El informe elaborado por la ONU, que enlista a los países que no han cumplido con la implementación de un protocolo facultativo contra la tortura ya está en manos del gobierno. El protocolo solicitado implicaría en cada país la creación de una entidad dedicada a prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas de su libertad que pudieran sufrir torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El escrito fue elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU. Y fue finalizado a mediados de julio. En él se da cuenta de 11 naciones que se encuentran en deuda en esta materia. Chile es parte de ese listado. Y junto a Argentina son los dos únicos países de la región.
Según la ONU, estos países se encuentran “sustancialmente atrasados” en la implementación del protocolo para la creación de una unidad preventiva sobre tortura.
El informe se realizó luego de que un grupo de sus funcionarios visitaran nuestro país en abril pasado, oportunidad en la que realizaron una serie de encuentros y entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad. Además, se entrevistaron con personal de Gendarmería y Carabineros, e integrantes de los equipos médicos de algunas cárceles en distintas ciudades.
Junto con hacer pública la lista de países que se encuentran atrasados en esta materia, el Subcomité para la Prevención de la Tortura informó a Chile respecto de una serie de recomendaciones y observaciones para subsanar esta situación. Los detalles de dichos cuestionamientos, sin embargo, tienen carácter de reservado. Esto, por opción del gobierno chileno.
La ONU fijó un plazo de seis meses a La Moneda para que elabore las respuestas oficiales a los cuestionamientos realizados. Ese plazo vence el 26 de diciembre.
Los resultados del informe generaron preocupación en La Moneda, ya que esto se suma a reclamos que agrupaciones de derechos humanos han planteado en varias oportunidades respecto de los pocos avances que ha tenido el gobierno en la materia.
De hecho, tras el documento elaborado por la ONU, en el Ejecutivo han intentado acelerar algunas iniciativas relacionadas con la materia, entre ellas, el proyecto de tipificación de la tortura, mientras que respecto de las conclusiones del informe, la Cancillería creó un equipo de trabajo interministerial para elaborar las respuestas oficiales a la ONU.
Desde el gobierno explicaron, además, que es el Ministerio de Justicia el encargado de realizar la elaboración del anteproyecto que permitirá crear este mecanismo.
Una de las opciones que se barajan es entregar estas facultades de prevención y fiscalización al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, aclararon que hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva.
Fuente: SERPAJ CHILE
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