecto, la medida de dispersión del módulo de los comuneros recluidos en Angol realizada por Gendarmería de Chile, viola los derechos humanos de los presos políticos mapuche y éste es uno de los puntos que reclaman con este movimiento de huelga de hambre. Ciertamente apoyamos esta petición de las víctimas de estos atropellos y solicitamos a usted, en uso de sus atribuciones emanadas de su alta investidura, reestablezca el módulo de los comuneros que funcionaba en la cárcel de Angol y el regreso inmediato de los 6 presos políticos mapuche que fueron trasladados a la cárcel de Temuco.

Este llamado es ante todo para resguardar sus vidas y su integridad física gravemente dañadas por la intransigencia estatal. Lo que agrega un castigo extra judicial a las ya arbitrarias medidas judiciales que ha aplicado el Estado de Chile: prolongadas detenciones preventivas; juicio sin debido proceso y sin verdadero derecho a la defensa utilizando testigos sin rostro; a lo que se suma recientemente la dictación de altas condenas que exceden con creces aquellas tipificadas en el ordenamiento penal, dejando en evidencia discriminación y racismo; a ello se ha sumado la arbitrariedad sin control con la que ha actuado Gendarmería de Chile que en tanto entidad auxiliar de la Justicia, abusa del trato a los comuneros al interior de las cárceles.

Señor Presidente, el que su administración actúe conforme a la ley es un imperativo ético de todo gobierno democráticamente elegido, el cual debe demostrar siempre un irreprochable respeto a los derechos humanos de TODAS las personas, aun cuando ellas se encuentren recluidas.

VIVOS FUERON APRESADOS, VIVOS DEBEN PERMANECER.

EN DEFENSA DE LA VIDA DE LOS COMUNEROS MAPUCHE.

Firman:

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS

Colectivo Sustento

Comisión Ética contra la Tortura, CECT Santiago

Comisión Ética contra la Tortura, CECT Temuco

Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU

Corporación Memoria Borgoño

Defensa Popular

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES

Hora Constituyente

Londres 38, Espacio de Memorias

Sobrevivientes de Tejas Verdes

Rodrigo Javier Cepeda Planas, Compositor, Músico, Gestor Cultural. Premio a la Música Nacional «Presidente de la República». Magister en Composición, U de Chile. Académico

Pamela Lagos Barrientos, Directora compañía de Danza Teatro Anfobia. Consejera de Cultura RM

Patricia Parga-Vega Periodista, Bruselas, Bélgica

María Magdalena Rivera Iribarren, Abogada defensora de derechos humanos. Ex integrante de la Convención Constitucional

Comisión Ética Contra la Tortura junto a organizaciones sociales y de DDHH denuncian carácter ilegítimo y contrario a los derechos humanos del actual Consejo Constitucional y sus resoluciones, dominado por la ultraderecha

DECLARACIÓN PÚBLICA

El cuestionado proceso constitucional en curso, a medida que avanza, ha ido
profundizando su falta de legitimidad, no sólo por la creciente desafección de la
ciudadanía sino por el declarado propósito de quienes controlan el denominado
Consejo Constitucional, de imponer un cuerpo normativo contrario a los derechos
humanos, a la cultura democrática de nuestro país y al anhelo mayoritario de los
chilenos y chilenas de avanzar hacia una sociedad más justa y libertaria.

Cabe recordar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en enero
pasado, denunció ante Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), que el denominado “Acuerdo por Chile” para
continuar con el proceso constitucional, vulneraba gravemente los arts. 1° y 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran el derecho de
libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas
en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso
a la función pública. Y que posteriormente, nuestra Institución señaló con serios
fundamentos el grave retroceso en materia de derechos humanos que significaba
el texto aprobado por la “Comisión Experta”.

Actualmente, la ilegitimidad del proceso se profundiza con el contenido de las cerca
de 400 enmiendas presentadas por los representantes del Partido Republicano, las
que reflejan inequívocamente lo que ellos representan: su adhesión al modelo
político, económico y social impuesto por la dictadura de Pinochet consagrado en la
Constitución vigente; su desprecio por los derechos humanos y las obligaciones
internacionales que tiene el Estado sobre la materia, y el declarado propósito de
dejar sin efecto avances sociales y culturales obtenidos por la ciudadanía a lo largo
de estos últimos 32 años. Muchas de estas enmiendas son respaldadas por los
demás partidos de Derecha.