30/09 Actividad en homenaje a Detenidas y Detenidos Desaparecidos y el inicio de la Campaña “De 30 a 30” un mes contra el racismo

Invitación acto

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las personas Detenidas Desaparecidas, fecha que además coincide con la detención en 2017 de Joane Florvil, joven madre haitiana, injustamente acusada y torturada, muriendo un mes después, en manos del Estado de Chile. Joane Florvil es el rostro de la campaña contra el racismo, “De 30 a 30”, que surge producto de la articulación de diversas organizaciones migrantes y defensoras de los derechos humanos, convocando durante un mes a múltiples manifestaciones.

El lunes 30 de agosto, en el frontis de Londres 38, espacio de memorias, se realizará a las 17:30 horas, el acto político cultural “Migramos para florecer, luchamos para no desaparecer”, en conmemoración de lasy los detenidos desaparecidos en Chile, y para dar inicio a la campaña contra el racismo “De 30 a 30”. Música, lectura de reseñas y otras expresiones culturales, serán parte de esta jornada.

De esta manera se busca visibilizar la deuda histórica de verdad y justicia que tenemos como sociedad, con las más de mil personas sobre las que se desconoce su destino final producto de los pactos de silencio aún vigentes y la complicidad de la institucionalidad a cargo de la investigación de estos crímenes.

Esta fecha además coincide con otro crimen que permanece impune: el 30 de agosto de 2017, fue detenida Joane Florvil, joven madre de origen haitiano, a quien le fue arrebatada su hija lactante, permaneciendo en dependencias de Carabineros, donde en circunstancias no aclaradas resultó con graves contusiones, falleciendo un mes después.

.Campaña De 30 al 30. Un mes contra el Racismo

30 de Septiembre: Día Contra el Racismo

El racismo es un sistema de dominación totalitario y un hecho social que contiene a una ideología que postula la desigualdad entre los seres humanos para provocar explotación; justificar castigos; ejercer persecuciones a comunidades específicas y racializar a mujeres, hombres y niños. Está anclado en la historia de las naciones, se estructura en la economía y la política y se manifiesta en leyes, reglamentos y decretos hasta hacerse visible en los encuentros cotidianos.

Joan Florvil

¿Qué es de 30 al 30?

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Organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el grave cuestionamiento que vive el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

DECLARACIÓN PÚBLICA.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil queremos expresar nuestra preocupación por el grave cuestionamiento que vive el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que la ocupación de su sede en Santiago no viene más que ratificar

Hacemos nuestro el petitorio de las organizaciones que participan de la ocupación y de aquellas que las respaldan y que en lo esencial demandan el reconocimiento por parte del INDH, de su consejo y del director, Sergio Micco, de la existencia de la prisión política en Chile y de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas desde el 18 de octubre de 2019 hasta hoy.

Crímenes de lesa humanidad e injusticias en el contexto de la revuelta social, que han dejado a cientos de jóvenes encarcelados en prisión preventiva, más de 400 víctimas de daño ocular, miles de heridos y heridas en protestas y en el que más de 40 personas han perdido la vida, muchas de ellas, asesinadas por agentes del Estado.

Consideramos que actualmente el INDH no responde a las expectativas y exigencias que la defensa de los Derechos Humanos impone a un organismo autónomo e independiente capaz de acoger y representar a quienes han sufrido la violación de derechos elementales.

Las ambigüedades, los silencios, las omisiones, la modificación de criterios de cuantificación de víctimas, son, entre otros factores, lo que hacen manifiesta la crisis de la institución. El posicionamiento débil ante el Estado, lamentablemente, opera como cómplice de los crímenes de ese Estado y sus agentes.

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Exposición de la CECT ante la Comisión de derechos humanos, verdad histórica, bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición de la Convención Constitucional

A CONTINUACIÓN SE PUBLICA UNA SÍNTESIS DE LA EXPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, VERDAD HISTÓRICA, BASES PARA LA JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DEL JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021 EN EL EXCONGRESO NACIONAL

CONVENCIONALES:

La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) es una organización de derechos humanos de la sociedad civil chilena[1]. Desde el año de su fundación el 2001 luchó por la creación de una comisión de verdad y reparación de la tortura y la prisión política en dictadura, lo que culminó en la Comisión Valech. Paralelamente y con posterioridad al año 2005 ha desarrollado un trabajo de promoción de la prevención de la tortura en democracia, como también de denuncia activa de la represión y criminalización de la protesta social, especialmente la del pueblo mapuche, de los estudiantes de las poblaciones de las zonas de sacrificio de los ciudadanos protagonistas del estallido social de octubre de 2019 el cual abrió el nuevo período constituyente del cual hoy somos tributarios y actores.

Un resumen de nuestra palabra en esta Convención Constitucional, que reconocemos y saludamos como un grado muy alto de soberanía alcanzado por nuestro pueblo, es el siguiente:

1.- Para la CECT existen consensos generales en materia de universalidad y de un catálogo de derechos humanos hoy en Chile. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos liga una arquitectura de derechos universales inherentes a la dignidad intrínseca y determinada de la condición humana.

2.-Aspiramos entonces a que los derechos humanos contenidos en esta Declaración Universal sean garantizados y asegurados en la nueva Constitución para todas las personas, sin distinción de etnia, clase social, sexo, credo religioso, militancia política o lugar de nacimiento, haciendo así del principio de universalidad una expresión práctica para consagrarlos. Los principios rectores del derecho humanitario internacional, así como toda la normativa de protección de los derechos humanos, también deben verse reflejados en la Carta Fundamental futura y, por tanto, en una nueva definición del Estado y de su carácter.

3.-Por lo tanto se deben incorporar a la nueva Constitución los tratados internacionales ratificados en la materia, posicionándose con rango y jerarquía constitucional, subordinando de forma categórica al derecho constitucional y sus posibles interpretaciones al desarrollo y vigencia internacional de los derechos humanos. Es decir, ninguna norma legal interna deberá estar por sobre los consensos que como especie humana hemos alcanzado en la materia. Porque, a qué otra actividad debiera dedicarse el Estado, si no es a satisfacer y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

4.- Es necesario que en el preámbulo de esta nueva Constitución se explicite el consenso de término y repudio absoluto al marco jurídico heredado por la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet, que ha posibilitado que nuevamente se violen los derechos humanos en nuestro país, de forma sistemática y generalizada; y que en su parte dogmática ponga el centro del quehacer y de todas sus instituciones a los derechos humanos. Esto significará la mejor garantía de que los derechos humanos sean el objetivo principal de toda la actividad política e institucional en nuestro país.

5.- La CECT reconoce el complejo cuadro actual para un nuevo Pacto Constitucional, que permita establecer normas que limiten la violencia histórica y actual del Estado contra su propia población. Esto pone a la orden del día la subordinación del poder militar al poder civil, así como una refundación de los organismo legales y legítimos de coacción. Hoy se constata que aún no existen medidas a la altura de las circunstancias que frenen y pongan término al arco de violencia institucional generalizada. Es más, el Estado y sus fuerzas de coerción sigue mortificando la legítima protesta y movilización social, generando más lesionados, más detenciones arbitrarias y víctimas de trauma ocular.

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Carta de la comunidad de derechos humanos de Chile a la Comisión de DDHH de la Convención Constitucional por presencia en su seno de ex edecán de Pinochet y activo negacionista

Sorpresas de la Convención: un cómplice activo, el ex almirante Jorge  Arancibia, a la Comisión de DD.HH. – Correo de los Trabajadores

Santiago, lunes 2 de agosto de 2021


Estimada Coordinadora Manuela Royo
Estimado Coordinador Roberto Celedón
Comisión de Derechos Humanos Convención Constitucional


Remite: Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares, y organizaciones firmantes


Distribución adicional: Casilla de ingreso de documentos Convención Constitucional


Las organizaciones de derechos humanos firmantes de esta carta felicitamos la conformación de la Comisión y su elección como coordinadores de esta importante instancia dentro de la Convención. Su trabajo es fundamental para sentar las bases de una constitución basada íntegramente en los principios e instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la verdad, la justicia, la reparación, la memoria, y las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.

Es por ello que expresamos nuestra honda preocupación y molestia ante la impresentable participación en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente de Jorge Arancibia, quien ha tenido una trayectoria contraria a la defensa de principios fundamentales como el derecho a la verdad y a las garantías de no repetición. Por lo que, no responde a estándares éticos mínimos que deberían cumplir quienes asuman el desafío de trabajar la temática de derechos humanos en la Convención. Juzgamos esta situación como especialmente insultante para sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y la repudiamos con todas nuestras fuerzas, mismas que sumamos a las voces de las organizaciones que ya manifestaran su repudio ante esta situación.

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