ACTIVIDADES EN APOYO A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE

Martes 28 de septiembre: 79 días de huelga de hambre
VELATÓN, 19.30 horas, Plaza de la Ciudadanía
 
Miércoles 29 de septiembre: 80 días de huelga de hambre
JORNADA DE MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
MARCHA:  ALAMEDA CON AHUMADA, 19.30 horas.  
 
Jueves 30 de septiembre: 81 días de huelga de hambre
MOVILIZACIÓN Y PROTESTA ESTUDIANTIL
Marchas, paralización y jornadas de reflexión
10ºº A.M.: Marcha desde Plaza de la Aviación (metro El Salvador)
coordinada por estudiantes secundarios y universitarios. 

CONVOCA: COOAMS
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago
http://agrupacionmapuchekilapan.bligoo.cl/

Inconsecuencia en el diálogo con los presos mapuche en huelga de hambre o, la inmoralidad de una Ruleta Rusa Política.

José Venturelli Barón – Vocero, Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura 

La necesidad de buscar caminos para resolver un conflicto que nos avergüenza a todos y cuya no-solución tiene responsables claramente identificables entre los victimarios es absoluta. Los resultados predecibles son inaceptables para el país entero. El que no se hayan resuelto antes, por cinco siglos, no quita, para nada, la urgencia prioritaria en este momento. Las víctimas no son las culpables. Ellos no crearon la tela de araña judicial con la Ley Anti-Terrorista (LAT), y malamente se les puede exigir a ellos aceptar el “ofrecimiento” de una no solución. Veamos. 

El gobierno, con el Ministro del Interior en especial,  vuelve a su posición original: 

  • El Ministro Hinspeter, desde “su altura y desdén superior” nunca  ha querido resolver estas demandas: a los 40 días de huelga de hambre al preguntarle los periodistas sobre ésta, ya decía que “que no sabía nada”. Es decir, “no quería saber”. Peor, siempre puso la culpa en el lado de las víctimas, pretendiendo que Chile es un ejemplo de bondades, de justicia y hasta como Estado de derecho. No ha mencionado nunca tampoco que el Relator de Naciones Unidas para Asuntos Indígnas, James Anaya, que estuvo en Chile, como el anterior en el 2003, hizo recomendaciones clarísimas sobre el rollo represivo legal chileno y que las repitió la semana pasada. La solución no está en que los presos en huelga de hambre la resuelvan. Es tarea del gobierno.
  • Luego, a cada paso, hace todo para que no se avance: siempre poniéndose por encima de los presos mapuche. Ahora, nuevamente, dice “los presos mapuche son intransigentes” y que por serlo, por su torpe exigencia de querer subvertir el orden constitucional él “se queda tranquilo de no poder hacer lo imposible”. La torpeza, maldad e intentos de confundir son legibles en estas nuevas amenazas. Sus imposibles son las típicas maniobras de un Estado que, por definición, es represivo, intransigente y con el sesgo de un poder económico que lo controla. Los poderes se echan la culpa entre ellos y tratan de acusar a los comuneros como responsables del “impasse” pretendido. En estos días el Ministerio Público sigue mostrando su inclinación por la represión y no por la Justicia: persiguen abogados, como es el caso de la abogada Karina Riquelme en Temuco. La acusan y formalizan en el medio de su trabajo que es en defensa de comuneros mapuche perseguidos políticamente –y que logran bloquear- pretendiendo también que ella es delincuente.  
  • Los presos en huelga de hambre, sin embargo, identifican con claridad que los juicios orales van a ser marcados por una pretendida contradicción existente entre el Ministerio Público y la (limitada voluntad) del Ejecutivo, (mitigada por el Legislativo) que los puede mantener en una situación larguísima y sin seguridad de ser resuelta. Recordemos que estos presos llevan casi dos años sólo por la Ley anti-terrorista usada con saña y discriminación racial que esconde intereses económicos sórdidos de asociados (en las forestales, la celulosa, las hidro-eléctricas). Por eso, si en el gobierno quieren que haya Justicia, debe voluntad y no buscar excusas de lo imposible.
  • Es el Estado, y no una pretendida independencia de poderes del Estado que juegan a “que deben ser respetados”, el que debe resolver. Y cada uno tiene la obligación urgente de -cómo conjunto- resolver esto ya. Juegan a una Ruleta Rusa Política que sólo puede ser considerada como inmoral.
  • Dado que el Ministerio Público indica, mediante el Ministro Chahuán, quien ha sido siempre de los que actúa con insistencia agresiva, “que ellos seguirán aplicando la Ley Anti-Terrorista porque ésta existe y ya fue aplicada en las formalizaciones”. Es decir, pretende que él, por sí y ante sí, puede  eternizar esta atrocidad legal y humana. Esto se puede hacer mediante la derogación de la ley en cuestión inmediata. Luego pueden iniciar una nueva etapa para ver la necesidad y forma que pudiese tener una ley de ese tipo, si fuera necesaria… (en un país donde el terrorismo se fabrica como contexto para reprimir sin que realmente exista como tal). Y que no vengan con la figura de que “las leyes no pueden ser retroactivas”. Porque lo son: cuando han sido las de una dictadura y se han aplicado en forma discriminatoria y racista no sólo deben serlo sino que deben ser acompañadas de una clara y real reparación a quienes las hayan sufrido. Recordemos que el principio “Pro Reo” determina que si una nueva forma favorece a un preso, esta debe ser otorgada al inculpado.
  • Si la LAT es ilegítima e ilegal en el contexto mundial, no se puede usar una excusa como argumento de principio para no eliminarla ahora. La ley y el gobierno deben tener una base lógica: aplicar los principios de respeto a las personas y no encerrarse en la rigidez abusiva que determinó en Chile, la existencia misma de la LAT. El Ministerio Público no debe ni puede ser la piedra que bloquea las negociaciones, especialmente cuando allí se concentra la ilegitimidad judicial que el mundo condena. Los testigos protegidos que usa, -que son comprados, que declaran bajo amenazas y coerción, de que muchos son conocidos delincuentes o, peor aún, que han sido forzados bajo tortura a declarar contra los dirigentes mapuche. Este Ministerio parece concentrar la maldad del sistema –es el brazo legal aunque no legítimo- de la actitud represiva dejado por el dictador y de la propia orientación de la Constitución más represiva de América… Es el que sigue aplicando el sueño de Pinochet de intolerancia y represión eterna.

El Presidente, que es tan presidencialista en muchas cosas, debe ahora mostrar su capacidad de estadista: Debe dar la garantía de que la LAT no será usada con los presos en huelga de hambre. Especialmente cuando este momento el Ministerio Público insiste en amenazar que no va a ceder en la aplicación de la LAT. Por ello, si cree en su responsabilidad social e histórica, debe impedir que continúe esa aberración legal de testigos sin rostro con los que han montado evidencias para, precisamente, poder acusar de terroristas a quienes platean luchas sociales.  Estas aberraciones permiten coimear, sobornar, obligar, reprimir y abusar; usar a delincuentes como José Santos Jonquera -y varios otros testigos protegidos crónicos- que tiene un clandestino de venta de alcohol, que facilitó su “propiedad” (mal adquirida) durante la dictadura para la práctica de la tortura, que sigue inventando formas de persecución odiosas contra familias enteras. Estos testigos son los que luego que el Juez Landeros hubiese eliminado a 36 de ellos por ilegítimos en los Juicios a venir en Cañete, la Corte de Apelaciones de Concepción los restituye en forma inaudita  e impúdica. Una verdadera burla y contrasentido.

De este modo el Presidente, los cuerpos sociales y los poderes del Estado son los que tienen la responsabilidad de resolver este largo crimen político, y que debe terminar. Responsabilidad de todos y de cada Poder y de quienes tengan responsabilidades específicas. Pero, por sobretodo, solución que debe dar el Presidente. 

No es curioso sino indignante que es este mismo Ministerio que ha hecho todo tipo de arreglines para favorecer a quienes quiere proteger. Sin ir más lejos, no olvidemos las “vueltas de carnero” que se dieron los Poderes para proteger a Pinochet cuando el mundo le había echado la mano en Londres (por crímenes de lesa humanidad y económicos) Arreglines que también usan contra “sus enemigos” apelando hasta poder condenar casos que ya habían sido sobreseídos. Si la ley debe ser igual para todos: debe ser digna y legítima. Así, el Ejecutivo, los legisladores (de un Parlamento mal constituido por el sistema binominal que lo determina) y el conjunto social y político tiene la responsabilidad moral de: 

  1. Resolver y restituir la  justicia para los presos políticos mapuche que llevan casi dos años presos sin juicios justos –lo que es internacionalmente una tortura calificada. Este conflicto lo creó el estado y  debe resolverlo; Permitir Juicios Justos para terminar con la violación discriminatoria y racista que la ONU y el mundo identifican y denuncian.
  2. Identificar, como tarea urgente para el futuro inmediato, la promulgación, de forma participativa, con todos los sectores, con los grupos de Derechos Humanos, sindicatos, trabajadores, juventud, ancianos, pescadores, mineros y otros que deben ser parte de su destino… si queremos que en esta tierra exista una verdadera democracia.  

Por eso: ¡paren ya la demonización eterna del pueblo mapuche y de sus presos!. Identifiquen en su propio sistema la inmoralidad que se auto-justifica en su enredo laberíntico de leyes generadas de modo ilegítimo y que han permitido, a quienes mandan en este Estado, gozar de los privilegios que estas les dan. 

 28 de septiembre del 2010

Fracasa negociación: Sigue huelga de hambre mapuche

Lanacion.cl

Solicitud para que el Ministerio Público deje de aplicar la Ley Antiterrorista trabó el diálogo. “No puedo comprometerme a esto”, respondió el subsecretario Alvarado, por tratarse de un poder independiente del Estado. No hay fecha para retomar la mesa.

Sin acuerdo finalizó la reunión entre el gobierno y los representantes de los comuneros mapuches en huelga de hambre, por lo que sigue en pie la medida de presión que hoy cumple 78 días.

La cita realizada en dependencias de la casa Betania, delArzobispado de Concepción, se extendió desde pasadas las 14 horas hasta poco antes de las 18 horas, tras lo cual los voceros de los huelguistas se retiraron, dando cuenta del fracaso de la negociación.

Lamentablemente no hemos llegado a ningún acuerdo debido a que el gobierno dice que no puede hacer más y en ese sentido no está solucionando el problema concreto. Llamamos a otros poderes del Estado para que quienes puedan poner de su parte”, dijo la vocera de los reos de la Región del Biobío, Natividad Llanquileo, tras el encuentro convocado por el facilitador, obispo Ricardo Ezzati.

Los comuneros exigieron un compromiso de los 3 poderes del Estado para la no aplicación de la Ley Antiterrorista, y no sólo que el gobierno retire sus querellas bajo ese marco legal. Pero el Ejecutivo aclaró que no puede intervenir en las decisiones del Ministerio Público, instancia que ha señalado que continuará aplicando dicho marco legal.

El representante del gobierno en la mesa, elsubsecretario de la Presidencia Claudio Alvarado, lamentó el traspié en el diálogo, pese a los acercamientos conseguidos en el curso de las negociaciones que hacían prever que hoy saldría humo blanco.

Alvarado argumentó que los mapuches “quieren que los tres poderes del Estado se comprometan a la no aplicación de la ley Antiterrorista”, sin embargo aclaró que “no puedo comprometerme a esto”, por tratarse de poderes independientes del Estado.

De hecho, hoy el fiscal Sabas Chahuán reinvindicó la independencia del Ministerio Público, y en declaraciones a La Segunda argumentó que “por ley estamos atados de mano para retirar las acusaciones por Ley Antiterrorista“. “Los fiscales han invocado esa ley que está vigente y me han señalado que su convicción es que los hechos se encuadran dentro de la ley”, como el “emboscar y acribillar a la comitiva de un fiscal”, dijo en referencia al ataque a la caravana del fiscal Mario Elgueta, hecho por el cual están procesados varios de los mapuches en huelga.

Respecto al futuro de las negociaciones, no está en agenda una nueva cita entre gobierno y mapuches. De todos modos, en este escenario, el obispo Ezzati dijo que ahora hay que ver cómo se integran el Legislativo y el Poder Judicial para destrabar el conflicto. “La tares es ver de qué manera ellos solicitan a los tres poderes del Estado la posibilidad de sentarse a la mesa de diálogo, para seguir dialogando de sus problemas”, comentó el facilitador.

Jornadas solidarias en Francia con los presos políticos mapuches en huelga de hambre

EL 22 de septiembre de 2010, respondiendo al llamado hecho por la Coordinación de Familias de Prisioneros Políticos Mapuche en huelga de hambre en Chile, se realizó en París (Francia) una nueva manifestación de protesta frente a la Embajada de Chile.

Alrededor de 100 personas se hicieron presentes para solidarizar con los PP Mapuche en huelga de hambre. Esta manifestación convocada por el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo Mapuche en Francia comenzó a las 19h y se extendió hasta las 21h00. Se hicieron presentes las instituciones francesas (Fondation Danielle Mitterrand-France-Libertes, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples-MRAP), les asociaciones francesas (AEFNAC-Adopción de Niños Chilenos, el Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques CSIA Nitassinan) y las Asociaciones franco-chilenas presentes (nombradas más abajo), manifestaron su preocupación por la salud de los huelguistas internados en los hospitales (Angol y Concepción), dieron a conocer los comunicados emitidos en Chile por las Organizaciones Mapuche, en el exterior por las Organizaciones de Solidaridad y expresaron su rechazo a la actitud del gobierno de negarse a un diálogo directo con los huelguistas y a la forma en que éste ha enfrentado la huelga de hambre.

Seguir en: http://liberacion.cl/mapu_220910.htm

Es hora de resolver las demandas de los mapuche en Huelga de Hambre

DECLARACIÓN PÚBLICA

Es hora de resolver las demandas de los mapuche en Huelga de Hambre

A 75 días de iniciada la huelga por los presos políticos mapuche en las cárceles de Temuco, Concepción, Angol, Valdivia y Lebu, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) declara:

1.- Su firme apoyo a las legítimas demandas de los 34 comuneros que son: la eliminación de la Ley Antiterrorista, fin a los dobles procesamiento, fin a los testigos sin rostro, desmilitarización y fin de la violencia a las comunidades mapuche que aún en estos días persiste.

2.- Que pese a los distintos llamados que hemos realizado diversas organizaciones de derechos humanos nacionales y del extranjero, iglesias, sindicatos, estudiantes, parlamentarios extranjeros, personalidades nacionales e internacionales; hasta el momento el gobierno no se ha hecho cargo de generar verdaderas condiciones para satisfacer las legítimas demandas de los huelguistas. En ese sentido, produce una verdadera alarma pública, la completa incapacidad del gobierno para comprender el verdadero alcance de las demandas del pueblo mapuche y de la acción de los huelguistas, quienes han demostrado su más profundo sentido ético al elegir VIVIR con DIGNIDAD.

3.- Nos súmanos a la petición realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a que las modificaciones de las leyes en cuestión estén acordes a los estándares internacionales de derechos humanos.

4.- Que ante la eventualidad que los huelguistas sean alimentados a la fuerza, compartimos lo expresado por José Miguel Vivanco, Director para América Latina de Human Rights Watch, quien ha expresado que “Obligarlos a comer viola la integridad de los huelguistas”. Amnistía internacional también ha señalado que “La alimentación forzada a los huelguistas puede ser considerado una forma de tortura”.

5.- Recordemos que el mismo Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, recomendó ya en el año 2003 al Gobierno de Chile que se considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los presos indígenas y que se respeten los derechos humanos de los procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras y de sus derechos.

6.- El gobierno, el Congreso y todo el Estado en su conjunto será responsable si hay un desenlace fatal. Es hora de actuar en justicia y resolver las demandas históricas de los mapuche comenzando por la liberación de sus prisioneros. En este momento, por la urgencia vital y el error político y humano del gobierno al no haber escuchado las demandas a su debido tiempo, pedimos se suspenda la Ley Antiterrorista inmediatamente estableciendo JUICIOS JUSTOS y que el gobierno entregue verdaderas condiciones para satisfacer las legítimas demandas de los huelguistas.

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA

Santiago de Chile, 24 de septiembre 2010

Marcha por la vida

Marcha por la vida de los Weichafe – Sábado 25 de septiembre, 11 hrs. Metro Unión Latinoamericana, Estación Central.

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El gobierno de Chile debe asumir con responsabilidad situación del pueblo mapuche

El gobierno de Chile debe asumir con responsabilidad situación del pueblo mapuche

Excelentísimo Señor Presidente,

De cara a su intervención, el día de hoy, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano quisiseran comunicarle su seria preocupación por la situación de 34 comuneros mapuche en huelga de hambre y por la evidente falta de voluntad de su gobierno y su actitud dilatoria para dialogar con los mapuche.

Hoy, jueves 23 de septiembre, la huelga de hambre iniciada el pasado 12 de julio, por un grupo de comuneros mapuche completa 74 días. Recordamos que la mayoría de ellos están sometidos a una investigación judicial -y otros condenados- bajo la Ley Antiterrorista, algunos de ellos teniendo un doble procesamiento, civil y militar. Existen 34 comuneros en esta huelga, de los cuales dos son menores de edad y siete de ellos están en centros hospitalarios dada la gravedad de su estado de salud.

Como es de su conocimiento, los mapuche demandan el derecho a que se les someta a un juicio justo, el que no es garantizado por la aplicación de la ley antiterrorista y de la justicia militar. Exigen además la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican sus derechos humanos políticos y territoriales. Para la resolución de sus demandas han exigido la instalación de una mesa diálogo con la participación de sus representantes y del gobierno.

Lamentamos que Usted, Sr. Presidente, haya presentado tardíamente al Parlamento proyectos de reformas legales de la justicia militar (09 de septiembre) y de la ley antiterrorista (13 de septiembre). Además, estas iniciativas no dan cumplimiento a las demandas de los huelguistas mapuche, toda vez que éstas siguen sin garantizar un juicio justo. La reforma a la justicia militar mantiene la competencia de dicha justicia para conocer los delitos que militares y policías cometen en contra de civiles. El Parlamento solicitó al gobierno una ley corta para responder a las demandas de los mapuche, la que está aún en su primer trámite constitucional. Sobre la ley antiterrorista -aprobada en general- ésta sigue considerando como delitos terroristas aquellos cometidos contra la propiedad privada y no restringe adecuadamente el uso de testigos protegidos. Los llamados testigos sin rostro han vulnerado gravemente el desarrollo de juicios justos. El gobierno debe mejorar estos aspectos del proyecto.

Nos preocupa que los proyectos de reforma a la ley antiterrorista hayan tenido una compleja discusión, lo cual refleja las dificultades que para un sector del país tiene la incorporación de mejores estándares de derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto retrasa la posibilidad de dar respuesta a las demandas que permitan poner término a la prolongada huelga de hambre de los presos mapuche.

Lamentamos además que su gobierno aun no haya dado una respuesta clara sobre su participación en una mesa de diálogo para atender las demandas de esta huelga. Si bien la presión obligó al gobierno a buscar la mediación de la Iglesia católica, no ha mostrado disposición al diálogo. Monseñor Ezzati, designado para esta mediación, ha dicho claramente que el gobierno no ha respondido a los mapuche en huelga y sus familias. Más aun, Usted anunció el 17 de septiembre una mesa de diálogo sobre sobre el Plan Araucanía, lo que ha generado confusión y puede provocar divisiones en el mismo pueblo mapuche. Este plan se refiere a temas de desarrollo social y productivo, pero excluye a los mapuche en huelga y sus demandas. Esto sólo agrava la situación de los presos en huelga de hambre.

La FIDH, el CODEPU y el Observatorio Ciudadano, quisieran recordar también que los distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas han señalado en distintas ocasiones su preocupación por la aplicación discriminatoria y disproporcionada de la ley antiterrorista contra los mapuche, así como la mantención de la competencia de la justicia militar para conocer de casos que involucran a la población civil, y han llamado a su reforma para adecuarla con los estándares internacionales (ver anexo para más información). Sin embargo, Chile aun no ha cumplido con estas recomendaciones.

Por lo tanto, Sr. Presidente, la FIDH, el CODEPU y el Observatorio Ciudadano le solicitan :

Instalar urgentemente una mesa de diálogo para poder responder totalmente a las demandas planteadas por los mapuche y participar en la misma ;

Impulsar que se reforme con celeridad la ley antiterrorista y de la justicia militar, a fin que se adecuen a los estándares internacionales que protegen los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas ;
Incrementar los esfuerzos de su gobierno para que en Chile se respeten los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con las recomendaciones formuladas reiteradamente por los distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas, se reconozca su carácter multicultural y se avance más rigurosamente en las recomendaciones que se han hecho para que perfeccione su democracia y su sistema institucional.

Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH
José Aylwin, Co-director del Observatorio Ciudadano
José Araya, Representante del CODEPU

CC : misiones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas en Nueva York
ANEXO
Chile sigue violando los estándares internacionales en materia de derechos humanos y aun no ha cumplido con las numerosas recomendaciones formuladas por los distintos órganos de las Naciones Unidas.

Tanto el Comité de Derechos Humanos (CDH), como el Comité contra la Tortura (CAT) y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, han expresado su preocupación por el carácter demasiado amplio de la ley antiterrorista y llamado a su reforma. También han expresado su preocupación por su aplicación discriminatoria, « principalmente a miembros del pueblo mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales » (CERD/C/CHL/CO/15-18, 7 de septiembre de 2009), y recomendado que su aplicación no sea discriminatoria (CDH, §7 ; CAT/C/CHL/CO/5, 23 de junio de 2009), y que se limite a « crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo » (CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007).

También resulta contrario a los estándares internacionales, el sometimiento de civiles a la justicia militar. La FIDH, el CODEPU y el Observatorio Ciudadano recuerdan la recomendación del CDH llamando Chile a « agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente » (§12), la cual recién se está examinando en el seno del Senado y de la Cámara de diputados de Chile.

Recordamos también que, como lo señaló el Relator Especial sobre pueblos indígenas el año pasado (A /HRC/12/34/Add.6, 5 de octubre de 2009) « uno de los efectos colaterales de una política penal que ha sido materia de alegaciones sobre el incumplimiento de la normativa internacional y las garantías procesales internas, es la estigmatización de los indígenas y una dinámica general de controversia entre los mapuche y los autoridades estatales, que no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la protesta ».

De forma más general, destacamos el llamado del Relator Especial a que se instaure un diálogo de buena fe, única solución viable y duradera : el Relator Especial « insta a todas las partes interesadas a seguir fortaleciendo y hacer efectivos mecanismos de interlocución y concertación entre el Estado y los pueblos indígenas. En este sentido, el Relator Especial enfatiza al Estado la necesidad de crear condiciones de confianza y garantías entre las partes y desarrollar un procedimiento efectivo de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales obligatorios para el Estado ».

Finalmente recordamos que Chile también debe cumplir con las numerosas recomendaciones formuladas sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de las Naciones Unidas (A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009).

Contactos Prensa:
FIDH Karine Appy/Fabien Maitre 01 43 55 90 19/01 43 55 14 12