Organizaciones de DDHH salen al paso a declaraciones UDI sobre Neltume

Diario Digital El Periodista. 20 de Julio de 2019.

Organizaciones de derechos humanos y profesionales de Neltume apoyan la declaratoria de Monumento Nacional del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli en Neltume, y rechazan las opiniones que piden revertir esta resolución.

Como bien dice el Decreto del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio del 07 de junio de 2019, en sus considerandos iniciales, se declara Monumento Nacional en su calidad de Monumento Histórico “el conjunto de bienes pertenecientes al desarrollo del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli”, en la localidad de Neltume, que fue la principal sede administrativa de este Complejo Forestal en la cordillera de la Región de los Ríos.

Con esto se resalta la ocupación de este territorio desde principios del siglo pasado donde la explotación de la madera generó un nuevo poblamiento de la zona, como el nacimiento del poblado de Neltume, y con ello una importante cultura ligada a la madera y su industralización. El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli es el resultado del proceso social y político iniciado con la reforma agraria en la década del 60. Industria estatal que fue destacada en sus resultados económicos, incluso valorada por el delegado militar que se instaló en el complejo con la dictadura en 1973.

Los valores que destaca la declatoria son justamente las instalaciones y lugares ligados a esta importante historia social y económica ligada a la madera.

Para nadie es desconocido que el movimiento obrero forestal y campesino en Neltume también generó una dinámica política que fue cuestionada por la oposición a los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende y que con el golpe militar se acentuó gravemente, siendo este poblado unos de los mas golpeados por la violencia de la dictadura. Cientos de personas ligados a este complejo forestal fueron detenidos, torturados y muchos de ellos ejecutados y otros aun están desaparecidos, como los 15 obreros y campesinos de Liquiñe. El fusilamiendo de Gregorio José Liendo y otros 11 militantes del MIR en octubre de 1973, es reconocido como uno de los episodios del sur de la fatídica Caravana de la Muerte. Estas y otras personas muertas en los primeros meses de la dictadura y otro grupo de militantes muertos en 1981, son reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos en los informes oficiales del estado de Chile.

La historia de Neltume ha generado nuevos procesos como el Museo de la Madera y la Memoria, que ha sido destacado como una experiencia comunitaria que resguarda ese pasado. El complejo industrial maderero y su historia social y política han sido considerados por actores públicos y privados como necesarios de conservar como un aporte relevante a la memoria del país, pero también al desarrollo de rutas ligados al turismo patrimonial.

Reducir esta declaratoria a una supuesta exaltación de la violencia ligado a un movimiento guerrillero en la época nos parecen inaceptables y los cuestionamientos que se han hecho solo siguen fomentando la ignorancia con la historia de la región y el país. Los bienes de esta declaratoria cuestionados por la UDI, como el sitio del ex Retén de Carabineros en 1973 y el campamento guerrillero de 1981, se explican y entienden por el contexto de la historia del lugar y la violencia ocurrida en Neltume con la dictadura militar.

Esperamos que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, así como el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales no consideren evaluar una posible revocatoria de esta declaración. El Estado de Chile debe honrar el compromiso con la reparación histórica suscrito en los informes que dan cuenta de la violencia en la dictadura cívico militar. La negación es una nueva victimización y esta declaratoria hace justicia con la historia de este territorio cordillerano y repara en parte el enorme daño causado a esta comunidad, y a los hombres y mujeres que fueron, y son hoy, protagonistas de la historia de Neltume.

Suscriben:
Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume.
Agrupación de Ex Presos Políticos de Valdivia.
Corporación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Valdivia.
Ex trabajadores.as y colaboradores del Codepu Valdivia.
Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile.

Declaración Pública de MODATIMA: A propósito de los que exigen certeza jurídica para seguir lucrando con el agua

El día de ayer (14/07/19),  mediante una inserción publicada en el diario el Mercurio, y titulada “Reforma al Código de Aguas amenaza Certeza Jurídica y Bienestar de la Sociedad y las Personas” , un conjunto de organizaciones gremiales, lideradas por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Bancos, y la Cámara Chilena de la Construcción, han notificado al país, a las comunidades y territorios, su oposición absoluta a cualquier iniciativa que tenga por propósito desprivatizar el agua.

Los argumentos contenidos en la inserción son en general  conocidos, recurren una vez más a los derechos de propiedad de la aguas, los que se encuentran consagrados en el artículo 19, numeral 24 de la constitución del 80, y que sostienen “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. A renglón seguido sostienen que los derechos de aprovechamiento de aguas han sido legítimamente adquiridos, y que cualquier alteración al modelo privado de aguas, provocaría una pérdida del valor de la tierra, y una desvalorización considerable de la propiedad  raíz como objeto de venta o garantía crediticia necesaria para poder desarrollar su actividad, y continúan sosteniendo que esto sería “un golpe muy grave para la agricultura Chilena, especialmente para los pequeños agricultores”.

La inserción mañosamente señala tener coincidencias con priorizar el uso del agua para consumo humano, y fortalecer a los comités de agua potable rural, pero nuevamente insisten en que no se pueden afectar los derechos de propiedad sobre el agua, por las “graves consecuencias que ello significaría para la certeza jurídica, y la institucionalidad política y económica del país”, así tal cual, moviendo las fronteras de declaraciones anteriores, y en este caso con una clara intención sediciosa y amenazante.

En Chile la privatización de las aguas se encuentra consagrada constitucionalmente, del mismo modo, y desde el año 1981 en adelante, sin discusión previa, y mediante el predominio de la fuerza y la exclusión,  el código de aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua. Es más, le concedió la prerrogativa al Estado de ser este, a través de la Dirección General de aguas, el responsable de conceder los derechos de aprovechamiento de las aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados, sí, a perpetuidad. Es decir, es bastante dudoso, por decir lo menos, hablar de “derechos legítimamente constituidos” como sostienen en la declaración en comento.

Desprivatizar el agua significaría para quienes suscriben la inserción publicada por el mercurio, no poder utilizarla como garantía crediticia, ¿parece inaudito?, para los dueños del agua no.

Recordamos el Día Internacional de Apoyo Víctimas de la Tortura

Compartimos con ustedes el siguiente Programa Radial Que el Pueblo Viva el que fue trasmitido en junio pasado en ocasión del Día Internacional de Apoyo Víctimas de la Tortura que se conmemora cada 26 de junio. En la conducción: Hervi Lara y Pablo Ruiz.

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El Programa Que el Pueblo Viva es un programa radial de Derechos Humanos de la Comisión Ética Contra la Tortura que se trasmite por Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.

Municipio de Concepción clausura Radio Lorenzo Arenas: Sigue la persecución a la prensa independiente

«El ataque a la libertad de expresión es la antesala del ataque a la vida e integridad física de los pueblos y comunidades».

Comisión Ética Contra la Tortura.

                                                                         

El Municipio penquista, paradójicamente dirigido por un periodista, el demócrata cristiano Álvaro Ortiz, procedió a la clausura de las instalaciones de Radio Lorenzo Arenas, una de las radios comunitarias de mayor trayectoria en Sur de Chile, alegando pagos atrasados de patente municipal. Resulta muy contradictorio el afán de este alcalde periodista que persigue a los medios de comunicación comunitarios, hoy tan escasos, en tiempos en que las comunicaciones son controladas por grandes grupos económicos.

Resulta más incoherente aún, este empeño de la Municipalidad por perseguir a Radio Lorenzo Arenas, toda vez que lleva el nombre en homenaje a un regidor de Concepción, quien cumplió esas funciones por más de 12 años (1879-1891) y que precisamente fue un símbolo del mutualismo en la zona, mutualismo al cual dice adscribir la familia Ortiz, tanto el padre diputado como su hijo alcalde.

Durante toda la transición los medios de comunicación independientes, alternativos o comunitarios han sido perseguidos, la democracia que no llegó para muchas cosas, quedó especialmente en deuda con las comunicaciones, a las radios comunitarias y populares se les impuso una ley por las que se le prohíbe hacer publicidad y con ello se busca su inviabilidad económica, que terminen ahogadas financieramente.

Resulta preocupante que, en el país de los grandes perdonazos financieros y tributarios, cuando no solamente no se pagaron impuestos, sino que se estafó al Fisco y donde el propio presidente de la República no paga contribuciones por su propiedad en Caburgua, el municipio penquista se afane en clausurar un medio de comunicación comunitario por atrasos en el pago de la patente municipal.

La municipalidad de Concepción lejos de esto debería estar preocupado como multiplicar las experiencias de comunicación comunitaria en los barrios, precisamente aquellos que rescatan la identidad de nuestra ciudad y su espíritu libertario.

No sería nada de extrañar que tras la clausura de la radio lo que se busque sea echar mano al edificio comunitario del barrio Lorenzo Arenas donde se aloja y que termine en un nuevo proyecto inmobiliario o comercial de esos que, hoy por hoy, sobran en la ciudad.

 

ONU a Chile: Es un país que aún no cumple con sus deberes en derechos humanos

Por Elena Rusca. Diario Digital El Clarín Chile. Julio 05, 201

A principio de este año Chile pasó por el Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Este examen prevé un análisis de la situación en temas de derechos humanos del país. Las recomendaciones fueron discutidas ayer durante la 41° Sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“Compartimos los desafíos en derechos humanos que Chile presenta hoy”, declara Juan Eduardo Eguiguren, Embajador de Chile ante Naciones Unidas: De las 266 recomendaciones hechas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, 211 fueron aceptadas.

Dichas recomendaciones pertenecen a temas concernientes a la protección de la niñez, los pueblos indígenas y las mujeres. También fueron acogidas recomendaciones sobre la situación actual de las personas privadas de libertad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía chilena.

“Unas de las recomendaciones ya están siendo procesadas para ser realizadas en los próximos proyectos de ley” asegura el Embajador chileno. Entre ellas, cita el mecanismo de prevención contra la tortura, como mecanismo independiente del Estado.

Una mancha negra: la promulgación de los derechos de los pueblos indígenas, sobre los cuales, el mismo Embajador reconoce los “enormes desafíos” a los cuales se enfrenta el gobierno para lograr a un diálogo estable con esa parte de la población.

Juan Eduardo Eguiguren aclara que, en todo caso, “la violencia no puede representar una solución en contra de los pueblos indígenas: el dialogo será nuestra manera de actuar”.

Desafortunadamente las palabras del Embajador chileno en Naciones Unidas no concuerdan con la realidad del pueblo Mapuche en el país. Las continua represión por parte de los Carabineros y del Comando Jungla no se parecen mucho al diálogo que Juan Eduardo Eguiguren tanto exhorta.

Comisión Ética contra la Tortura realizó emotiva conmemoración en el día de la Solidaridad con los y las sobrevivientes de tortura en Londres 38

Noticia publicada  en el Portal de Londres 38   www.londres38.cl.

La Comisión ética contra la tortura realizó este miércoles 26 de junio, una actividad en conmemoración por el día de la Solidaridad con las y los sobrevivientes de tortura, en el espacio de memorias Londres38. Como preámbulo de esta conmemoración se encendieron velas en los adoquines de la céntrica calle, para recordar a todos y todas las personas que han sido víctimas de la violencia del estado.

La actividad inició con un conversatorio en el que participaron tres ponentes. Felipe Portales, sociólogo, integrante de la mesa directiva de la Comisión ética contra la tortura, quien presentó el tema “Ley corta antiterrorista, aproximación crítica”, luego Vanessa Hermosilla, integrante de la Fundación emprender con alas, presentó la ponencia sobre “Normas represivas y actos violentos de la autoridad contra estudiantes secundarios”, por último, la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, expuso sobre la lucha por el respeto a los Derechos Humanos en el país.

Detención, expulsión y persecución: cómo opera la ley aula segura en los colegios emblemáticos de Santiago

http://www.londres38.cl

Por Tomás García Álvarez

Entre desaciertos, la ministra Marcela Cubillos, junto al alcalde de la municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, logró a fines de 2018 implementar una fórmula para frenar las acciones de grupos radicalizados en los establecimientos educacionales. A meses de su puesta en marcha, apoderadas y estudiantes convergen en que la violencia ha aumentado, y que la ley es la principal bencina de un fuego que no se apaga.

Desde mediados de 2018 que el liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana, y el Instituto Nacional, eran observados por las autoridades de gobierno y educacionales. Según los sostenedores y la ministra Cubillos, las protestas con molotov y la destrucción de mobiliario son el origen de la crisis de la educación pública, aún cuando los estudiantes y algunos de sus apoderados argumentan que la agonía de la educación es un mal sintomático que ellos mismos han propiciado a través de políticas públicas.

Yasna Salvatierra conoció la realidad «capucha» y los movimientos más radicalizados cuando ingresó como apoderada al liceo Manuel Barros Borgoño, en 2016. Pensaba que las demandas estudiantiles eran escuchadas. A poco andar se dio cuenta que la realidad era bien distinta a lo que ella imaginaba; que más bien los estudiantes estaban destinados a vérselas como pudieran.