El gobierno cierra su gestión con un proyecto de ley que beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Toma de posición pública al respecto de Organizaciones de Derechos Humanos.

El gobierno cierra su gestión con un proyecto de ley que beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin medidas relevantes para hacer verdad y justicia en los más de 3 mil casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas por agentes del Estado.

Enviado al congreso a dos semanas del término del periodo legislativo el proyecto de ley será discutido durante el próximo gobierno. Su contenido y objetivos resultan contradictorios o ambiguos. Por una parte, se presenta el fin del indulto presidencial como un avance, pero ello no implica el término del beneficio; ahora, los condenados por crímenes de lesa humanidad podrán obtenerlo a través de los tribunales mediante una “colaboración eficaz” y el “arrepentimiento público”.

Declaración pública de la CECT ante decisión de repetir el juicio que absolvía a la Machi Francisca Linconao y 10 comuneros Mapuche.

La Comisión Ética Contra la Tortura, ante la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, de anular la decisión del tribunal de absolver a los 11 Mapuche en el caso de asesinato de los colonos Lucksinger-Mackay y de volverles a enjuiciar, se hace el deber de declarar lo siguiente:

1.- Con esta resolución del 22 de diciembre de 2017, se confirma que el llamado Estado de Derecho no funciona en los juicios a los que se somete a miembros del Pueblo Mapuche.

2.- Tres jueces, luego de años de encarcelamiento y de más de una treintena de días que duró el juicio, se formaron convicción que no había  pruebas para condenar a 11 personas acusadas de acto terrorista y por lo tanto todas ellas fueron absueltas.

3.- El sometimiento de 11 Mapuche a un nuevo juicio, obedece solo a una poderosa presión política de la derecha sobre los tribunales, rompiendo así su imparcialidad, anulando la separación de los poderes del Estado, desprotegiendo a los acusados de las garantías de un debido proceso, esto es descartando desde el inicio la presunción de inocencia.

4.-  En este contexto de encarnizamiento penal y búsqueda de venganza en vez de justicia, llamamos a los defensores de los Derechos Humanos a constituirse en veedores del nuevo juicio. Especialmente, invocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tener una actitud vigilante, así como a la solidaridad internacional y a expertos de Naciones Unidas a constituirse en Observadores del nuevo proceso judicial abierto

• PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
• GARANTÍAS EFECTIVAS A LA DEFENSA
• JUICIOS JUSTOS

Tres derechos que exigimos sean respetados para toda persona en Chile, especialmente para el Mapuche.

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

Santiago Enero de 2018.

 

Programa Que el Pueblo Viva

En este programa, el primero del año, comentamos los resultados de la elección presidencial 2017 y donde resultó ganador Sebastián Piñera. En el segundo bloque, hablamos de la amenaza nuclear que hoy vive el mundo. Llamamos a respetar los acuerdos que se han alcanzado y a seguir trabajando por la eliminación total del armamento nuclear. Finalmente, en breves, comentamos el fraude electoral en Honduras y la represión que esta viviendo este pueblo. Llamamos a las autoridades a que orden al carabinero Cristian Rivera Silva, que por tercera vez no se presenta al juicio, a que lo haga por el ataque que sufrió Brandon Hernández Huentecol. Informamos que organizaciones de DDHH chilenas rechazan el indulto concedido a Fujimori en Perú.

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En la conducción: Hervi Lara, Arnaldo Pérez Guerra y Pablo Ruiz. Este Programa se trasmite por la Radio Comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.

Angol: Gendarme es formalizado por apremios ilegítimos

Con arraigo nacional y con prohibición de acercarse a su víctima durante los 90 días que dure la investigación, quedó un gendarme que fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Angol, en la provincia de Malleco.

Según lo informado por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2017 en circunstancias en que el gendarme, identificado como Jorge Gorteau Soto, en ejercicio de sus funciones, aplicó apremios ilegítimos contra un interno.