Declaración Pública: No a ley antiterrorista ni a la criminalización de la protesta social

 

Quienes firmamos esta declaración nos dirigimos al Gobierno y a la opinión pública nacional para rechazar la creciente escalada y legitimación de las atribuciones a los órganos de seguridad del Estado, utilizando para su justificación, los pasados ataques explosivos que han culminado con las lesiones sufridas por trabajadores y transeúntes.

Recordamos que los orígenes de la Ley Antiterrorista datan de la dictadura cívico-militar, promulgándose en mayo de 1984 y sirviendo como traje a la medida para la persecución de la oposición y consagrar el Terrorismo de Estado. Su fin, era aplicar sanciones más drásticas que las del Derecho común a las y los luchadores sociales que resistían un régimen brutal y represivo; pero también proteger los bienes y la propiedad, cuestión esencial -muchas veces por sobre los derechos humanos- en un sistema neoliberal como el nuestro.

 

El Chile de la dictadura que gobernó inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, ejerciendo el Terrorismo de Estado, justificó las violaciones a los derechos humanos identificando a opositores a la dictadura como “enemigos internos”, que al caer prisioneros eran vistos como seres desprovistos de humanidad y sometidos a los más cruentos métodos de tortura, asesinato y desaparición. Sin embargo, vemos que esta Ley que ilegítimamente recrudece las penas ha sido aplicada unidireccionalmente, y nunca contra los hechos de Terrorismo de Estado perpetrados en la dictadura, incluso una vez ratificados por los Tribunales de Justicia.

Hoy en día esta Ley sigue siendo aplicada a luchadores sociales, y reiteradas veces al pueblo Mapuche, y dado los sucedidos ataques explosivos, a individuos que bien podrían ser juzgados por el Derecho Común, sin la necesaria aplicación de legislación excepcional.

La Ley Antiterrorista es ilegítima y aberrante desde un punto de vista jurídico, perturba la naturaleza de la democracia  y está reñida con los derechos esenciales de las personas en, a lo menos, los siguientes aspectos:

  1. Viola el principio de legalidad al describir la conducta terrorista en forma amplia e imprecisa, dando cabida a la discrecionalidad en su interpretación y aplicación.
  2. Otorga a los gobiernos el derecho a invocarla sobre la base de criterios subjetivos, naturalizando la “sospecha”, transgrediendo el derecho a un debido proceso, a la justicia y a la no discriminación. Se trata de un instrumento represor, útil para criminalizar la protesta social, la organización y las acciones que persiguen un Estado con más Derechos para todas las personas.
  3. Transgrede derechos políticos, civiles y procesales, permitiendo, por ejemplo, la utilización de “testigos sin rostro”, a quienes no se les conoce la identidad, impidiendo ejercer el efectivo derecho a defensa. Permite la utilización de la “Delación compensada” mediante la cual testigos ya declarados culpables pueden ver rebajada hasta en dos grados su pena, toda vez que colaboren con el esclarecimiento de los hechos de otros delitos cometidos de carácter terrorista, o que ayuden a evitar la perpetración de otros nuevos.
  4. Transgrede el principio de proporcionalidad cuando somete a los imputados a largas prisiones preventivas y aplica sanciones que, más allá de las larguísimas condenas, se proyectan para el resto de la vida a través de la pérdida de derechos civiles y políticos, consagrando su marginación definitiva de la sociedad.

En la actualidad podemos declarar con toda seguridad que en Chile no existe terrorismo, más allá de un particular hecho que puede dotarse de dicha connotación, por lo que no requerimos del fortalecimiento de la política de seguridad del Estado, sino que necesitamos que se haga Justicia, tanto para los afectados del atentado explosivo, como para los imputados y sus familias.

Dicho esto, es clara la ruta tomada por el gobierno: tener un cuerpo policial persecutor, servil a los intereses del gobierno de turno que dependiendo directamente del Ministerio del Interior, pueda tener agentes con facultades para infiltrarse y formar parte de la instigación para cometer delitos. Tales son las facultades con las que se busca dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Condenamos categóricamente este anuncio del gobierno de modificar la Ley Antiterrorista que con el pretexto de obtener una aplicación más eficaz, vemos que lo que se busca es la relegitimación de las prácticas más atentatorias contra los derechos civiles y procesales que existen hoy por hoy en nuestro ordenamiento.

Al contrario del camino que ha adoptado el gobierno, de guiar la política de seguridad hacia el recrudecimiento penal, y el fortalecimiento de la persecución penal, desde las organizaciones sociales acá firmantes venimos a hacer un fuerte llamado a derogar la Ley Antiterrorista, que contradice y viola abiertamente principios básicos de derecho y a la postre de justicia, y a rechazar las intenciones del gobierno de conferir atribuciones a instituciones que pueden investigar e instigar desde el interior de los movimientos sociales para perseguir su avasallamiento desde la institucionalidad.

Rechazamos en dicho sentido cualquier intento de persecución futura que pudiera darse en el marco de estas nuevas atribuciones, en contra de los distintos luchadores y organizaciones sociales en sus legítimas reivindicaciones.

Santiago, miércoles 29 de octubre de 2014.

Firman:

  • Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz. Defensor de los Derechos Humanos y del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos (Argentina).
  • Amerindia Chile.
  • Arturo Bravo, C.I. 6.595.670-5. Miembro Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.
  • Asociación Indígena Urbana Mapu Ta Nüyün, Kokimpu, Coquimbo, Chile.
  • Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Chile.
  • Asociación Regional de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Chile.
  • Camila Krauss Ruz CI 11.591.392-1. Historiadora.
  • Centro Helmut Frenz.
  • Centro Mapuche de Estudio y Acción, Chile.
  • Colectivo Mapuche de Santiago.
  • Comisión Ética Contra la Tortura.
  • Comité 119 de familiares y compañeros.
  • Comité Oscar Romero.
  • Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH).
  • Coordinadora Jurídica 4 de Agosto.
  • Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
  • Fernando Guzmán. Coordinador Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC). Misioneros Claretianos San José del Sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
  • Fernando Lira Haquin, director de Liberar, Agrupación de Derechos Humanos, Chile.
  • Foro por la Asamblea Constituyente.
  • Gabriel Boric, Diputado de la República de Chile.
  • Gabriel Izac, C.I. 7.132.610-1. Unión Ex Presos Políticos de Valdivia+
  • Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Misioneros Claretianos San José del Sur. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • Hugo Duarte, C.I. 10.225.155-5. Miembro Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.
  • Ida Sepúlveda Miranda, C.I. 7.881.897-2. Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Politicos de Valdivia
  • Isabel Mayorga, C.I. 10.372.265-9. Periodista.
  • Marcia Esparza, PhD. Associate Professor. Department of Criminal Justice, John Jay College of Criminal Justice.
  • Martin Almada, Abogado y defensor de los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz Alternativo (Paraguay).
  • Nelson Viveros Lagos. Profesor, funcionario del Mineduc, ex presidente de ANDIME y vicepresidente de ANEF.
  • Observatorio para la Escuela de las Américas.
  • Patricio Labra Guzmán, Director Ejecutivo de Servicio Paz y Justicia, SERPAJ Chile.
  • Raquel Roar, CI 7.715.029-3. Secretaria General Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos Santiago.
  • Rodrigo Sepúlveda Prado, C.I. 8632449-0. Presidente Colegio de Antropólogos de Chile.
  • Rosa Riquelme Andrades. Dirigente Nacional Andime, Ministerio de Educación Chile.
  • Sara Lagos, C.I. 8.724.167-K. Miembro Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos Santiago.
  • Sergio Grez Toso. Historiador y académico de la Universidad de Chile.
  • Viviana Leiva, C.I. 9.998.771-5. Centro Cultural Artesanos Turismo Los Ríos
  • Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
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